En la elección judicial de 2025, pocos aspirantes pueden presumir un currículum tan prodigioso y polémico como Luz María Zarza Delgado, candidata número 33 a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aunque actualmente la cobija el obradorismo, el trabajo de Zarza Delgado ha estado alineado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su élite mexiquense: el Grupo Atlacomulco.
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Tras una revisión a su nutrida trayectoria, AD Noticias encontró que prácticamente en toda su trayectoria como servidora pública, Zarza Delgado ha estado asociada a casos que han favorecido al PRI o a personajes acusados de corrupción. Mientras que su desempeño en Petróleos Mexicanos (Pemex) puede calificarse con base en las irregularidades que estancaron el caso Lozoya.
La SCJN pinta para ser el nuevo paso de su meteórica y polémica carrera.
Carrera prodigiosa y polémica
Luz María Zarza Delgado es hija de Alfredo Zarza Villegas, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México de 1982 a 1985. Durante esos años, Zarza Villegas era líder de los burócratas mexiquenses durante la gubernatura de Alfredo Del Mazo González, fundador del Grupo Atlacomulco, el clan familiar del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó por décadas el Estado de México.
La cercanía de su padre con el PRI y su élite podría explicar el paso inmediato que Luz María Zarza dio de la escuela a la administración pública y su acelerada carrera. En mayo de 1992, se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx); ese mismo año, consiguió un trabajo como servidora pública durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari.
De 1992 a 1993, Zarza coordinó el área en derecho laboral y agrario de Bufetes Jurídicos de Solidaridad. Se trataba de un programa de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que consistía en dar asesoría jurídica y patrocinio a los militantes del PRI.
Después, de 1993 a 1994, Zarza Delgado se desempeñó como jefa del Departamento de Normas en el recién creado Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD). La dependencia, adscrita a la entonces Procuraduría General de la República, era el brazo de Salinas de Gortari para enfrentar a los cárteles. Sin embargo, el gobierno de su sucesor, Ernesto Zedillo, la eliminó tras reconocer su “marcada ineficiencia y corrupción” y “una deplorable injerencia del crimen organizado», de acuerdo con La Jornada.
Uno de los últimos titulares del INCD fue el general Jesús Gutiérrez Rebollo, zar antidrogas de Zedillo. En 1997, año de la extinción del instituto, Gutiérrez Rebollo fue procesado y sentenciado a 40 años de prisión por trabajar para Amado Carrillo Fuente, el Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez. Hoy, tanto Luz María Zarza como el hijo del general, César Gutiérrez Priego, buscan estar en la SCJN.
De 1994 a 1995, Zarza estuvo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Trabajó como subdirectora del área de Orientación legal durante la presidencia de Jorge Madrazo Cuéllar. Posteriormente, entraría al plano político mexiquense.
Primeros padrinos en el Estado de México
De 1995 a 1997 Luz María Zarza Delgado fue la coordinadora de asesores de la LII Legislatura del Estado de México, de mayoría priista. Jaime Vázquez Castillo, diputado local por el PRI en Tenango del Valle, lideraba congreso mexiquense en aquel entonces.
Vázquez Castillo fue uno de los padrinos de Luz María Zarza y quien la promovió como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México, a decir de Ricardo Moreno, hoy alcalde de Toluca.
“Protegió a Eruviel Ávila Villegas, entonces candidato del PRI a la gubernatura, validando su triunfo a pesar del enorme rebase de los topes de campaña en ese entonces, denunciados y probados por la oposición. Tras ello, fue premiada al ser nombrada por el propio Eruviel Ávila Villegas como consejera jurídica”, expresó Moreno en su columna en El Sol de Toluca.
En 1997, Jaime Vázquez Castillo fue nombrado secretario general de gobierno de César Camacho Quiroz. Al mismo tiempo, Zarza Delgado trabajó como su asesora hasta 1998, cargo que también la llevó a convertirse en asesora legal del empresario Sergio Velasco Sánchez, entonces secretario de Desarrollo Agropecuario mexiquense.
Velasco Sánchez, sus hermanos y Fernando Velasco Alvear, su hijo, fundaron la empresa Grupo Industrial Toluca, envuelta en una serie de casos de corrupción durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.
Durante dos años, Velasco Alvear cobró un total de dos millones de pesos como trabajador de ProMéxico, aunque nunca asistió a trabajar, reveló la plataforma periodística MexicoLeaks. Mientras tanto, Grupo Industrial Toluca recibía una serie de apoyos económicos por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario mexiquense.
