En fecha 26 de junio del presente año, vía oficio 66/2016-2017, Jorge Arturo Flores Chávez, director de la escuela primaria “Carmen Serdán”, ubicada en la colonia Nueva Oxtotitlán del Municipio de Toluca, comunicó a la maestra Ma. del Carmen Ortiz Joaquín (se concatena con entrega del 20 de Junio de 2017) lo siguiente:
“…por este medio y derivado de la problemática presentada en la escuela primaria “Carmen Serdán”, ubicada en esta ciudad capital, en la se presentaron hechos de violencia al interior de la institución y con la finalidad de salvaguardar la integridad física y psicológica de los docentes, alumnos y padres de familia, en tanto concluye la investigación por indicaciones de la Dirección General de Educación Básica se le informa que a partir del día 23 de junio del año en curso, cubrirá su horario laboral en las oficinas de la Supervisión Escolar,…solicitando respetuosamente realice a la brevedad posible, la entrega recepción de los libros, materiales, herramientas didácticas y todo lo correspondiente al grupo de Sexto Grado ,Grupo D, turno matutino que tenía a su cargo”.
De lo anterior se puede desprender una clara coalición de servidores públicos, el mencionado director escolar, daba por hecho que con su actuación lograría la rescisión laboral de la maestra por los hechos falsos que asentó en un acta administrativa de fecha 9 de junio, apoyado por sus “gentes de confianza”, Ivonne “Adriana Ortíz Contreras”, subdirectora interina a propuesta por supuesto del director; “Ilda Lidia Meneses Mondragón”, secretaria escolar y “Hortencia Erasto Entote” ─nombres transcritos del acta signado de puño y letra por los participantes─, quienes fungieron como testigos de cargo y según el texto se les tomó protesta para conducirse con verdad, hechos que evidentemente y acorde con la maestra agredida no son ciertos, lo asentado en el documento carece de elementos básicos legales, denotando dolo y mala fe, con el único afán de causar daño a la maestra Carmen, de quien se menciona en la parte que interesa lo siguiente:
“…efectivamente hoy se respira un ambiente de temor e incertidumbre en la escuela por tener que convivir con alguien que puede llegar a tanta agresividad involucrando además a sus hijos y es lamentable este suceso… y es una pena que hechos como este nos pongan en el ojo del huracán y sobre todo que se trate de denigrar a todos los que realizamos nuestra labor de una manera adecuada y respetuosa…”.
Lo anterior constituye un ejemplo claro que por unas migajas de poder transitorio y canonjías se puede actuar en contra del compañero de trabajo, sin interesar el perjuicio que se ocasione a la profesora y a su familia, lo que es muy recurrente en el profesorado.
En otro orden de hechos Abel Martínez Mejía, actual subdirector regional de Educación Básica, Toluca, quien afirmó en oficio de fecha 12 de junio, que la maestra agredida había incurrido en prohibiciones del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo; al respecto la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Educación determinó el 26 de junio lo siguiente:
“Una vez realizado el análisis de las constancias que obran en el expediente indicado al rubro,… se advierte que no es procedente la elaboración del aviso rescisorio,… aunado a que existen serias deficiencias…” del acta con la que se pretendió quitar el trabajo a la maestra.
A pesar de ello el subdirector regional indicó a la maestra el 27 de julio de 2017, que deberá seguir cubriendo su horario laboral en la supervisión de la zona escolar P154, hasta recibir nueva indicación.
Mientras tanto el intocable director escolar, realizó una ceremonia de clausura y entrega de documentos, se asegura con costa a los alumnos egresados, se dice que cada uno cooperó hasta con quinientos pesos aproximadamente, cuando está prohibido solicitar o condicionar la entrega de documentación oficial a los estudiantes.
Síguenos