En Metepec realizarán reformas al Bando Municipal de Gobierno para prohibir cualquier tipo de evento, manifestación o reunión en plazas y espacios públicos en el municipio que no cuenten con el permiso previo de la secretaría del ayuntamiento; y en caso de desacato esto pudiera castigarse hasta con 36 horas de arresto en la comandancia municipal o una multa económica.
Reunidos regidores de Acción Nacional y del partido del Trabajo expusieron la reforma al artículo 71 del Bando Municipal, propuesta hecha por el síndico priísta, Jorge Neyra Sosa, y avalada en comisiones en días pasados.
“Artículo 71.- Queda prohibido utilizar las plazas públicas, áreas comunes, calles, para eventos políticos o sociales, sin el permiso de la autoridad Municipal correspondiente. Esto a propuesta de la Secretaria del Ayuntamiento, con fundamento en el artículo 244 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de que el nuevo compendio municipal contiene que se tiene que solicitar permiso al Municipio para hacer uso de los lugares públicos”.
Everardo Padilla Camacho del PT, José Lenin Díaz Azora, Juan José Hernández Vences del PAN, expresaron que están convencidos de que esta propuesta de reforma al Bando es represora y pretende darle a la administración el control de todas las actividades que se desarrollen en el municipio durante la época electoral que se avecina en los próximos meses.
“Prohibir expresamente cualquier tipo de manifestación o evento, es atentar contra los derechos de los ciudadanos, más allá sabemos que hay un mensaje político pues no es la primera vez que al PRI le resultan incómodas estas cosas, en una ocasión el propio síndico salió a correr de la plaza Juárez al diputado Alfonso Bravo quien improvisó una reunión en el lugar para dar detalles de sus acciones legislativas, y si en ese momento no estaba esta nueva disposición, aprobándola es un obvio que no se permitirá hacer nada que no sea del PRI”.
Adelantaron que en estos días se aprobará la medida por mayoría, sin embargo ya analizan interponer una controversia constitucional por el asunto, y llegar hasta las últimas consecuencias legales.