La disputa por alrededor de 700 hectáreas entre los municipios de Jilotzingo y Atizapán de Zaragoza continúa sin resolverse y podría definirse entre agosto y septiembre, así lo dio a conocer el presidente municipal de Jilotzingo, Raziel Chavarría, quien aseguró durante Conversatorio AD, que el expediente ya es analizado por la Legislatura del Estado de México.
El alcalde explicó que el área en conflicto corresponde a una parte del ejido Espíritu Santo, en la zona de Rancho Blanco, donde ambos municipios sostienen posturas distintas sobre la propiedad y la jurisdicción del territorio. Esta situación, dijo, ha impedido que exista una planeación urbana clara y ha favorecido un crecimiento desordenado en una de las regiones con mayor presión inmobiliaria del municipio.
Un territorio estratégico para el desarrollo
Chavarría señaló que el litigio no solo define los límites entre ambos municipios, sino que también involucra una de las áreas con mayor potencial económico de Jilotzingo. Explicó que Rancho Blanco se ubica junto a Zona Esmeralda, uno de los corredores residenciales con mayor crecimiento en el poniente del Valle de México, lo que ha incrementado el interés por desarrollar vivienda y otros proyectos inmobiliarios.
El presidente municipal indicó que, en esa zona, el valor del suelo alcanza entre 4 mil y 5 mil pesos por metro cuadrado, mientras que en otras comunidades del municipio los precios son considerablemente menores. Esa diferencia, afirmó, ha convertido al territorio en un punto estratégico para desarrolladores y propietarios de grandes extensiones de tierra.
Añadió que parte del crecimiento registrado en Rancho Blanco se ha dado precisamente porque el conflicto territorial ha dificultado el ordenamiento urbano. Explicó que, al no existir una definición sobre la jurisdicción de esas hectáreas, se han establecido desarrollos habitacionales, bodegas y otros proyectos sin una planeación integral.
El agua y la reserva ecológica, en el centro del conflicto
El alcalde sostuvo que la disputa también tiene un componente ambiental, ya que dentro del área en litigio se localizan importantes manantiales que abastecen a comunidades de Jilotzingo y una parte de la reserva ecológica estatal Espíritu Santo. Según explicó, los ejidatarios consideran que el interés sobre el territorio no solo responde al crecimiento urbano, sino también al acceso y control de estos recursos naturales.
Chavarría destacó que Jilotzingo aporta una parte importante del agua que llega a la presa Madín y al lago de Guadalupe, por lo que insistió en que el municipio busca combinar el crecimiento urbano con la conservación ambiental mediante un nuevo Programa de Ordenamiento Ecológico Local y un Plan de Desarrollo Urbano que pretende mantener al menos 65 % del territorio como área natural protegida.
Asimismo, mencionó que dentro del polígono en disputa existen zonas destinadas a proyectos ecoturísticos y de conservación administrados por los propios ejidatarios, lo que, dijo, demuestra que no toda la superficie está destinada al desarrollo inmobiliario.
Jilotzingo presentó casi 700 pruebas
Respecto al proceso legal, el presidente municipal informó que Jilotzingo entregó cerca de 700 pruebas para respaldar su postura territorial, mientras que Atizapán presentó 12 dentro del procedimiento que actualmente revisa la Legislatura mexiquense. Confió en que la resolución se emita entre agosto y septiembre, con lo que se daría certeza jurídica a una de las zonas más disputadas del municipio.
El alcalde también señaló que, dentro del área en controversia, desarrollos como Los Reales y Fincas de Sayavedra incorporaron en años anteriores superficies que, afirmó, pertenecían al ejido Espíritu Santo, situación que refleja el valor económico del territorio y el interés que existe por esta franja limítrofe.
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