El primo de Velasco Alvear es José Luis Velasco Lino, diputado federal priista por Toluca de 2009 a 2012. A su vez, los Velasco Lino son primos de Erwin Lino Zárate, quien ocupó el puesto de secretario particular de Peña cuando éste gobernó la entidad mexiquense y, posteriormente, cuando estuvo al frente del ejecutivo nacional.
Saltos judiciales y electorales en la era Peña
De 2001 a 2003, Luz María Zarza fue directora coordinadora de Estudios Legislativos en la Oficina del Abogado General de la UAEMéx, Jorge Hurtado Salgado.
De 2004 a 2005, se desempeñó como jefa de Departamento, asesora y suplente del secretario general del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Emmanuel Villicaña Estrada. Éste sería uno de los encargados de vigilar la elección que llevaría a Enrique Peña Nieto a ser gobernador de la entidad.
Villicaña y todos los consejeros electorales del IEEM, incluido el consejero presidente José Juan Gómez Urbina, renunciaron a su cargo entre abril y septiembre de 2005 tras el escándalo de corrupción Cartonera Plástica.
El IEEM adjudicó una compra de materiales electorales a sobreprecio a la empresa Cartonera Plástica, por 43 millones de pesos y un soborno de 25 millones más a los consejeros electorales. A decir de Bernardo Barranco, hoy director del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, el operador del desfalco fue Emmanuel Villicaña.
Tras su renuncia del IEEM y ya con Peña como gobernador, Villicaña pasó a ser contralor interno de la Secretaría General de Gobierno. Como contralor estuvo a cargo de fincar responsabilidades administrativas a los policías estatales que participaron en la represión de San Salvador Atenco, ocurrida en 2006, cuando decenas de personas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) fueron reprimidas por oponerse al proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).
De los más de dos mil efectivos involucrados en violaciones a los derechos humanos, Emmanuel Villicaña sancionó sólo a 22. Después fue ascendido a subsecretario de asuntos jurídicos del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México. En el sexenio de Arturo Montiel Rojas, Abel Villicaña Estrada, su hermano, fue procurador estatal.
También en 2005, Luz María Zarza fue consejera electoral del 40 Consejo Distrital del entonces Instituto Federal Electoral en el Estado de México. En otras palabras, a nivel federal era una de las encargadas de vigilar las elecciones mexiquenses.
Para 2006, cuando Peña Nieto ya gobernaba la entidad, Zarza Delgado trabajó como asesora de la LV Legislatura mexiquense. Durante ese año, la Gran Comisión tuvo dos presidentes: los priistas Felipe Ruiz Flores y Martha Hilda González Calderón. Esta última asumió la presidencia del legislativo mexiquense cuando Peña Nieto, entonces diputado local, dejó el cargo de diputado para contender por la gubernatura. Una vez al frente del ejecutivo mexiquense, Peña nombró a Martha Hilda secretaria de Turismo.
En julio de 2007, el gobernador Peña Nieto nombró a Zarza Delgado magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad. Específicamente en la Sexta Sala Regional, en Atizapán de Zaragoza. Aunque tenía que mantenerse en ese cargo hasta 2017, sólo permaneció en él un año. En septiembre de 2008, Peña la nombró Zarza magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México, puesto que desempeñó hasta enero de 2013.
Como magistrada electoral Zarza Delgado fue una de las encargadas de evaluar todas las impugnaciones de la elección estatal de 2011, en las que resultó electo gobernador el priista Eruviel Ávila Villegas.
Hay que recordar que entonces la coalición Unidos Podemos Más ―representada por PRD, PT y Convergencia― denunció que su contrincante, el PRI, y su alianza ―conformada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal)―, gastaron más de mil 600 millones de pesos, cuando el tope electoral era 206 millones. Por eso exigió que se anulara la elección. Sin embargo, el Tribunal Electoral mexiquense declaró infundada la acusación y validó la elección.
Leyes y mentiras como consejera de Eruviel
Luego de validar la elección que lo convirtió en gobernador, Zarza Delgado siguió los pasos de su maestro, Emmanuel Villicaña, y entró a la administración de Eruviel Ávila. En enero de 2014, fue nombrada titular de la recién creada Consejería Jurídica del Estado de México, cargo que ocupó hasta septiembre de 2017.
