Toluca, México; 14 de marzo de 2018. Representantes de dos grupos indígenas han exigido recientemente a los gobiernos federales y municipales la restitución de tierras donde se encuentran yacimientos de aguas comunales, cuya propiedad ha sido violada por parte de las distintas administraciones.
Luego de 30 años bajo expropiación por parte del gobierno federal, representantes del Frente Mazahua lograron pactar un acuerdo la tarde del martes en conjunto con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el que se acuerda restituir las tierras bajo posesión de esta dependencia y que nunca fueron explotadas.
Para garantizar el pacto, el grupo mantuvo retenidos un número de vehículos que transportaban cloro para los procesos de tratamiento, mismos que alrededor de las 19:30 horas fueron liberados e ingresaron a l as instalaciones de la planta potabilizadora del Sistema Cutzamala, ubicada en Berros, Villa de Allende.
Los integrantes del Frente aseguraron extender el plantón que organizaron a las afueras de las instalaciones hasta el viernes de esta semana, momento en que estos recorrerán junto a los elementos de la dependencia gubernamental para mostrarles los distintos problemas que enfrentan debido a estas operaciones que no los han tenido contemplados desde el comienzo.
Luego de un extenso diálogo, el acuerdo compromete introducir operaciones hidráulicas que suministrarán agua potable a las comunidades alrededor de la planta, devolver los predios expropiados desde la década de los ochenta y perforar un pozo, concesionado a los propios mazahuas, en la comunidad Hospital Dos Estrellas del mismo municipio con el que se beneficiarán diversas localidades adyacentes.
Este logro en materia de restitución acuífera viene luego de que habitantes otomíes de San Andrés Cuexcontitlán hicieran lo propio frente a funcionarios del Ayuntamiento de Toluca durante la tarde del mismo día, quienes acusaron a la administración de saquear recursos y violar derechos fundamentales después de la perforación de un pozo en 2013 que desviaba el agua extraída hacia distintos desarrollos inmobiliarios aledaños, dejando sin suministros suficientes a la comunidad.
A pesar de haber conseguido dos amparos bajo la fe de Juliana Felipa Arias Calderón, secretaria nacional de Derechos Humanos de la Gubernatura Indígena, con los que se evita el desvío del agua hacia zonas que no corresponde, estos no han sido propiamente atendidos por las autoridades y, por tanto, pretenden castigar electoralmente a la administración del alcalde toluqueño Fernando Zamora Morales.
Mientras que los mazahuas han conseguido la restitución de las tierras y recursos, por su parte los otomíes no han obtenido los mismos resultados y se mantienen a la espera de una respuesta del Ayuntamiento para resolver el desvío de agua que azota desde hace 5 años a la comunidad.