Los hombres detrás de los fraudes, las deudas y Peña Nieto

Con la salida del Partido Revolucionario Institucional de la presidencia y las detenciones de Emilio Lozoya Austin –investigado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados– así como de Rosario Robles –vinculada a proceso por el caso conocido como la “Estafa maestra”–  siguen abriendo la puerta y atando cabos de la profunda red de corrupción presente durante el sexenio de Peña. 

Vender a México

Al cierre de diciembre de 2012 el saldo total de la deuda neta del sector público fue de 5.352 billones de pesos, durante el sexenio de Peña Nieto dicho saldo aumentó hasta los 10.829 billones de pesos, lo que representó un incremento de 5.477 billones de pesos que distribuidos entre los mexicanos  asciende a un endeudamiento de 43 mil 399 pesos más por cada habitante en nuestro país.

La deuda pública está compuesta por la deuda del gobierno federal más la deuda de empresas públicas como PEMEX, CFE y organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en estas dependencias se implementaron reformas y cambios estructurales neoliberales en donde la deuda recae en todos los mexicanos, pero las utilidades y el control de las empresas cae en manos de particulares.

 De acuerdo con declaraciones de López Obrador el sexenio de EPN fue el que más endeudo al país, dicho endeudamiento tuvo como base el exceso de gastos del gobierno federal pues en el periodo 2013-2018, la Cámara de Diputados aprobó a las secretarías de Estado un gasto de 6 billones 94 mil millones de pesos. Sin embargo, al final erogaron 7 billones 125 mil millones de pesos.

Luis Videgaray Caso fue pieza clave de estas definiciones pues en el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 7 de febrero de 2016 como Secretario de Hacienda y Crédito Público,  se incrementó la deuda pública  de 5.35 billones de pesos o 31.4% del PIB en 2012 a  8.16 billones de pesos (o 43.2% del PIB) en 2015, lo que lo convierte en el secretario de hacienda que más ha endeudado al país.

Al mismo tiempo que se operó el aumento de la deuda, la aplicación de la reformas estructurales y los megaproyectos destino millonarias sumas de dinero a la iniciativa privada, y arrojaron enormes  ganancias a la clase política por actos de corrupción que hoy se investigan, y que de acuerdo con mexicanos contra la corrupción  y la impunidad hay al menos 35 escándalos, entre los gobiernos estatales y dependencias federales durante los años 2012- 2018.

En febrero de 2020, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que detectó presuntas irregularidades por más de 544 mil millones de pesos en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Lo anterior, luego de que la dependencia realizó 2 mil 500 auditorías, las cuales derivaron en la emisión de 10 mil observaciones y el inicio de más de 400 procedimientos de responsabilidades administrativas; la larga lista de casos de corrupción a ya alcanzado a ex gobernadores y políticos en su mayoría priistas vinculados a Peña Nieto y sus compadres Luis Videgaray y Miranda Nava.

Luis Videragay Caso, el eslabón más débil

Las relaciones que se tejen en la política son intrincadas, se tejen hacia muchos lados y sus alcances, aunque estén ahí, no siempre se ven; de todas las relaciones que trenzó Enrique Peña Nieto hay una que por sus características y poca transparencia en lo profundo es particular: la de Luis Videgaray Caso.

Cuando aún era diputada, en 2012, Luisa María Alcalde reclamó a Luis Videgaray durante su comparecencia parte de su pasado: el trabajo que Videgaray ejerció con el exsecretario de Hacienda Pedro Aspe Armella, luego su sociedad, en 1998, en la empresa Protego, donde Videgaray habría conocido a Emilio Lozaoya Austin y a Enrique Peña Nieto.

Cuando Peña Nieto llegó a la gubernatura del Estado de México, en 2005, Videgaray –con una probable intervención de Pedro Aspe– restructuró la deuda de la entidad y fue nombrado Secretario de Finanzas (luego de Luis Miranda Nava); más tarde coordinó la campaña de Eruviel Ávila Villegas y posteriormente la del propio Enrique Peña para presidente de México.

