La madrugada del 10 de julio de 2023, hombres armados irrumpieron en la Central de Abasto de Toluca, dispararon y prendieron fuego a los puestos donde dormían familias de comerciantes. Asesinaron a nueve personas, entre ellas tres adolescentes. Más de tres años después, sigue sin conocerse una condena por la masacre. 

Beatriz tenía 18 años. Su nombre faltaba en la primera lista de víctimas. Después del ataque en la Central de Abasto, sus familiares creyeron que estaba desaparecida. Una prueba genética les permitió saber qué había sido de ella. El viernes 14 de julio la enterraron en San Mateo Otzacatipan, la misma comunidad de Toluca donde la habían asesinado cuatro madrugadas antes. 

Ese viernes hubo otro entierro en San Antonio Acahualco, municipio de Zinacantepec. Cuando los cuerpos de Gerardo Marcelino y Lidia Antonio llegaron al panteón, un conjunto norteño tocó Que nos entierren juntos. Eran marido y mujer. Tenían un puesto frente al de una familia de Ixtlahuaca que aquel fin de semana tuvo que velar a seis de los suyos. A Lourdes Díaz y Benito Ramírez. A Pilar Ramírez Díaz y a sus tres hijos adolescentes, Areli, Cristhian y Alexandra Enríquez. 

Los muchachos habían crecido entre las tarimas de la Central. Que estuvieran allí de madrugada tenía una explicación. Dos días después de la matanza, una pariente se la dio a la reportera Dozhara Limón, de Reforma. Los comerciantes se turnaban para dormir junto a sus puestos. A cada familia le tocaba una semana. 

El derecho a volver por la mañana 

Los vendedores llamaban La Isla a una zona de la nave 7 de la Central de Abasto, en la vialidad José López Portillo. Allí vendían fruta, verdura y pollo. La familia de Lourdes y Benito llevaba más de veinte años en el lugar. Según su pariente, la administración pasaba todos los días a cobrarles por el espacio. Durante años les bastó con pagar para volver al día siguiente y encontrar su puesto donde lo habían dejado. 

La mujer situó el principio del pleito unos cuatro años antes de los asesinatos. Unas personas se presentaron como dueñas y dijeron que querían instalar un depósito de cerveza, refrescos y abarrotes. Alrededor de quince familias podían perder su lugar. Pidieron que las reubicaran y acudieron a los tribunales. Una mañana, al llegar a trabajar, encontraron un local construido donde habían vendido unos compañeros. Sus cosas estaban hechas a un lado. A partir de entonces empezaron a hacer guardias. 

En la Central había una diferencia antigua entre quienes trabajaban detrás de un mostrador y quienes podían decidir sobre el inmueble. La elección del Consejo de Administración correspondía a los condóminos. En abril de 2021, durante una disputa por el control de las oficinas, un expresidente del Consejo tomó el sonido local y pidió a comerciantes y trabajadores que se hicieran a un lado. La decisión, les recordó, les tocaba a los condóminos. Para una familia cuya subsistencia dependía de unos metros de piso, aquella distinción tenía consecuencias al terminar la jornada: mientras se resolvía quién podía disponer del terreno, alguien tenía que quedarse a cuidarlo. 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reconoció después que los minoristas habían obtenido una suspensión provisional en un juicio de amparo. También sostuvo que los habían amenazado para que se fueran y que se había simulado un cateo con el pretexto de buscar droga. El litigio precedía al crimen. En cambio, sigue sin conocerse qué autoridad recibió noticia de las amenazas antes del 10 de julio o qué protección obtuvieron quienes las padecían. 

La madrugada del lunes 

Según la reconstrucción que el Ministerio Público presentó ante el juez, hacia la 1:15 de la mañana entraron dos vehículos en la Central. Varios hombres armados se dirigieron a La Isla. Allí estaban siete integrantes de la familia de Ixtlahuaca. Seis fueron asesinados. El séptimo sobrevivió con quemaduras graves en manos y pies, contó su pariente. Gerardo y Lidia estaban en el puesto de enfrente. Al mediodía, la Fiscalía informó que ocho víctimas habían fallecido en el lugar y una novena, en el hospital. 

Las imágenes de la tragedia: Así quedó la Central de Abastos de Toluca después del incendio

La tarde de ese lunes circuló una grabación atribuida a una cámara de seguridad. Uno TV documentó su difusión. En las imágenes, un hombre vertía líquido de un recipiente antes de que aparecieran las llamas. La grabación permitía distinguir una conducta deliberada. Quedaba por establecer quién era ese hombre, con quién llegó y adónde fue después. En los materiales públicos revisados por AD no aparece el dictamen que permita saber si la Fiscalía obtuvo el archivo original, si pudo reconstruir el recorrido de los vehículos o si presentó el video en juicio. 

Otra pista quedó en un comunicado municipal. El alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, declaró ese mismo día que los guardias privados habían restringido el paso de la Policía Municipal y sí habían dejado entrar a los bomberos. Más adelante, el gobierno federal afirmó que los vigilantes habían obstaculizado el acceso de las autoridades. Importa la precisión: una de las víctimas salió con vida y falleció en el hospital. Las horas de la llamada de auxilio, de la llegada de las unidades y de su ingreso a la nave permitirían establecer si hubo una demora y a quién podía atribuirse. Las declaraciones públicas no resuelven esa secuencia. 

El alcalde habló de una riña entre dos grupos por un predio de unos 400 metros cuadrados entregado en comodato. La Fiscalía elaboró una acusación de otra naturaleza. Sostuvo que el ataque se había planeado con dos días de anticipación para quedarse con los puestos. Había testimonios sobre el posible móvil, un litigio y amenazas previas. Para probar el encargo hacía falta enlazar a quien esperaba beneficiarse del desalojo con los hombres que entraron de madrugada. Ahí empezaba la parte más difícil del caso. 

