Laboratorios sin equipo suficiente, sanitarios sin agua, denuncias de acoso sexual, profesores despedidos, estudiantes amenazados y autoridades cuestionadas. Las inconformidades aparecen en escuelas de distintas regiones del Estado de México, desde planteles de educación media superior técnica hasta universidades públicas. No todas están en paro ni todas enfrentan conflictos de la misma gravedad, pero sus comunidades han llevado a las protestas problemas que consideran desatendidos.
Un recuento de AD Noticias sobre movilizaciones y denuncias documentadas durante 2026 identifica conflictos en Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Texcoco, Cuautitlán, Huixquilucan y Lerma. Involucran a tecnológicos de estudios superiores, universidades tecnológicas, facultades de la UNAM, la UAM, Chapingo y planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).
No se trata de un movimiento estudiantil organizado en todo el estado, sino de inconformidades que coinciden en instituciones con administraciones, presupuestos y modelos educativos diferentes. Las protestas tienen causas particulares, pero sus demandas permiten identificar problemas recurrentes en las condiciones de enseñanza, la seguridad y la relación entre autoridades y estudiantes.
Chimalhuacán, el conflicto más reciente
El lunes 9 de noviembre, estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESChi) iniciaron una protesta que continuó al día siguiente y provocó la suspensión de actividades académicas.
Los alumnos denunciaron falta de materiales y herramientas para realizar prácticas de laboratorio, deterioro de las instalaciones, deficiencias en los sanitarios e inseguridad. También hicieron públicos señalamientos de presunto acoso sexual por parte de profesores y exigieron garantías contra represalias.
La inconformidad comenzó entre estudiantes de mecatrónica y se extendió a otras carreras. Una reunión con directivos no consiguió resolver las diferencias, pues los manifestantes consideraron insuficiente la propuesta de atender sus demandas mediante reuniones posteriores.
El caso reúne dos de los reclamos que aparecen en otras instituciones: la falta de condiciones materiales para estudiar y las dificultades para conseguir que las autoridades atiendan las denuncias de la comunidad escolar.
Tecnológicos: seguridad, cuotas y equipamiento
Las protestas no comenzaron en Chimalhuacán.
En septiembre, estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco suspendieron actividades después de un asalto en el que, según los reportes de la movilización, más de 15 alumnos resultaron agredidos. Exigieron vigilancia, iluminación, cámaras de seguridad y protección en los accesos. El paro concluyó el 30 de septiembre, pero quedó pendiente verificar el cumplimiento de los compromisos de seguridad.
Ese mismo mes, alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec bloquearon Avenida Central para protestar por incrementos de cuotas, despidos de profesores y presuntas irregularidades administrativas.
En Chalco, los estudiantes reclamaron condiciones para llegar y salir de la escuela sin exponerse a la delincuencia; en Ecatepec, cuestionaron decisiones económicas y administrativas que afectaban su formación.
Las inconformidades muestran que el funcionamiento de una institución tecnológica depende tanto de sus instalaciones y equipamiento como de las condiciones de seguridad y las decisiones de quienes la administran.
Nezahualcóyotl: 22 demandas y un acuerdo por cumplir
La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl enfrentó durante octubre un conflicto estudiantil que derivó en la suspensión de actividades.
Los alumnos presentaron un pliego de 22 demandas relacionadas con infraestructura, mantenimiento, conectividad, becas, seguridad, transparencia y prevención del acoso.
La Rectoría propuso atender las inconformidades en distintas etapas, algunas con plazos de hasta 90 días hábiles. El paro terminó el 22 de octubre y las actividades estaban previstas para reanudarse el día 26.
La conclusión de la protesta no significa que todas sus causas hayan quedado resueltas. El cumplimiento de los acuerdos, la disponibilidad de recursos y la participación de los estudiantes en su seguimiento siguen siendo asuntos que deben verificarse.
Huixquilucan: una protesta del CONALEP terminó con detenidos
En la educación media superior también se registraron conflictos.
El 3 de junio, una movilización de estudiantes y familiares del CONALEP 198 de Huixquilucan, que exigían la destitución de la directora, terminó en un enfrentamiento con policías municipales.
Los reportes dieron cuenta de tres estudiantes detenidos y tres policías lesionados. Entre las inconformidades figuraban presuntos despidos injustificados de profesores, amenazas, restricciones escolares e irregularidades atribuidas a la administración del plantel.
El episodio dejó otra preocupación: la manera en que las autoridades escolares y municipales responden a las protestas de comunidades educativas integradas, en buena medida, por menores de edad.
Los bachilleratos técnicos también enfrentan problemas de gestión, condiciones de enseñanza y relaciones entre directivos, profesores, estudiantes y familias. El malestar no comienza cuando los jóvenes llegan a la universidad.
Cuautitlán: denuncian represalias por protestar
En la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, cinco estudiantes denunciaron en noviembre presunto hostigamiento institucional y procedimientos disciplinarios relacionados con su participación en movilizaciones.
Las inconformidades anteriores habían incluido demandas de transporte, pavimentación, mejores instalaciones y condiciones de seguridad.
Los estudiantes señalaron que fueron citados ante el Tribunal Universitario y manifestaron preocupación por posibles sanciones. También denunciaron restricciones para realizar actividades de vinculación social.
Corresponde a las autoridades universitarias esclarecer los procedimientos y las acusaciones. Para los estudiantes, la preocupación ya no se limita a las condiciones del plantel, sino también a las consecuencias que podría tener su participación en las protestas.
Chapingo y UAM: las decisiones de las autoridades bajo examen
En la Universidad Autónoma Chapingo, estudiantes de la Preparatoria Agrícola realizaron una movilización el 6 de noviembre para denunciar presuntas amenazas de directivos y deficiencias en dormitorios, comedor y servicios médicos.
