Se llama Índice de Competitividad Estatal, pero bien podría llamarse termómetro del apetito empresarial. El IMCO —ese think tank que presume neutralidad mientras cobra consultorías— acaba de dictaminar que el Estado de México es poco competitivo. ¿Y qué mide? Talento e inversión, dice. Pero lo que en realidad califica es la facilidad para que el capital privado entre, extraiga, facture y salga sin estorbo del Estado.
La neutralidad del IMCO es como la del árbitro comprado que usa saco inglés: elegante pero vendido. ¿Quién lo financia? Nada menos que USAID, brazo financiero del Departamento de Estado gringo, y un séquito de empresas con apellidos de directorio bursátil. ¿Y quién lo fundó? Valentín Díez Morodo, presidente del Club Toluca y uno de los grandes promotores del modelo de país maquilador, sin sindicatos ni impuestos que estorben. Todo cierra.
Que el IMCO te diga que “no eres competitivo” es como si el FMI te dijera que gastas de más en salud. Lo que quieren decir es que no eres lo suficientemente dócil, ni barato, ni privatizado para atraer a los suyos. Lo grave no es que midan. Lo grave es que gobiernos enteros se reconfiguren para complacer esos indicadores. Y en el Estado de México ya hay quienes sueñan con ajustar la Constitución… para mejorar en el ranking.
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El cambio prometido que nunca llegó a Valle
Cuando Michelle Núñez Ponce llegó al poder en Valle de Bravo, muchos pensaron que algo realmente distinto se avecinaba. Médica, joven, formada en universidades públicas, con discurso feminista, cercana al obradorismo social. Lo tenía todo para marcar una diferencia. Pero la transformación se quedó en el slogan. Y en las fotos.
En los hechos, su gestión se ha parecido más al viejo régimen que decía venir a enterrar. Autoritaria, arbitraria, opaca. Lo mismo suspende ilegalmente a regidores por no alinearse —como acaba de sentenciar un juez federal— que nombra a su esposo como secretario del Ayuntamiento y lo despide entre rumores y silencios. Del cambio profundo al poder familiar, en tiempo récord.
Lo más decepcionante no es el abuso, sino su banalidad. Tenía el capital político, social y simbólico para construir una nueva ética de gobierno local. Pero eligió la ruta de siempre: la del mando sin diálogo, la lealtad por encima de la ley y la imagen como sustituto de resultados. Porque en Valle de Bravo, como en tantos otros municipios, la promesa de transformación se quedó en la estética del poder, no en su esencia.
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Seguridad presupuestada, pero no garantizada
Cada año, los municipios del Estado de México reportan incrementos millonarios en gasto para seguridad pública. Se compran patrullas que posan en redes sociales, se instalan cámaras que no graban nada y se contratan consultores que “diseñan estrategias”. Pero cuando el ciudadano levanta la vista tras un asalto, el policía no llega. O llega sin gasolina. O llega, pero llega tarde… si es que no llega por encargo.
La paradoja es escandalosa: más presupuesto, menos seguridad. El dinero fluye, pero el miedo no cesa. Y lo peor: nadie fiscaliza a fondo. Los cabildos votan a ciegas, los órganos de control fingen supervisión, y los alcaldes posan con chaleco antibalas en operativos mediáticos. ¿Quién audita cuántos policías tienen licencia vencida? ¿Cuántos no pasaron el control de confianza? ¿Quién revisa si el C2 realmente opera o solo es un cuarto con pantallas apagadas?
La seguridad en muchos municipios mexiquenses se ha convertido en un negocio de simulación, donde lo único blindado son los contratos y los silencios administrativos. Y mientras tanto, la gente se blinda como puede: con rejas, con miedo, o con resignación.
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Una solución externa a un conflicto interno
La negociación en la UAEMex está estancada porque la solución no está adentro. No se trata de voluntad ni de gestos conciliadores del rector sustituto. El problema es que la llave no la tiene él. Para destrabar el conflicto, se necesitan dos cosas que no están en su escritorio: más recursos y una reforma legal. Y eso depende del Poder Ejecutivo y del Legislativo, no de decisiones administrativas.
El presupuesto universitario sólo puede crecer si el gobierno estatal lo propone y el Congreso lo aprueba. Y la democratización del gobierno universitario —exigida por estudiantes— requiere una nueva Ley de la UAEMex, que tampoco puede dictarse desde la Rectoría.
Pobre del rector interino: lo mandaron a negociar sin pluma, sin chequera y sin autoridad. Lo dejaron como mensajero de un acuerdo que sólo puede escribirse desde afuera.
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Daniel Serrano, el progreso sin reflectores
Mientras otros alcaldes coleccionan seguidores con filtros, Daniel Serrano suma calles rehabilitadas, conflictos resueltos y vecinos agradecidos. En Cuautitlán Izcalli no hay shows de pirotecnia institucional: hay obra pública, justicia itinerante, foros ciudadanos, agua donde no había y vialidades donde antes sólo había polvo.
Vecinos que nunca votaron por él lo reconocen como alguien que resuelve lo que otros dejaron pudrir: fugas, inundaciones, extorsiones disfrazadas de multas, rezagos históricos. Y lo hace sin escándalo, sin campaña paralela, sin boletines que maquillen la realidad. Hay una izquierda que grita y otra que transforma. Serrano pertenece a la segunda.
La paradoja es que en tiempos de marketing político, los buenos gobiernos parecen invisibles. Pero el suyo se nota en los trayectos más cortos, en la burocracia más humana y en la seguridad menos fingida. Allí, donde la política sirve en silencio, también habita la esperanza.
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