El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) recibió un oficio en el que se solicita información sobre las contrataciones realizadas con nueve empresas durante distintos procesos electorales. De estas compañías, cinco han prestado servicios al organismo, informó la consejera electoral Karina Vaquera Montoya, quien pidió mantener abiertos los mecanismos de transparencia y permitir la revisión externa de las adquisiciones.
La consejera explicó que la solicitud de información ya llegó al instituto y consideró necesario que se revisen los procedimientos mediante los cuales se han contratado bienes y servicios, así como las condiciones en las que se asignaron los recursos públicos.
“Los institutos electorales tenemos total apertura a cualquier tipo de auditoría de todo el tiempo de su creación. Estamos obligados a hacer una rendición de cuentas, a explicar cómo y en qué gastó ese dinero”, expresó.
Vaquera Montoya advirtió que la publicación de una licitación no garantiza por sí misma que una contratación esté libre de irregularidades, pues los posibles actos de corrupción también pueden involucrar relaciones personales, intereses particulares y acuerdos entre proveedores y funcionarios que no necesariamente quedan registrados en los documentos de un procedimiento.
Como antecedente, señaló que durante los 20 años de operación del IEEM, solamente 10 por ciento de las contrataciones se han realizado mediante licitación pública nacional, mientras que el 90 por ciento restante correspondió a adjudicaciones directas o adjudicaciones directas por comité, por lo que propusó incorporar personal observador en los futuros procedimientos de adquisición y contratación relacionados con los procesos electorales, a fin de fortalecer la vigilancia y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Contrataciones del INE
Los señalamientos sobre las contrataciones del IEEM ocurren en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en adquisiciones del Instituto Nacional Electoral (INE), durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del organismo en medio de cuestionamientos por posibles conflictos de interés y relaciones con proveedores.
El caso incluye investigaciones sobre una presunta red de empresas que habría simulado competencia para obtener contratos de material electoral. De acuerdo con información presentada por el Órgano Interno de Control del INE ante la Cámara de Diputados, cinco compañías vinculadas entre sí habrían concentrado contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos en 27 organismos electorales locales.
El órgano de control también informó sobre 18 expedientes de investigación relacionados con contrataciones durante la administración de Taddei: 13 permanecían en etapa de investigación y cinco habían derivado en procedimientos de responsabilidades administrativas contra servidores públicos.
Además, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer indagatorias sobre proveedores señalados por presuntas operaciones con empresas factureras y simulación de competencia.
Funcionamiento de licitaciones y adjudicaciones en el Estado de México
Durante su explicación, la consejera detalló que el artículo 134 de la Constitución establece la licitación pública como regla general para la contratación de bienes y servicios por parte de las instituciones públicas; sin embargo, también contempla otros procedimientos cuando una licitación no resulta idónea para garantizar las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás criterios establecidos en la ley.
En el Estado de México, los procedimientos se encuentran regulados por la Ley de Contratación Pública estatal y sus disposiciones reglamentarias. Los montos máximos y mínimos se establecen con base en el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso local.
Para 2026, el Comité de Adquisiciones del IEEM estableció los siguientes límites:
- Compra directa: hasta 58 mil pesos.
- Adjudicación directa: de 58 mil a 580 mil pesos.
- Invitación restringida: de 580 mil un centavo a un millón 740 mil pesos.
- Licitación pública nacional: a partir de un millón 740 mil un centavo.
Vaquera Montoya aclaró que la adjudicación directa y la invitación restringida son mecanismos legales que pueden utilizarse bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, la adjudicación directa puede proceder cuando existen derechos exclusivos o patentes sobre un producto, como ocurre con la tinta indeleble utilizada en las elecciones, cuya patente pertenece al Instituto Politécnico Nacional.
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