Como es conocido, la presente administración federal puso en marcha casi desde el principio del sexenio lo que llamó la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se trata de un conjunto de políticas públicas encaminadas a resolver el severo problema de alimentación que enfrenta el país y del que ya hemos hablado en este mismo espacio en otras oportunidades. Se sabe que en México 78.5 millones de personas padecen algún tipo de “inseguridad alimentaria”; eso quiere decir (de acuerdo a como lo define la FAO) que todos esos millones de mexicanos no tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable.
Una de las medidas adoptadas en la Cruzada es la instalación de comedores comunitarios, creados para ayudar a que los más de 7 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema y que tienen carencia alimentaria no se quedaran ningún día sin probar alimentos. Con ese propósito se instalaron durante los últimos tres años aproximadamente 4 mil ochocientos comedores comunitarios a lo largo del país. En dichas instalaciones se ofrecen alimentos dos veces al día a los miembros de la comunidad que lo necesiten, priorizando a los niños, los adolescentes que estudian, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, los adultos mayores y las personas en situación de emergencia o vulnerabilidad.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) concluyó, en el Balance de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2016, que los comedores comunitarios son sólo una “solución inmediata a la necesidad de acceso a la alimentación”, pero el programa no combate el problema del hambre “desde la raíz y de manera efectiva”.
Esta mañana acudí a San Felipe del Progreso, uno de los municipios con más alta marginación y pobreza del Estado de México, a conversar con algunos estudiantes de antropología que realizan trabajo de campo allá. Me comentaron algo que han venido observando durante su estancia en algunas localidades de dicho municipio: la gente no acude al comedor comunitario. Hay días en que sólo cuatro o cinco personas comen ahí. Pero lo más interesante es algo que lograron conocer de viva voz de algunas de las mujeres encargadas del comedor: la gente no acude porque en ese lugar los hombres (los jefes de familia) son los proveedores en su casa, y si alguno de ellos no es capaz de llevar a casa los alimentos, propiciando que su esposa y/o hijos vayan al comedor comunitario, socialmente sería mal visto, estigmatizado, señalado como incapaz de ser lo que se espera de él: ser hombre.
Este es un rasgo cultural que estoy seguro no fue considerado para nada en el diseño del programa y eso es algo grave. Lo es porque puede estar en la raíz del problema y, si no se entiende así, aquel nunca va a terminar por resolverse. En esa región del Estado de México el pueblo mazahua tiene amplia presencia y su cultura tiene roles de género muy marcados que dictan la dinámica social y familiar. Mis estudiantes me comentaban que buena parte de los suministros que llegan al comedor comunitario para preparar los alimentos no se aprovechan porque la gente no va. En un municipio con 43.4% de la población en pobreza extrema (según datos del Coneval) es no debiera ocurrir, pero pasa. El refrán popular diría “el hambre me tira pero el orgullo de levanta”. Algo así está pasando, al menos en esta región altamente marginada del Estado de México, la gente quizá tenga hambre, pero también tiene patrones culturales que rigen su comportamiento. Estos matices son los que pueden marcar la diferencia en la victoria o la derrota en la Cruzada contra el hambre.
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