Los nueve de Palacio Nacional 

La Fiscalía dio fecha y hora para la presunta reunión: sábado 8 de julio, alrededor de las siete de la tarde. Señaló a cinco hombres. Pascual “N” presidía el Consejo de Administración. Bryan Alejandro “N” era el tesorero y Jhoan Daniel “N”, su asesor. David Jehuél “N” estaba a cargo del área jurídica y Mateo “N”, de la seguridad. Según el Ministerio Público, los cinco habían ordenado a un tercero que incendiara los dormitorios. En aquella reconstrucción, el hombre que supuestamente había recibido la orden figuraba como una persona de identidad desconocida. 

Los otros cuatro acusados eran guardias privados: Arturo “N”, Edmundo “N”, Héctor “N” y José Miguel “N”. La Fiscalía les atribuyó haber facilitado el ingreso de los agresores. A ninguno de los nueve lo identificó en el informe federal como el hombre que prendió fuego al lugar. 

El 13 de julio, cuando las familias recibían los cuerpos, Andrés Manuel López Obrador llevó el caso a su conferencia matutina. Dijo que los detenidos habían ofrecido un millón de pesos para evitar su captura. El señalamiento llegó a una audiencia nacional seis días antes de que un juez de control de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, resolviera vincularlos a proceso. 

El 25 de julio, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, proyectó en Palacio Nacional las fotografías de los nueve. Tres retratos por hilera. Una franja negra sobre los ojos y, debajo, el nombre de cada acusado. A un costado se veían las llamas y los puestos quemados. La lámina formaba parte del informe Cero Impunidad. 

El documento rendía cuenta de nueve vinculaciones a proceso. Para entonces, el propio alcalde de Toluca había reconocido públicamente que faltaba detener a los autores materiales. Esa parte de la historia cabía en la misma pantalla: frente a las cámaras estaban los nombres de quienes habrían dado la orden y de quienes habrían franqueado el paso. Faltaban los de quienes entraron a matar. 

Las fotografías que quedaron en Toluca 

Once días después del crimen, comerciantes y condóminos se plantaron frente a las oficinas de la administración. Exigían una asamblea. Algunos dijeron que habían perdido más de la mitad de sus ventas. Quien vivía de vender fruta o verdura tenía razones para abrir otra vez. También las tenía para temer que, al cabo de unos meses, la ciudad pasara por allí como si nada hubiera ocurrido. 

Los comerciantes reservaron un lugar para los muertos. En el primer aniversario, El Sol de Toluca y FactorMX documentaron un altar con fotografías. En el segundo hubo misa y mariachis. Tres PM y Meganoticias estuvieron entre los medios que regresaron a la nave. En octubre de 2025, los locatarios cubrieron de pétalos de cempasúchil el piso de lo que había sido un negocio y pusieron al fondo los retratos. 

Sería injusto decir que la prensa olvidó a las víctimas. Hay fotografías, crónicas y reporteros que volvieron. Lo que cambió fue quién convocaba a mirar. En julio de 2023, la Presidencia de la República dedicó dos mañaneras al caso. En los aniversarios fueron las familias y los compañeros de trabajo quienes reunieron a los periodistas. Mientras ellos podían contar qué había sido de cada familia y dónde habían enterrado a sus muertos, seguía pendiente una explicación pública sobre el destino de la investigación. 

La puerta de Santiaguito 

La noche del 22 de octubre de 2026, más de tres años después de la masacre, otras familias esperaban a las puertas del penal de Santiaguito. Eran parientes de los acusados. 

De los nueve procesados en 2023, dos habían recuperado la libertad con anterioridad. Según la reconstrucción publicada por La Jornada Estado de México el 13 de noviembre, los siete restantes fueron absueltos del homicidio calificado. Dos permanecieron en prisión por otra causa. Los cinco que pudieron salir fueron detenidos de nuevo a las puertas del penal, entre los reclamos de quienes habían ido a recibirlos. Tres recuperaron después la libertad. Los otros dos, David Jehuél y Héctor, reingresaron por una acusación de secuestro exprés con fines de extorsión. 

Los familiares sostienen que la Fiscalía presentó pruebas insuficientes en el juicio por homicidio. También denunciaron que se habían fabricado las nuevas acusaciones. La versión íntegra de la sentencia permitiría precisar qué pruebas se desahogaron y por qué el tribunal absolvió. AD no pudo verificar ese documento, el nombre de quien dictó el fallo ni si la Fiscalía lo apeló. Al cierre de esta edición, el 21 de noviembre de 2026, tampoco localizó una condena por ordenar o ejecutar los nueve asesinatos. 

Lo que Toluca puede exigirle a su Fiscalía es concreto. Había un litigio por el terreno, una suspensión judicial, antecedentes de amenazas, un sobreviviente y una grabación difundida el día del ataque. El Ministerio Público incluso sostuvo que hubo una reunión a una hora determinada y que alguien recibió allí la orden de quemar los dormitorios. ¿Qué permitió establecer cada una de esas pistas? ¿En qué punto se perdió el rastro de los hombres que entraron a La Isla? 

En uno de los homenajes, los comerciantes recordaron a Beatriz por el nombre que usaban en el mercado: Bety. En julio de 2023, su familia tuvo que esperar una prueba de ADN para saber dónde estaba. Tres años después, sus vecinos saben dónde poner su fotografía. La Fiscalía aún les debe el nombre de quien la mató. 

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