Como abogada del gobierno mexiquense, Zarza Delgado defendió la llamada Ley Atenco, aprobada por el congreso mexiquense en 2016, a partir de información falsa. Como sugiere el nombre, la reforma planteaba el uso represivo de la fuerza como primera opción ante protestas políticas, como pasó en Atenco en 2006.
Zarza y Ávila Villegas argumentaban que la ley se enmarcaba en la recomendación 243 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, esto era falso, dicha recomendación estaba dirigida a Ecuador, como mostró The Observer. Sin embargo, la SCJN determinó que la Ley Atenco es anticonstitucional y la reforma fue derogada.
Otra ley polémica fue asociada con Luz María Zarza Delgado. En febrero de 2015, Eruviel Ávila decretó reformar el artículo 17.43 del Código Administrativo. La llamada Ley OHL, que permitía al gobierno mexiquense ampliar indefinidamente las concesiones para operar vialidades, benefició a Obrascón Huarte Lain (OHL), empresa española consentida de la gubernatura y presidencia de Enrique Peña Nieto, pues tenía dos concesiones por miles de millones de pesos en la entidad.
De acuerdo con Paul Díez Gargari, abogado que ha litigado casos en contra de OHL, Luz María Zarza Delgado fue quien redactó la ley mencionada. Una llamada mostró los nexos de la candidata a ministra con la firma.
Llamadas amistosas con OHL
Los gobiernos mexiquenses de Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel entregaron concesiones a OHL para operar el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), mediante el cobro de peaje. El primero es un tramo elevado construido para disminuir el tráfico en la autopista México-Querétaro. El segundo conecta esta pista con las México-Pachuca, México-Texcoco y México-Puebla.
El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador señaló que la concesión del Viaducto Bicentenario es ilegal, pues le corresponde al gobierno federal emitir permisos de explotación sobre vías generales de comunicación, según las leyes mexicanas. Permiso que nunca tuvo la firma consentida del peñismo.
Por otro lado, en 2015 OHL mantuvo un pleito legal contra la empresa Infraiber por la concesión del CEM. Infraiber era la encargada de instalar y operar el Sistema Independiente de Aforo Vehicular (SIVA) ―que supervisa el número de vehículos que transitan por una red de autopistas ― en el Circuito Exterior Mexiquense.
El megaproyecto del CEM tuvo una inversión de 24 mil 775 millones de pesos al cierre de 2014, fue inaugurado en 2011 y fue concesionado a OHL hasta 2033. De acuerdo con Infraiber, “un solo año de concesión en el Circuito Exterior Mexiquense representa un ingreso mayor a los dos mil 350 millones de pesos”. Esto quiere decir que OHL habría recuperado su inversión en 2033, según las estimaciones de Infrabier.
EL SIVA permitiría medir el flujo de autos en la vialidad y calcular la ganancia de OHL por el peaje. Así podría definirse el tiempo exacto en el que OHL recuperaría su inversión con su rentabilidad y devolver la concesión, de forma independiente, de acuerdo con Infraiber.
Sin embargo, el gobierno de Eruviel Ávila revocó el contrato con Infraiber en mayo de 2015, argumentando un sobrecosto y el SIVA nunca se implementó.
Durante 2015, una serie de audios filtrados entre funcionarios mexiquenses y altos cargos de la compañía mostraron un presunto pacto para favorecer los negocios de la OHL en el Estado de México. Esto motivó la dimisión del entonces presidente del consejo de administración de OHL, José Andrés de Oteyza, exfuncionario del presidente José López Portillo.
En medio del pleito legal, en junio de 2015 se filtró una llamada que hizo Apolinar Mena Vargas, secretario de Comunicaciones mexiquense, a Pablo Wallentin, director de Relaciones Institucionales de OHL. La llamada fue contestada por Luz María Zarza.
“Aquí tengo secuestrados a los abogados y a nuestro amigo [Pablo Wallentin], para ver cómo va nuestro amparo que se nos va complicando, pero ya estamos otra vez agarrándolo”, le comentó Zarza Delgado a Apolinar Mena.
La conversación, con fecha de septiembre de 2014, entre la entonces consejera jurídica mexiquense y su compañero exhibía un acuerdo extrajudicial con magistrados y jueces estatales para que sus fallos favorecieran a OHL, en el juicio contra Infraiber.