“Hacer negocios” habría sido –en palabras de Luisa María Alcalde– la finalidad de la reforma energética: “imagínese que un mes y medio después de ser nombrado Lozaoya Austin como director general de Pemex  […] Pemex adjudicó de manera directa, sin licitación, la primera fase del gasoducto Los Ramones, con un costo de más de 2 mil millones de dólares […]”, Alcalde mencionó que el armado financiero fue adjudicado a Protego”.

Relaciones entre Emilio Lozoya, Luis Videgaray, Luis Miranda Nava, Enrique Peña y Rosario Robles, entre muchos otros, desataron escándalos parecidos al de la adjudicación del gasoducto: muchos megaproyectos fueron operados por Videgaray durante su labor en el Estado de México y, luego, en el periodo que Peña fue presidente.

Luis Miranda Nava casi intocable

Pese a los profundos vínculos de Luis Miranda con casos de corrupción su figura se mantiene casi intocable, de acuerdo con un reportaje de Infobae, Peña Nieto y Miranda se conocieron en Toluca, cuando tenían aproximadamente 14 o 15 años. En ese entonces, Gilberto Enrique Peña del Mazo, padre del ex mandatario mexicano, trabajaba en la Comisión de Electricidad del Estado de México y era el vínculo con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para llevar la energía a los diversos puntos del Estado de México, y el padre de Luis Enrique Miranda, Luis Miranda Cardozo, gestionó algunas cosas con él y fue desde aquella época cuando se frecuentaban y la amistad se fortaleció con hechos y con el tiempo.

Durante el sexenio de EPN, Miranda Nava fungió como subsecretario de Gobernación desde donde atendió los temas más preocupantes para el gobierno federal, siendo  interlocutor obligado de la CNTE, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y otros movimientos sociales.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó en el mes de abril del presente año, la existencia de indagatorias por presuntos actos de corrupción de funcionarios de la pasada administración “está en un proceso de investigación un caso contra Luis Miranda Nava”, actual diputado del PRI y ex titular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy Secretaría de Bienestar.

En enero pasado, la Secretaría de la Función Pública informó que investigaba presuntas irregularidades por mil 323 millones de pesos aplicados en 2018 por la Sedesol en la Cruzada contra el Hambre y sus comedores comunitarios; en dicho periodo encabezaron la dependencia Miranda Nava y Eviel Pérez Magaña.

Hasta el momento las investigaciones no han arrojado órdenes de aprehensión o vinculado a proceso al político mexiquense, por el contrario es una de las figuras del grupo Atlacomulco que se mantienen en la vida política a través de la diputación federal.

La Unidad de Inteligencia Financiera tras los pasos de Videgaray

En un reportaje publicado por la revista Contralínea, se hizo público hace unos días parte del contenido del expediente de Luis Videgaray en la Unidad de Inteligencia Financiera con el folio UIF/SAT/2577/2009, el archivo revela operaciones financieras  irregulares que habría cometido el exsecretario de Hacienda desde que era secretario de Finanzas del Estado México (2005-2009).

Una operación en el ejercicio 2006 con la distribuidora de automóviles PF Tollocan, SA de CV, por un importe de 1 millón 70 mil 786 pesos, cantidad que corresponde al 54 por ciento de los ingresos declarados en ese ejercicio por el entonces secretario de Finanzas del gobierno mexiquense.

La realización un depósito por 3 millones 400 mil pesos con documentos o valores. Motivo por el cual la institución financiera Vector Casa de bolsa lo reportó ante la UIF por ser una Persona Políticamente Expuesta y por la operación de depósito que se sale de los parámetros establecidos por el comité de comunicación y control de dicha institución.

El expediente UIF/SAT/2577/2009 también establece haber localizado en el Registro Federal de Contribuyentes, con clave VICL680810SG1 y fecha de inicio de operaciones 1 de enero de 1993, actividad preponderante “Servicios Técnicos Especializados de Gobiernos Federal y Estatal”, localizándose declaraciones anuales con altas variaciones: año 2002, 1 millón 949 mil 35 pesos; 2003, 5 millones 439 mil 621 pesos; 2004, 5 millones 29 mil 485 pesos; 2005, 13 millones 650 mil 288 pesos; 2006, 1 millón 978 mil 699 pesos; 2007, 2 millones 105 mil 365 pesos.

