Toluca, México; 11 de mayo de 2018. El Estado de México es uno de los más peligrosos del país para los políticos. En el actual proceso electoral que inició en septiembre del año pasado, han sido siete los candidatos a un puesto de elección popular agredidos en la entidad, seis de ellos fallecieron. A causa de la inseguridad, 225 aspirantes a alcaldes y legisladores locales en la entidad han solicitado la anulación de su registro.
De acuerdo con investigación del portal Excelsior, han sido 341 aspirantes a nivel federal que han solicitado la anulación de su registro ante el INE. A nivel estatal, suman 660 las bajas de los candidatos ante los institutos electorales estatales.
Las entidades con mayor número de políticos que han solicitado la anulación del registro son Oaxaca (306), Estado de México (225), Chihuahua (80), Guerrero (24) e Hidalgo (16).
Desde la llegada al Ejecutivo estatal del gobernador Alfredo del Mazo, la tierra del presidente Peña Nieto ha vivido una crisis de inseguridad que ahora ya no sólo afecta a los ciudadanos mexiquenses; ahora la clase política del estado ha sido presa del crimen organizado. Al menos siete ataques contra candidatos y militantes de partidos políticos han sucedido en el Estado de México. Seis de ellos fallecieron y uno resultó lesionado e ingresado a un nosocomio del oriente del estado.
El 3 de enero de este año, Luis Alberto Sánchez Trujano, líder de la asociación civil “Tiempos de Paz” y activista del Movimiento de Regeneración Nacional en Chimalhuacán fue asesinado en ese municipio por un sujeto que abrió fuego contra él. Los disparos en pecho y brazo fueron suficientes para arrebatarle la vida a quien había participado en protestas contra el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.
Posteriormente, Ramón Padilla Insense, líder de Morena en el municipio de Teotihuacán, fue ultimado el 17 de enero en ese municipio. Su cuerpo fue hallado por policías estatales en calles de ese municipio, y declararon que había sido encontrado con un impacto de bala en el cráneo.
El tercero en la lista y el caso que movió a las altas esferas del priismo mexiquense fue Francisco Rojas San Román, quien el 6 de enero falleció cuando era trasladado a un hospital para su atención médica.
Él fue atacado, junto con su cuñada, Eugenia Cano Romero, el 2 de febrero de este año afuera de su domicilio, en la colonia San Lorenzo Río Tenco. Logró sobrevivir y fue traslado a un hospital de la zona, pero por complicaciones en su estado de salud perdió la vida a bordo de una ambulancia cuatro días después del ataque.
Esa semana fue violenta contra la clase política mexiquense. Tres días después de la muerte de San Román, el dirigente estatal del Partido Encuentro Social en el Estado de México, Vicente Onofre, sufrió un atentado en la carretera Chalco-Santa Catarina por hombres a bordo de un automóvil Shadow y una Caribe blanca. Él sobrevivió la agresión.
La familia de Onofre ya había sufrido un ataque, cuando el 30 de marzo del 2017 Guillermo Romero Pozas, en ese entonces doceavo regidor de Chalco, hijo de María Pozas Parrado e hijastro de Vicente fue agredido a balazos por hombres desconocidos en ese municipio del oriente mexiquense.
El 14 de marzo Manuel Martínez Nieto, quien fuera candidato a la alcaldía de Ixtapaluca por el Partido Acción Nacional y a una diputación federal por Movimiento Ciudadano, fue asesinado en las calles del municipio de Ixtapaluca.
Casi un mes después Alejandro Espejel, candidato a la quinta regiduría de Tepetlaoxtoc, fue balaceado y falleció en el poblado de San Pablo Joalpan, frente a un local de artículos electrónicos en la calle Río Bravo de ese municipio.
El último de la lista fue Adiel Zemann Miguel, candidato por la coalición de Morena, PT y PES a la alcaldía de Tenango del Aire. Fue secuestrado cuando regresaba de un evento en la capital mexiquense y localizado su cuerpo el 4 de mayo en el municipio de Ixtapaluca.
Sin embargo, a pesar del escenario de violencia en el Estado de México, el secretario de Gobierno del Estado de México, Alejandro Ozuna Rivero, ha descartado en por lo menos dos ocasiones reforzar la seguridad para los candidatos, y ha indicado que la violencia en el estado es un tema coyuntural y no estructural, por lo que las elecciones, para él, se realizarán en un ambiente óptimo el próximo 1 de julio.
