Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) vuelven a manifestarse este lunes frente a Galerías Toluca y bloquearon los carriles centrales y laterales de Paseo Tollocan, para exigir que las autoridades formalicen la cancelación de los exámenes de conocimientos que, de acuerdo con las disposiciones originales, podían poner en riesgo su permanencia laboral.
Cabe recordar que el pasado viernes 6 de noviembre el personal judicial suspendiera actividades y saliera a las calles de Toluca para rechazar el nuevo sistema de evaluación. Un día después, el sábado 7, representantes sindicales, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, anunciaron un acuerdo para modificar las reglas que habían provocado la inconformidad.
Los trabajadores señalan que, aunque se informó públicamente sobre la eliminación de las disposiciones que permitirían sanciones y despidos por las calificaciones, todavía no cuentan con un documento oficial que respalde ese compromiso, por lo que mantienen las movilizaciones y exigen que los cambios queden establecidos formalmente y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para tener certeza sobre las condiciones en las que se realizarán las evaluaciones y las garantías para conservar sus plazas.
¿Qué acordaron las autoridades con los trabajadores?
El acuerdo anunciado el sábado 7 de noviembre contempla retirar las disposiciones que permitirían sancionar o separar del cargo a los trabajadores por los resultados de sus evaluaciones. También establece eliminar la posibilidad de que los titulares de juzgados y tribunales soliciten exámenes extraordinarios.
Otro de los compromisos consiste en revisar el peso de las valoraciones realizadas por superiores jerárquicos y compañeros de trabajo, debido a que los empleados consideraban que estos criterios podían utilizarse de manera subjetiva y abrir la puerta a presiones o represalias laborales.
Además, se informó que los exámenes previstos para diciembre conservarían un carácter diagnóstico, es decir, servirían para identificar conocimientos y áreas de oportunidad, pero sus resultados no podrían utilizarse para retirar plazas o despedir personal.
Aunque el acuerdo del sábado permitió destrabar el conflicto que provocó un paro de labores en juzgados y tribunales federales de distintas entidades, la falta de un documento que formalice los compromisos mantiene la inconformidad entre los trabajadores.
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