“Cómo vamos a ir a ver a la magistrada y al juez, nos estamos poniendo de acuerdo nada más para caerle ahí. Pero es cuestión de abogados, por eso no te comenté, pero aquí estamos trabajando”, afirma la hoy aspirante a la Suprema Corte.
En otra de las llamadas filtradas se escucha al presidente del Consejo de Administración de OHL, José Andrés de Oteyza, quejándose de que el gobierno del Estado de México no hacía nada para apoyarlos: “Esto sí es un revés y sigue el gobierno sin hacer nada. Es que no hacen nada”, dice De Oteyza en el audio, con fecha del 4 de septiembre del 2014.
“Pero es que tampoco nos ayudan ni con las propias instancias judiciales del propio gobierno del Estado [de México]. Ya pudieron haber ido a hablar con los jueces y con los magistrados”, contesta el director jurídico de la firma, Gerardo Fernández.
Impunidad marcada
Por su parte Zarza desestimó las acusaciones y sostuvo que se trató de una campaña en contra del gobierno mexiquense. “Hemos trabajado apegados a la legalidad […] El tema OHL es como una gran sábana, yo llevé un puntito, que fue un amparo, entonces no tengo un conocimiento integral”, comentó a Proceso.
Asimismo declaró que se trata de una práctica común. “Su servidora fue magistrada del Tribunal Electoral y del de lo Contencioso. Y siempre recibía a los abogados que querían platicarme sobre sus asuntos. Eso es de lo más común”, comentó.
Al ser cuestionada sobre la llamada, la funcionaria evadió dar detalles y argumentó que el tema ya había sido explicado por José Manzur, secretario general de gobierno. “Escuché los audios y me parece que la consejera jurídica a quien defiende es al gobierno del estado de México y no a OHL”, declaró Manzur, siendo la postura oficial de la administración de Eruviel Ávila.
Un par de meses después del escándalo con Luz María Zarza, en octubre de 2015, el gobierno mexiquense amplió la concesión del CEM a OHL hasta 2051. A pesar de que Ávila anunció una serie de auditorías sobre el caso, al finalizar su gubernatura nunca se hicieron públicas, apuntó El Sol de Toluca.
La constructora despidió semanas después a Wallentin, mientras que Apolinar Mena fue removido del gobierno mexiquense por recibir vacaciones pagadas de OHL México.
Al final, en septiembre de 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón a OHL y determinó que las concesiones del Circuito Exterior Mexiquense fueron conforme a derecho. El máximo tribunal del país dio un sobreseimiento del juicio promovido por Infraiber, sin admitir recurso legal. Al día de hoy, la empresa sigue operando la vialidad y Luz María Zarza aspira a la SCJN.
Legado de la corrupción en el nuevo régimen
La llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador supuso un revés a las concesiones mexiquenses de OHL, hoy llamada Aleática. Sin embargo, sucedió todo lo contrario.
En 2020 la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) comenzó una evaluación de la concesión del Viaducto Bicentenario. El objetivo era que la Fiscalía General de la República (FGR) emprendiera acciones penales contra el gobierno mexiquense y la empresa.
Pero ese mismo año la propia SICT firmó un convenio con el gobierno del priista Alfredo Del Mazo Maza, en el que ambas partes reconocen “la validez y legalidad de (…) el otorgamiento del Título de Concesión”. “El convenio de la vergüenza, le digo”, comentó al respecto Paul Díez Gargari, exabogado de Infraiber en entrevista con AD Noticias.
Al año siguiente, en 2021, el gobierno de Del Mazo Maza otorgó a Aleática una tercera ampliación del Circuito Exterior Mexiquense hasta 2063. También en 2021 el gobierno de López Obrador contrató a la empresa española para construir el enlace del circuito con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por una inversión estimada de 3,900 millones de pesos, reportó Periodismo Empower.
De acuerdo con la FGR y con Díez Gargari, Julio Scherer Ibarra, exconsejero de López Obrador, fue responsable: “Él fue el titiritero de Aleatica en este caso”, apuntó Díez Gargari para AD Noticias. En 2022, la FGR acusó a Scherer de aprovecharse de su posición como consejero jurídico para frenar las investigaciones contra Aleatica y así asegurar impunidad por las concesiones mexiquenses.
Pese a ello, la Fiscalía no lo imputó a él ni a ningún servidor público federal en la última audiencia del caso. Tampoco imputó a ninguno de los colaboradores de Peña Nieto involucrados. Contra todo pronóstico, Luz María Zarza entró al gobierno de López Obrador como abogada general de Pemex.