Primero, el 8 de febrero de este año, el ex presidente municipal de Toluca en el periodo de 1993 a 1996, afirmó que, a propósito del asesinato de San Román, que “No se requiere tomar medidas más serias porque es un evento que, insisto, esperemos saber los móviles de este acontecimiento, hasta el momento no indica nada que haya sido de carácter político-electoral […] hasta el momento hay tranquilidad, ningún partido ni organización política ha demandado alguna petición adicional de seguridad”.
Y reafirmó lo dicho en ese mes en abril, cuando descartó las incidencias de violencia contra los capacitadores electorales, pues dijo que “Hasta este momento las incidencias, diría yo, son menores, sobre todo en el Valle de México se han presentado robos a celulares o algún equipo de trabajo de la gente que está capacitando a los funcionarios electorales”, y reafirmó su convicción de no reforzar la seguridad para los políticos, pues, según él, ningún partido político le había solicitado hasta ese entonces inquietudes en materia de seguridad.
No obstante, los datos duros contradicen la opinión de Ozuna, cuyo hijo es el actual candidato a la diputación del distrito 26 de Toluca, José Ozuna Rivero, quien fincó su incipiente carrera política tras bambalinas del Comité Ejecutivo Municipal del PRI y mediante el impulso de su padre.
De acuerdo con datos del portal CNN, desde el 8 de septiembre del año pasado hasta el 8 de abril 22 candidatos a algún puesto público han sido asesinados, ha habido 173 agresiones contra políticos y 79 han sido asesinados, 49 han sido amenazados y 13 agredidos con arma de fuego y 6 secuestros.
De los 79 políticos asesinados, 21 han sido precandidatos, 14 ex alcaldes, 13 regidores, 10 militantes partidistas, 8 alcaldes y 13 desempeñaban sus funciones en otros cargos públicos, situación que ha alertado al secretario general de la Organización de Estado Americanos, el uruguayo Luis Almagro.
El director general de la consultora Etellekt en México, Rubén Salazar, indicó al portal CNN que “Hay más de 3 mil 400 puestos en juego, y esto representa un serio desafío para el Estado mexicano en lo que se refiere a brindar seguridad a los aspirantes y actores políticos involucrados en estos procesos”.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2017 se registraron en el Estado de México 291 mil 3 delitos, de los cuales 3 mil 48 fueron homicidios, 64 feminicidios, 173 secuestros y 618 delitos electorales.
Durante los tres primeros meses de este año, en la tierra de Peña se han cometido 65 mil 592 delitos, 716 homicidios, 12 feminicidios, 44 secuestros y 11 delitos electorales.
Sin embargo, la administración del tercero de la dinastía de los Del Mazo, Alfredo del Mazo Maza, indicó el año pasado, durante la inauguración del Parque Ehécatl en Ecatepec, el municipio más poblado e inseguro del Estado de México, que la incidencia de secuestros, extorsiones y robos habían disminuido en un 17 por ciento en sus primeros tres meses de gobierno.
No obstante las cifras del Secretariado Ejecutivo, esa cantidad representa un porcentaje muy bajo de los delitos cometidos en el Estado de México.
De acuerdo con el estudio del índice Global de Impunidad México 2018, realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), en México 93 de 100 delitos no se denuncian, debido a la escaza credibilidad de las autoridades de justicia en el país, así como de la corrupción en todos los órdenes de gobierno que impera en la nación.
En ese estudio, la universidad poblana informó que el Estado de México es el más impune del país, con un promedio de 80.06 puntos, once más que el promedio nacional que ronda los 67.42 puntos.
Ese estudio arrojó cifras aterradoras para la justicia mexiquense. En el Estado de México hay en promedio 2.32 jueces por cada cien mil habitantes y sólo posee 1.01 agencias del Ministerio Público por la misma cantidad de población.
Los anteriores datos demuestran que el sistema judicial del Estado de México está al borde del colapso debido a los escasos elementos de seguridad en relación con la población estatal, que supera los 17 millones de habitantes, por la corrupción imperante en los órdenes de gobierno, y por la ineficacia y falta de voluntad política de la administración de Alfredo del Mazo, a través del secretario de Gobierno, Alejandro Ozuna, de proporcionar seguridad a la gente y a los políticos.
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