El PRI del Estado de México deberá pagar una sanción por omitir el registro de tres comprobantes fiscales en el Sistema Integral de Fiscalización. La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad el acuerdo del INE que ordenó cobrar el castigo mediante descuentos a los recursos que recibe mensualmente el partido.
La resolución, aprobada el 13 de noviembre, mantiene una sanción equivalente al 150% del importe de los gastos no reportados. Para cubrirla se aplicará una reducción del 25% de sus ministraciones mensuales, hasta completar el monto establecido.
El asunto surgió de un procedimiento oficioso de fiscalización, una investigación iniciada por la autoridad electoral sobre operaciones del partido. En ese expediente, el Consejo General del INE examinó comprobantes fiscales y su registro en la contabilidad del comité directivo estatal.
Durante la revisión, excluyó un comprobante correspondiente a vales de gasolina, al verificar que la operación ya estaba registrada. Sin embargo, encontró que otros tres comprobantes no habían sido reportados en el sistema y mantuvo la sanción por esas omisiones.
El Sistema Integral de Fiscalización es la plataforma en la que los partidos deben registrar sus ingresos y gastos, acompañados de los documentos que respaldan cada operación. Esa información permite a la autoridad revisar el origen, destino y aplicación de los recursos. Contar con una factura forma parte de la comprobación; registrar la operación permite incorporarla a la rendición de cuentas.
Inconforme con el castigo, el PRI presentó el recurso ST-RAP-23/2026. Su argumento fue que la sanción resultaba excesiva porque superaba el importe de los gastos omitidos.
La Sala concluyó que el INE sí había considerado la gravedad de la falta, el monto involucrado y la capacidad económica del partido al determinar la sanción. Además, señaló que el PRI no combatió eficazmente las razones utilizadas por la autoridad electoral para fijar ese importe.
Con esta resolución, la Sala mantuvo tanto la sanción económica como el mecanismo de cobro mediante descuentos mensuales al partido.
El proyecto del magistrado Omar Hernández Esquivel recibió también los votos de las magistradas Marcela Elena Fernández Domínguez y Nereida Berenice Ávalos Vázquez.
En la exposición pública del expediente no se precisaron el valor en pesos de los tres comprobantes, sus conceptos ni el importe total de la sanción.
El contexto sobre el registro y la comprobación de operaciones corresponde a la descripción oficial del SIF.
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