Nuevos padrinos de color guinda
Para sorpresa de los círculos morenistas del Estado de México, la administración obradorista nombró a Luz María Zarza Delgado como titular de la Subdireccción de Consultoría Jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Con base en el acuerdo CA-172/2018, la decisión fue propuesta por el entonces director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, cercano a López Obrador y hoy titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
De acuerdo con el periodista Álvaro Delgado, la relación de Zarza Delgado con el expresidente morenista se explica por amistades compartidas. Zarza es amiga de Elvira Daniel Kabbaz Zaga, en aquel entonces directora general del Centro de Control del Gas Natural (Cenagas), que depende de la petrolera.
La funcionaria es hija de José Daniel Kabbaz, director general del Grupo Danhos, desarrollador de plazas comerciales como Parque Delta y Reforma 222, y es amiga de López Obrador. Kabbaz Zaga fue asesora de AMLO cuando gobernó el entonces Distrito Federal, “en temas relacionados con la simplificación administrativa y lucha contra la corrupción”, según su currículum.
De 2012 y hasta enero de 2018, Oropeza ―quien nombró a Zarza Delgado― y Kabbaz eran socios de La Mercocha, S. P. R. de R. L. de C. V., dedicada a la cría y comercialización de ganado en Tabasco. Los hijos de ambos fundaron las empresas Red-Led Solutions e IDOC Digital Services, de acuerdo con Reforma.
Estafa Maestra: bisagra clave de Zarza Delgado
No se puede entender tampoco el ingreso de Luz María Zarza Delgado en Petróleos Mexicanos sin los casos de huachicoleo y la Estafa Maestra en la paraestatal.
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En septiembre de 2019, El Universal reveló que, durante la gestión de Emilio Lozoya Austin al frente de Pemex, se cometió un desvío de 568 millones de pesos mediante el esquema de la Estafa Maestra. Se trata de una red de corrupción en el gobierno de Peña Nieto con la que se malversaron, al menos, 7 mil 670 millones de pesos, revelaron Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Las investigaciones de la FGR, que forman parte de la investigación de la Estafa Maestra, señalaban a la propia Zarza Delgado como partícipe del desfalco.
Cuando se realizaron los desvíos, Zarza era consejera jurídica del gobierno mexiquense. La investigación, publicada en septiembre de 2017, mostró que la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) formó parte de los desvíos.
Meses después, en diciembre, Zarza fue nombrada abogada general de la UAEMéx, cargo que desempeñó hasta septiembre de 2018. Cuando se reveló la investigación de la FGR en su contra, Zarza ya era abogada de Pemex.
De los 45 expedientes que se iniciaron en la UAEMéx por la Estafa Maestra, prescribieron y fueron desechados 43 en 2023.
Impunidad priista al amparo morenista
Tras el paso de Luz María Zarza en Pemex, los casos de corrupción durante el peñismo quedaron en la impunidad, particularmente el de Emilio Lozoya.
En 2019 Lozoya fue vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, al recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de ventajas para obtener contratos públicos. De acuerdo con MCCI, una parte del dinero se utilizó para la compra de votos para aprobar la reforma energética de Peña Nieto.
En marzo de 2022 el Consejo de Administración de Pemex, ya bajo el nuevo régimen morenista, negociaba con Emilio Lozoya un acuerdo reparatorio. La propuesta del exfuncionario era pagar 10.7 millones de dólares como reparación del daño de los casos Odebrecht y Agronitrogenados. A cambio se suspenderían los procesos penales y Lozoya saldría de prisión, publicó Reforma.
Fue Zarza Delgado quien convenció al Consejo de que era la mejor elección. Esto debido a que era riesgoso irse a juicio ya que, a decir de la abogada, no había pruebas suficientes contra Lozoya, más allá de algunas transferencias bancarias. Por lo que era alta la posibilidad de que perdieran el litigio, Emilio Lozoya fuera liberado y en la petrolera se quedaran con las manos vacías.
“Existe un riesgo en el litigio porque todo deriva de estas transferencias bancarias. No hay nada firmado, no hay otra documentación o elemento de prueba, sólo las deducciones de las empresas…”, reconocía Zarza Delgado sobre la fragilidad de las pruebas del caso Lozoya. Así lo revela un acta del consejo, conseguida por Notitia Criminis vía transparencia.
