¿Transporte público o extorsión legalizada?
En el Estado de México, el transporte de pasajeros sigue siendo una ruina estructural disfrazada de sistema. Un modelo privatizado, atomizado y violentado por décadas, controlado por concesionarios que ejercen presión política, no servicio público. Suben las tarifas, pero no mejora nada: ni las rutas, ni las unidades, ni la seguridad, ni la dignidad del trato. Todo lo contrario: se rentabiliza la chatarrización, se lucra con la precarización de los choferes, se normaliza el caos como si fuera cultura urbana. ¿A quién sirve este modelo? A quienes lo diseñaron como negocio y no como derecho. Urge un cambio de paradigma: el transporte debe ser concebido y gestionado como un derecho humano a la movilidad, no como un botín que enriquece a unos cuantos.
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¿De qué demonios estamos hablando?
El espectáculo no descansa: una bofetada entre parientes de diputados, una campaña victimista de algún alcalde herido por la crítica, un escándalo armado desde la banalidad… y todos opinando. Mientras tanto, los problemas estructurales —la pobreza, la desigualdad, la violencia sistemática, la crisis hídrica, el colapso del transporte, la precariedad laboral— siguen allí, intocados, como fondo gris del teatro. Algo está podrido cuando la conversación pública se ocupa de lo irrelevante y guarda silencio ante lo esencial. Si de verdad queremos una democracia que funcione, hay que exigir menos faramalla y más sustancia. Es tiempo de elevar el nivel del debate social, político y mediático. No todo merece convertirse en “tema del día”.
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¿Y si el ranking también es una simulación?
Cada cierto tiempo aparecen rankings que pretenden medir el desempeño de alcaldes y gobernantes como si se tratara de una competencia deportiva. Pero pocas cosas son más opacas y manipulables que esas “evaluaciones” disfrazadas de técnica. Algunas se pagan desde las propias administraciones, otras dependen de la voluntad de los medios para replicarlas sin cuestionamiento. ¿Qué se mide realmente? ¿La eficacia pública o la capacidad de propaganda? ¿El bienestar colectivo o el control narrativo? Que no se nos olvide: en política, lo que se mide sin rigor sirve para simular, no para evaluar. Y la simulación, en tierra de carencias, es otra forma de injusticia.
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¿Gobierno de coalición o gabinete Montessori?
La administración pública estatal parece atrapada en un tribalismo disfuncional. Cada grupo de Morena se comporta como si gobernara por separado, obedeciendo a su propia lógica, sus intereses y sus lealtades. El gabinete se asemeja más a un experimento Montessori —cada quien en su rincón, jugando a su manera— que a un gobierno con proyecto común. ¿Dónde está la dirección política, la unidad de propósito, la urgencia por transformar? Así no se avanza: se sobrevive. El llamado “cambio” camina a paso muerto no por falta de ideas, sino por exceso de feudos. MORENA no es uno: son muchos morenas, y esa fragmentación se está volviendo parálisis.
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¿Cuánto cuesta una conciencia blindada?
La corrupción tiene un principio infalible: la mano que roba puede esconderse, pero la que gasta se delata sola. Hay funcionarios que podrían pasar desapercibidos… si no vivieran como jeques. Casas, ranchos, camionetas, viajes, relojes: basta con mirar dónde y cómo viven para saber que el sueldo no da. Ni en diez vidas. En el Estado de México sobran esos casos, y lo más escandaloso es que ya no se limitan a alcaldes o directores: hay hasta policías municipales con vida de magnate. ¿Cinismo o estupidez? Quizá ambas. Pero también impunidad. Porque mientras nadie investigue el abismo entre el ingreso legal y el estilo de vida, el mensaje es claro: robar no solo es posible, es rentable.
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