Toluca, Estado de México. 2 de agosto de 2019.- En 2018 fueron asesinados 14 defensores ambientales en México. A nivel mundial, cada semana murieron tres personas por proteger la tierra y el medio ambiente, de acuerdo con el informe preparado por Global Witness.
Esto coloca al país en el lugar número seis, de un total de 19, de las naciones donde más se criminaliza a quienes luchan en pro del entorno ecológico. En América Latina se cometieron más de la mitad de los asesinatos perpetrados el año pasado.
De acuerdo con Global Witness, un factor determinante para que el continente resulte un espacio peligroso para las y los defensores ambientales es
"la fuerte tradición de activismo por los derechos humanos que existe en la región. Esto significa que hay muchos grupos que trabajan con personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y que monitorean y denuncian los abusos”.
Dentro del territorio nacional, Oaxaca ocupa el primer lugar con 4 víctimas -Abraham Hernández, Janeth González, Rolando Crispín y Noel Castillo-, sobre todo en el contexto del desarrollo de proyectos energéticos; le siguen Puebla con tres víctimas, Chihuahua y Michoacán con dos homicidios cada uno, y luego Nayarit, Guerrero y Estado de México, con un caso cada uno.
Según la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Mocaf), un rasgo fundamental es que de las 14 personas asesinadas, 11 están asociadas a la defensa de territorios y derechos indígenas, “por lo que la criminalización está claramente asociada a la defensa de los recursos que los indígenas protegen”.
Aunque el asesinato de ambientalistas es la manifestación más violenta de un gran número de abusos que se comenten contra ellos, “la violencia no letal y la intimidación abundan”, pues “los gobiernos y las empresas utilizan los tribunales y los sistemas judiciales para silenciar a quienes amenazan sus intereses”.
En su manifestación más simple, criminalizar es “crear, reformar o reinterpretar las leyes para ilegalizar actividades legítimas, convirtiendo en criminales a quienes las realizan.” En ese sentido, Global Witness plantea la criminalización como un proceso en el que es posible identificar cinco pasos:
1. Campañas de desprestigio contra quienes defienden la tierra y el medio ambiente.
2. Cargos criminales para inculpar a las personas defensoras.
3. Órdenes de captura que se emiten de forma reiterada, aunque la evidencia sea escasa o no haya sido corroborada.
4. Procesos con irregularidades que a veces incluyen prisión preventiva, la cual puede durar varios años.
5. Criminalización masiva.
El informe de Global Witness concluye que para frenar la criminalización y violencia contra las y los defensores ambientales es necesario aumentar la transparencia y auditoría independiente del financiamiento político.
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