Las inconformidades ocurren en un contexto de disputas institucionales y del proceso para elegir Rectoría, previsto para el 23 de noviembre.
En la Universidad Autónoma Metropolitana, las protestas iniciadas el 20 de octubre se extendieron a sus cinco unidades, incluida Lerma, en territorio mexiquense.
Las demandas comprenden mantenimiento, laboratorios, servicios de alimentación, atención a la violencia de género y participación estudiantil.
También surgieron cuestionamientos por la adquisición institucional de seis vehículos eléctricos, con un costo de 4 millones 922 mil 390 pesos, mientras estudiantes denunciaban carencias en instalaciones y servicios.
La Rectoría General reconoció que la compra no fue oportuna y anunció la desincorporación de los vehículos. También abrió espacios de diálogo y estableció compromisos de no represalias.
Aunque Chapingo y la UAM tienen características institucionales diferentes, en ambos casos las inconformidades alcanzan las decisiones de sus autoridades y los mecanismos de rendición de cuentas.
La UAEMéx y el problema de la representación
La Universidad Autónoma del Estado de México también ha enfrentado movilizaciones y cuestionamientos sobre sus mecanismos de representación, la participación de los estudiantes y la transparencia institucional.
Su experiencia reciente forma parte del contexto de conflictividad educativa, aunque no debe confundirse con las suspensiones de actividades registradas en otros planteles.
El caso resulta relevante por la dimensión de la institución, su presencia regional y la discusión sobre las relaciones entre los órganos de gobierno y las comunidades universitarias.
La UAEMéx tiene presencia en numerosos municipios, por lo que las condiciones de sus espacios académicos y la atención a las inconformidades adquieren una dimensión territorial que va más allá de Toluca.
Más estudiantes, recursos limitados
Las inconformidades ocurren en un sistema educativo que también enfrenta restricciones materiales.
En enero de 2026, el subsecretario de Educación Superior y Normal del Estado de México, Víctor Sánchez González, reconoció que las universidades estatales habían incrementado su matrícula 6% durante 2025 prácticamente sin inversión adicional.
El funcionario explicó que la falta de instalaciones limitaría el crecimiento previsto para 2026 a aproximadamente 2.5%. El sistema estatal atendía entonces a unos 130 mil estudiantes.
El dato no explica por sí solo las protestas ni puede trasladarse automáticamente a instituciones federales autónomas, como la UNAM, la UAM o Chapingo, que cuentan con regímenes de financiamiento distintos.
Sin embargo, muestra una presión concreta en el subsistema estatal: recibir a más estudiantes sin aumentar proporcionalmente las instalaciones y los recursos puede afectar las condiciones de enseñanza.
La suficiencia del presupuesto, su distribución y las prioridades del gasto son asuntos que deben examinarse por institución. No todas las carencias tienen necesariamente el mismo origen ni todas pueden resolverse con las mismas medidas.
Lo que tienen en común las inconformidades
El recuento permite identificar cuatro reclamos que aparecen de manera recurrente.
El primero corresponde a las condiciones materiales de estudio: instalaciones deterioradas, laboratorios insuficientemente equipados y deficiencias en servicios básicos.
El segundo es la seguridad. Los estudiantes reclaman protección dentro de los planteles y en sus alrededores, así como mecanismos eficaces para atender denuncias de acoso y violencia.
El tercero se relaciona con las decisiones administrativas: cuotas, contratación o despido de profesores, distribución de recursos y transparencia en el gasto.
El cuarto es la relación entre las autoridades y sus comunidades. Las denuncias de amenazas, represalias y falta de atención a los pliegos petitorios ponen en discusión los mecanismos disponibles para resolver inconformidades sin llegar a la suspensión de actividades.
No todos estos problemas están presentes en todas las escuelas ni tienen la misma gravedad. Tampoco hay elementos suficientes para afirmar que las protestas hayan aumentado respecto de años anteriores.
Lo que sí muestran los casos documentados es que estudiantes de distintos niveles educativos han recurrido a movilizaciones para reclamar mejores condiciones y respuestas de sus autoridades.
Los paros terminan, las demandas permanecen
Las protestas tienen expresiones visibles: bloqueos, asambleas, suspensión de clases o manifestaciones frente a las oficinas de los directivos. La atención de sus causas suele requerir más tiempo.
Una escuela puede recuperar la normalidad académica mientras continúa pendiente la reparación de instalaciones, la adquisición de equipo, la investigación de una denuncia o el cumplimiento de un acuerdo.
En Nezahualcóyotl y Chalco, por ejemplo, los paros concluyeron, pero corresponde verificar qué compromisos se cumplieron. En Chimalhuacán, los estudiantes reclaman soluciones a problemas materiales y denuncias que requieren procedimientos diferentes.
El estado de la educación pública no puede evaluarse únicamente por el número de planteles abiertos o cerrados. También importan las condiciones en que se imparten las clases, la seguridad de las comunidades y la capacidad institucional para atender sus demandas.
Los ocho municipios examinados no representan necesariamente la totalidad de las inconformidades existentes en el Estado de México. Son los casos documentados en este recuento y permiten identificar problemas que merecen una revisión más amplia.
La pregunta pendiente es cuánto de lo que reclaman los estudiantes corresponde a insuficiencias presupuestales, cuánto a decisiones administrativas y cuánto a mecanismos de atención que no han conseguido resolver las diferencias dentro de las propias instituciones.
Porque volver a clases puede resolver la interrupción del calendario escolar, pero no necesariamente aquello que llevó a los estudiantes a protestar.
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