Toluca, Estado de México; 25 de julio de 2019.- El juez décimo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, otorgó una suspensión provisional contra la orden de captura que hay en México contra de Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin,quien fue detenida en Alemania por la Interpol, acusada de asociación delictuosa y lavado de dinero y será en las próximas horas cuando el juez determine si admite o no esa recurso.
El amparo fue solicitado por la afectada luego de su aprehensión, por lo que no podrá ser detenida por la Fiscalía General de la República, en caso de que Alemania decida deportarla o extraditarla a México. El juez que otorgó el amparo provisional señaló que ésta se concede "para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea privada de la libertad personal como motivo de tal acto de molestia".
"Lo anterior -agrega- hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva", por lo que entonces no podrá ser retenida por la FGR en cuanto pise suelo mexicano; sin embargo, tendrá que pagar una garantía de 4 mil 500 pesos, de lo contrario la supensión perderá efectos y ya no tendría la protección judicial.
Austin y Solís recibió entre 2010 y 2012 dos depósitos por parte de su hijo Emilio Lozoya, depositos por un monto total por 7.4 millones de pesos, de una cuenta vinculada a actos de soborno por parte de la constructora brasilena, Odebrechet.
En tanto, salió a la luz pública otro acto de corrupción en Pemex y en el que estuvieron involucrados el dirigente de los trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps y quien fuera su director general , Emilio Lozoya, ambos enfrentan diversos cargos pero se han amparado para evitar la acción de la justicia, y en el caso de Lozoya, éste es considerado prófugo de la misma.
Una investigación de Reforma dio a conocer que el contrato colectivo de trabajo del sindicato de Pemex tiene una cláusula en la que se establecen ayudas adicionales a esta organización.
En 2012, con 105 millones de pesos asignados, la información correspondiente era pública. Sin embargo, en 2013, cuando los recursos aumentaron a 250 millones de pesos, Romero Deschamps y Lozoya Austin, decidieron ocultar el contenido de la misma.
Se trata de la cláusula 251 bis que Lozoya y Deschamps decidieron hacer discrecional, y que era considerado el “pilón” que recibía el sindicato de 80 millones de pesos, y que sí eran transparentados en la cláusula 251, según señala una investigación de Reforma. Esos recursos se usaban para capacitación de los trabajadores, entre otros conceptos.
En tanto, el pilón tenía entre otros rubros los "gastos de contratación derivados de las revisiones anuales al contrato, "gastos derivados de los festejos relacionados con el Desfile del 1 de Mayo" y "ayuda para gastos derivados de los festejos relacionados con el Aniversario de la Expropiación Petrolera", destaca el reporte.
En 2013 Romero Deschamps y Lozoya Austin acordaron modificar la cláusula 251 que pasó de 2.5 millones de pesos mensuales a 7 millones de pesos al mes, y que al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto subió a 8.3 millones de pesos; entre sus conceptos ya se incluían los gastos de viaje de los dirigentes gremiales
Con un monto global que llegó a los 250 millones de pesos, lo que representó un incremento de 195 por ciento entre el inicio y el cierre de la administración pasada, tanto Deschamps y Lozoya acordaron desaparecer la cláusula 251 bis y así ocultar los recursos que éste contenía.
En tanto, integrantes del sindicato petrolero que forman parte del Frente Nacional Petrolero decidieron desconocer a su líder Carlos Romero Deschamps, después de que éste obtuvo un amparo en contra de su detención y a través de unaconvención extraordinaria avalaron su expulsión y nombraron a Sergio Carlos Morales Quintana, líder del Frente Nacional Petrolero, como nuevo dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Sin embargo, la misma área de comunicación de esa organización gremial admitió ante La Jornada que se trató de un proceso ilegal y por lo tanto, no tendrá efectos por el momento, si bien en diez días se entregará el acta correspondiente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que sea ratificada y darle legalidad al proceso.