La directora jurídica de la paraestatal explicó a los consejeros que Lozoya pagaría poco más de 10 millones de dólares (mdd) debido a que equivalen a los sobornos que recibió en ambas tramas de corrupción.
Luz María Zarza sostenía que el acuerdo reparatorio propuesto por Lozoya “será histórico y un precedente importante respecto a actos de corrupción”. Además, la abogada de Pemex argumentó que había un antecedente de “éxito”: el pago de 216.6 millones de dólares por parte del empresario Alonso Ancira.
Durante la gestión de Lozoya, Pemex compró a Ancira la planta de Agronitrogenados por 275 mdd. Sin embargo, la planta era obsoleta y fue adquirida a sobreprecio. Días después de la compra, la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad de Ancira, transfirió a Lozoya un soborno de 3.7 mdd a través de una cuenta de Odebrecht.
En 2021, la petrolera llegó a un acuerdo con Ancira para devolver parte del dinero, a cambio de salir de prisión. López Obrador celebró el pacto como una victoria de justicia. Sin embargo, al cierre del sexenio obradorista AHMSA sólo pagó 104.1 mdd, menos de la mitad del monto total, reveló Quinto Elemento Lab. En 2022 la petrolera dijo no saber a dónde fue a parar el dinero pagado.
El acuerdo con Ancira fue supervisado por Luz María Zarza Delgado, según el medio especializado Oil & Gas Magazine. Zarza Delgado tuvo la oportunidad de reactivar el proceso penal contra AHMSA y Ancira, debido al incumplimiento del pago. Pero esto nunca pasó.
Algunos consejeros de Pemex consideraron que 10.7 millones de dólares era una cantidad muy pequeña en comparación con los daños generados. No estaban equivocados. De acuerdo con estimaciones de MCCI, los casos Odebrecht y Agronitrogenados causaron pérdidas al erario público por casi cinco mil 500 mdd. Más de 500 veces la reparación del daño formulada por Lozoya.
Sin embargo, el equipo de Zarza Delgado argumentó que era una “cuestión imposible” exigir una cantidad superior al exfuncionario. Esto debido a que se basaba en la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) ante el juez. Era lo que estaba acreditado en las transferencias y lo máximo que podía exigirse.
Así, el consejo aprobó de forma unánime el acuerdo, el cual se firmaría ante el juez el 11 de abril de 2022 en el Reclusorio Norte. Sin embargo, al ser cuestionado previo a la audiencia, el presidente López Obrador declaró no estar enterado del acuerdo, pero consideró que los 10 mdd no podían ser porque el daño era mayor.
“Sí nos importa la reparación del daño, nada más que sea justa”, declaró el mandatario en su conferencia matutina. Tras la declaración, Zarza Delgado recibió la instrucción de última hora de suspender la firma del posible acuerdo y el caso se estancó.
En 2023, el equipo de Zarza pidió a Lozoya pagar primero 30 y luego 20 millones de dólares como reparación del daño, a pesar de hacerle dicho al consejo de la empresa paraestatal que era “imposible”. La defensa de Lozoya calificó el nuevo cobro como “contradictorio” y una “extorsión”. Ante la falta de pruebas, ni el equipo de Luz María Zarza ni la FGR pudieron explicar por qué aumentaban el monto total.
Suprema Corte, nueva meta curricular
Rotas las negociaciones, el proceso en contra de Lozoya por el caso Agronitrogenados fue suspendido en octubre de 2024. Mientras, en el tema Odebrecht un tribunal federal anuló que se presenten las pruebas bancarias en un juzgado. A ocho años de las investigaciones de la FGR el juicio aún no ha comenzado.
Ahora, este 1 de junio de 2025 el país elegirá a los siguientes ministros y ministras de la SCJN, así como un nuevo Poder Judicial. Luz María Zarza Delgado busca ser una de las cinco mujeres ministras que integrarán la Suprema Corte, al ser seleccionada como candidata por el comité del Poder Legislativo.
De acuerdo con la plataforma Conóceles, del Instituto Nacional Electoral, de resultar electa, Zarza Delgado buscará que el nuevo Poder Judicial sea más activo en la erradicación de la violencia de género, logre consolidar la carrera judicial en México y fiscalice su presupuesto.
Para ello propone la creación de tribunales especializados en género, certificaciones obligatorias para poder ascender a cargos superiores y mayor transparencia, entre otras medidas.
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