Otro elemento que Contralínea señala es que Videgaray había sido secretario de Finanzas del Estado de México desde 2005 hasta marzo de 2009, cuando pasó a ser diputado federal del 1 de septiembre de ese mismo año hasta marzo de 2011, y según investigaciones “seguía utilizando recursos del gobierno del Estado de México, porque Pablo Díaz Gómez, coordinador administrativo, brindaba apoyo económico a Videgaray, además de proporcionarle tres chóferes, dos secretarias, cuatro vehículos y equipos de radiocomunicación, además de mobiliario y papelería de la Secretaría de Finanzas, pese a haber dejado el cargo”

Denuncias por el caso Odebrecht

El 13 de noviembre se dio a conocer que Lozoya Austin acusó al equipo de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, encabezado por Luis Videgaray Caso, de haber utilizado el dinero recibido de los sobornos de Odebrecht para financiar la estrategia de desprestigio contra los entonces candidatos Andrés Manuel López Obrador  y Josefina Vázquez Mota, así lo revelaron los periódicos Milenio y El Universal, basados en la ampliación de la declaración ministerial de Emilio Lozoya.

El expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray son los dos hombres señalados en las acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ante la justicia.

Tras el rastro de Luis Videgaray

Ante las declaraciones de Lozoya el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra Videgaray, que no se concretó pues cuando el juez de control del Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga, solicitó más datos al respecto,  por lo que la Fiscalía se desistió de su petición, en aras de obtener mayores elementos.

De acuerdo con El Universal, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) desconoce el paradero de Luis Videgaray Caso, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con su petición de orden de aprehensión planteó la posibilidad de emitir ficha roja en su contra para buscarlo en 194 países.

En la solicitud de orden de captura contra Videgaray por delito electoral, asociación delictuosa, cohecho y traición a la patria, la FGR argumentó que este último delito amerita prisión preventiva de oficio, lo que puede motivar al exfuncionario a mantenerse prófugo de la justicia.

“Esta distinción normativa al delito de traición a la patria para ser considerado de aquellos que ameritan la prisión oficiosa, hace por sí solo que ante la eventualidad de que los justiciables puedan ser sometidos a un proceso por este injusto penal, haga que no deseen comparecer voluntariamente”, señaló la FGR.

Todos los caminos conducen a Peña Nieto

Las líneas de investigación por los escándalos de corrupción apuntan al expresidente Enrique Peña Nieto, quien junto con Videgaray y Lozoya exhiben un mismo patrón de enriquecimiento como funcionarios públicos.

De acuerdo con la revista FrojiMx, en 2013, a unos meses de haber llegado a la presidencia, Peña Nieto reportó en sus cuentas bancarias 14 millones 13 mil 100 pesos, según su declaración patrimonial; para 2018 sus cuentas bancarias sumaron 22 millones 277 mil 967 pesos y propiedades con un valor superior al de sus cuentas bancarias.

A esto se suma el escándalo de la casa blanca, ubicada en Las Lomas, CDMX,  con valor de 7 millones de dólares que fue construida por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro, y que antes levantó múltiples obras en Edomex, cuando Peña Nieto fue gobernador.

Terminar con la corrupción

El gobierno federal que encabeza López Obrador ha prometido terminar con la corrupción, sin embargo los hechos aún están lejos de alcanzar este objetivo que de acuerdo con algunas estimaciones podría costarle a los mexicanos hasta el 10% del Producto Interno Bruto. Los dos operadores más cercanos de Peña Nieto pese a estar siendo investigados aún no han sido tocados y el juicio a los expresidentes aún se pondrá a consulta de los mexicanos.

Por último aun cuando Peña Nieto fuera juzgado queda la libertad plena de las empresas y acreedores de la deuda pública que se beneficiaron con su administración; una cadena enorme que profundiza la pobreza y desigualdad en México, que ninguna promesa del gobierno federal apunta a romper.