Toluca, México; 14 de marzo de 2018. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de las inspecciones policíacas a terceros y a vehículos sin mediar una orden judicial o ministerial, medida con la que se fortalecerá la Ley de Seguridad Interior promulgada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del año pasado.
La decisión fue propuesta por el ministro Javier Laynez Potisek y elevada a rango constitucional ayer en la noche, durante el debate que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza sobre las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La medida no fue aceptada por unanimidad, pues los ministros que votaron en contra fueron José Ramón Cossío Díaz, Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Lucía Piña Hernández.
Así, la discusión sobre la versión final de la iniciativa aún se prolongará por varios meses, sin embargo, la base de la ley que permitirá a cualquier policía realizar cateos con el fin de prevenir la comisión de delitos ha sido establecida por la Justicia mexicana. Será en los próximos meses cuando se conozca la versión final de la iniciativa y los criterios para el actuar de las autoridades.
Las autoridades policíacas estarán facultadas para realizar inspecciones a personas, con la finalidad de detectar objetos o instrumentos para la comisión de algún delito dentro de sus prendas, así como en vehículos particulares que las autoridades perciban como sospechosas. También otorga facultades a los policías para aplicar la fuerza en caso de resistencia a la revisión de algún ciudadano.
De acuerdo con el punto de vista del ministro Laynez Potisek recopilado por el diario El Universal, “Los agentes de seguridad pública deberán contar con los datos e informes necesarios para acreditarla [la sospecha razonable] y los jueces deberán de ser especialmente rigurosos en el escrutinio judicial de esas medidas. La sospecha razonable no puede justificarse por cualquier circunstancia abstracta como la apariencia física, su forma de vestir, hablar o comportarse”.
El problema de los detractores de esa ley es que, aunado a la Ley de Seguridad Interior, otorga demasiado poder a las Fuerzas Armadas y a los policías de los tres niveles para el combate de la delincuencia, prolongando la estrategia de confrontación directa que ha demostrado su ineficacia desde el 2007, cuando Felipe Calderón mandó a las calles a los militares para combatir a los cárteles de droga y grupos criminales.
También, la decisión es preocupante en un clima de corrupción e impunidad de niveles alarmantes en el país, pues de acuerdo con el estudio de la Universidad de las Américas Puebla sobre esa materia, en México los niveles de impunidad son muy altos, y el Estado de México encabeza la lista de las entidades de la república con más índice de impunidad.
Así, la CNDH y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), presentaron acciones de inconstitucionalidad por la violación de los derechos humanos de libertad, vida privada e integridad, y argumentan que las decisiones de detención podrían ser arbitrarias.
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