La unanimidad alcanzó para los acuerdos electorales, pero no para el informe de Delfina Gómez. Cuando el PRI cuestionó ante el Instituto Electoral del Estado de México la suspensión de clases y su presunta relación con la asistencia al acto de la gobernadora en el Teatro Morelos, la sesión cambió de tono. Morena rechazó los señalamientos, el PAN amplió las acusaciones y el PRD pidió llevar las presuntas irregularidades a una denuncia formal.
Hasta entonces, la décima sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el martes 13 de octubre, había transcurrido entre asuntos de planeación y organización de las elecciones de 2027. El tercer informe abrió una discusión que terminó abarcando movilización de docentes, protestas del sector salud, seguridad y educación.
Del presupuesto al informe
La sesión comenzó con el pase de lista, la verificación del quórum y la presentación del orden del día. Entre los asuntos figuraban las actas de sesiones anteriores, el Programa Anual de Actividades para 2027 y el proyecto de presupuesto del instituto para ese año.
También se abordaron el convenio general de coordinación y colaboración con el Instituto Nacional Electoral para el proceso concurrente 2026-2027; el sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles, y el programa para promover la participación de mexiquenses residentes en el extranjero en la elección de diputaciones locales de representación proporcional.
El representante del PRI, Víctor Capilla Mora, solicitó incorporar un punto sobre las presuntas irregularidades relacionadas con el informe de la gobernadora. El asunto quedó incluido para su discusión.
En el tramo dedicado a la planeación institucional, la consejera presidenta, Amalia Pulido Gómez, explicó la relación entre el programa anual y el presupuesto: uno establece las actividades del instituto y el otro permite conocer los recursos necesarios para realizarlas.
“El presupuesto es mucho más que una suma de partidas”, expresó. Su explicación vinculó el gasto con lo que el organismo hará, cuándo lo hará y cuánto costará.
Los acuerdos avanzaron por unanimidad. La confrontación llegó al discutir el punto propuesto por el PRI.
El señalamiento y las respuestas
Capilla Mora cuestionó el carácter político del acto del tercer informe. Señaló la suspensión de clases y la asistencia de personas al Teatro Morelos como elementos que, a su juicio, podían representar una ventaja política para el gobierno.
Israel Flores Hernández, representante de Morena, rechazó los señalamientos y reprochó a la oposición desconocer el concepto de transparencia. Más adelante preguntó qué acciones concretas interferían con la organización electoral.
La intervención de Araceli Casasola Salazar, del PRD, introdujo otra exigencia: si el PRI consideraba que había irregularidades, debía presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes. El planteamiento trasladaba la discusión hacia la necesidad de formalizar los señalamientos para que fueran examinados por la vía institucional.
El representante del PAN, Alfonso Guillermo Bravo Álvarez, acusó a Morena de utilizar recursos públicos para movilizar personas y cuestionó su relación con el sindicato magisterial. Aludió a traslados de docentes, protestas de trabajadores de la salud y bloqueos en Toluca y la Ciudad de México.
“No vengo a decir del pasado, esto es el presente”, expresó.
La discusión ya había rebasado el acto del informe. Bravo incorporó conflictos sociales recientes a su crítica contra el partido gobernante; Morena, por su parte, le reprochó sus expresiones sobre maestros y jóvenes.
El PRI anuncia quejas
En una segunda ronda, el PRI sostuvo que las actuaciones con impacto electoral podían afectar las condiciones de la competencia y anunció que presentaría las quejas correspondientes.
Morena insistió en preguntar cuáles eran las conductas que interferían con la organización de las elecciones y defendió que la discusión política atendiera las preocupaciones de la población.
La réplica del PAN se extendió a los resultados en seguridad y educación. Bravo hizo referencia a las pruebas PISA y formuló acusaciones sobre presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado. También sostuvo que el partido buscaría destinar recursos a actores políticos para modificar las condiciones de la competencia.
Esos señalamientos formaron parte del intercambio entre representaciones partidistas. El debate, por sí mismo, no acredita las conductas denunciadas, y el anuncio de presentar quejas no equivale a una resolución de la autoridad electoral.
Después de la intervención panista no hubo nuevas solicitudes de palabra y la sesión llegó a su cierre.
El Consejo había avanzado en los preparativos de 2027, pero el informe de Delfina concentró el choque político. El siguiente paso anunciado por el PRI fue llevar sus acusaciones a la vía formal: allí tendrían que precisarse los hechos, aportarse los elementos y determinarse si existió alguna infracción.
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