Las consejeras del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) defendieron la actuación del organismo frente a los cuestionamientos sobre sus contrataciones y sostuvieron que la controversia no debe comprometer la organización de las elecciones de 2027.
Durante la sesión del Consejo General del 13 de noviembre, sus intervenciones durante los asuntos generales giraron en torno a la transparencia, los mecanismos de fiscalización, la responsabilidad de quienes integran la institución y la necesidad de mantener en marcha el calendario electoral con puntualidad y transparencia.
Aunque no todas abordaron directamente las dudas sobre las adquisiciones, coincidieron en defender la capacidad institucional del IEEM y en señalar que las posibles irregularidades deben ser revisadas por las autoridades competentes.
Sus posicionamientos, sin embargo, dejaron pendiente una pregunta: qué cambios concretos se impulsarán para que la ciudadanía pueda comprobar que los recursos públicos se ejercen correctamente.
Consejeras defienden transparencia y apertura a auditorías
La Presidenta del IEEM reiteró que el instituto está dispuesto a entregar la información que le soliciten las autoridades fiscalizadoras. Informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) requirió documentación al IEEM y que esta fue entregada la semana anterior, por lo que el organismo está a la espera de los resultados de la revisión.
También recordó que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México ha realizado cinco auditorías al instituto desde 2014, tres de ellas durante su gestión, iniciada en 2023, correspondientes a los ejercicios de 2023, 2024 y 2025.
La presidenta defendió además la colegialidad del Consejo General y aseguró que las decisiones se toman mediante el diálogo entre sus integrantes, además, añadió que existe una comisión de vigilancia en la que participan consejerías y partidos políticos, como parte de los mecanismos internos de seguimiento.
Por su parte, la consejera Karina Vaquera expresó su disposición a que la ciudadanía conozca y observe el trabajo del instituto, señaló que el resultado de la revisión de la ASF corresponde determinarlo a esa autoridad, mientras que su responsabilidad como consejera es cumplir las funciones que establece el Código Electoral.
“Siempre será la total y absoluta apertura y los mecanismos para que la ciudadanía pueda observar paso a paso lo que se hace en este instituto”, sostuvo Vaquera durante su intervención.
No todas las compras pasan por licitación
Uno de los posicionamientos más extensos fue el de la consejera Paula Melgarejo, quien por su parte, que explicó el marco legal de las adquisiciones, ya que agumentó que la licitación pública es la regla general, pero no el único procedimiento permitido por la legislación, pues existen modalidades como la invitación restringida y la adjudicación directa, sujetas a montos y condiciones específicas.
Para 2026, detalló los límites aprobados por el comité de adquisiciones: compra directa hasta por 58 mil pesos; adjudicación directa de 58 mil a 580 mil pesos; invitación restringida de 580 mil un centavo a un millón 740 mil pesos, y licitación pública a partir de un millón 740 mil un centavo.
Como ejemplos de adquisiciones con condiciones particulares mencionó la tinta indeleble, cuya patente pertenece al Instituto Politécnico Nacional, y la búsqueda de inmuebles para instalar las juntas electorales.
La consejera sostuvo que estas modalidades están previstas en la Constitución y en las leyes de contratación del Estado de México. También explicó que cada procedimiento debe cumplir requisitos específicos y que corresponde a las instancias fiscalizadoras revisar que se haya elegido y aplicado correctamente.
La explicación buscó responder a los cuestionamientos sobre las contrataciones, aunque la existencia de modalidades legales no resuelve por sí sola las dudas sobre los precios pagados, la competencia entre proveedores o la conveniencia del gasto.
Advierten riesgo para el proceso electoral
La consejera July Armenta llamó a distinguir entre los señalamientos que enfrenta la institución y el trabajo que realizan diariamente sus áreas, además, consideró que un organismo no puede ser evaluado únicamente por las actuaciones de una persona y defendió la experiencia del personal que participa en la preparación electoral.
Advirtió que uno de los mayores riesgos sería permitir que la controversia actual se extienda a las actividades del proceso electoral.
“El riesgo más alto que podemos tener enfrente es de pronto querer permear lo que hoy pasa hacia otras actividades del proceso electoral”, expresó.
Por ello, pidió mantener la calma, el profesionalismo y la planeación de las tareas pendientes. Otras consejerías insistieron en que la confianza institucional requiere transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad, también recordaron que las personas servidoras públicas tienen la obligación de denunciar cuando detecten posibles actos de corrupción.
El reto de recuperar la confianza
Las intervenciones dejaron una postura común: el IEEM mantendrá sus actividades y atenderá los requerimientos de las autoridades fiscalizadoras. La presidencia aseguró que el instituto trabaja en las convocatorias y preparativos para que la ciudadanía cuente con los materiales necesarios para votar el próximo 6 de junio de 2027.
Sin embargo, las garantías expuestas durante la sesión se concentraron principalmente en la apertura a las auditorías, la existencia de controles institucionales y la continuidad del trabajo electoral.
No se anunciaron medidas específicas con plazos para modificar los mecanismos de contratación ni compromisos individuales de las consejeras para revisar decisiones administrativas anteriores.
Así, mientras el IEEM espera los resultados de la ASF y defiende la legalidad de sus procedimientos, el desafío para sus consejerías será demostrar con información verificable que la transparencia no se limita a entregar documentos, sino que permite conocer cómo se decidió gastar el dinero público y quién debe responder si se identifican irregularidades.
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