Toluca, México; 17 de abril 2018. José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI, comenzó desde el suelo su precampaña después de que fue anunciado para competir en las elecciones federales de este año. De inmediato fue ubicado como una de las más débiles selecciones del priismo, desde Francisco Labastida Ochoa, quien perdió ante el impresentable panista Vicente Fox.
Aquella precampaña tenía el sabor del polvo y enviaba señales hacia todos lados, anunciando una derrota sin ni siquiera pulsar a los contendientes. El PRI, a destiempo, había abandonado a su candidato y apostaba solamente por concluir un sexenio macerado, sanguinario y privatizador, cuyo último negocio, un aeropuerto internacional en Texcoco, Estado de México, costaría en principio 169 mil millones de pesos, pero que para marzo de 2018 registraría un sobreprecio de 50 mil millones de pesos.
Eso, y la corrupción en la asignación de contratos de construcción, la compra-venta de tierra y el despojo representa la cereza en el pastel de un sexenio gobernado al estilo del Grupo Atlacomulco. A pesar de que las señales provenientes de encuestas y el proverbial hartazgo y repudio del mexicano por el priismo, nadie sabe si Meade será capaz de remontar, por los métodos que sean, la ventaja de Andrés Manuel López Obrador.
Como paliativo, en Toluca el PRI se conforma con pasear la imagen de Meade en la parte trasera de las líneas de autobuses que pertenecen a la familia Alcántara, socios políticos y comerciales del presidente de México, Enrique Peña.
Pero Meade no se hunde solo o solamente por el demérito que, como un aura, demoniza su campaña. Hay todo un equipo detrás de ella, encargado hasta del tipo de desodorante que debe usar su abanderado. Y en ella hay mexiquenses operando al estilo de Peña Nieto.
Tres de los coordinadores de campaña del candidato a la presidencia por la coalición “Todos por México”, formada por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, son figuras políticas del Edomex de primer orden. El más importante de ellos es ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, vicecoordinador general de campaña. Le sigue en esa lista José Manzur Quiroga, coordinador de Propaganda, junto con la senadora Ana Lilia Herrera, coordinadora de Evaluación y Seguimiento.
El equipo de campaña, compuesto por 37 políticos y funcionarios públicos, fue presentado el 26 de febrero de 2018 en una ceremonia donde la premisa del discurso fue “convertir a México en una potencia”. Estos tres personajes serán clave para el éxito, o lo contrario, de la campaña presidencial priista mientras va entrando al punto más álgido de la contienda electoral.
Razón número uno
El ex gobernador mexiquense y dirigente del PRI nacional, Eruviel Ávila Villegas, quien desde el 18 de diciembre hizo pública su inclusión en el equipo de Meade, se ha visto involucrado en numerosos escándalos que abarcan desde corrupción, deuda pública, pobreza, inseguridad, desvío de recursos, desempleo, delincuencia y derechos humanos.
En 2011, Ávila resultó elegido para competir por el PRI en los comicios estatales que disputaban la gubernatura. En el camino de la selección interna dejó fuera a Alfredo del Mazo Maza, quien en un principio había ganado aquel proceso y, cuando celebraba su triunfo, una llamada de último minuto lo detuvo en seco. Ávila había negociado con el PRD para que lo incluyera como aspirante de ese partido y se alistaba a comprometerse con la izquierda. Eso sucedería si no era elegido por el PRI. La súbita decisión encaminó a Eruviel hacia el control del estado más poderoso del país.
Bajo la administración de Ávila, el Edoméx ocupó el quinto lugar nacional en la lista de los estados más endeudados, detrás de la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua y Veracruz. La deuda, que para el cierre del 2017 sumaba 42 mil 500 millones de pesos, representa un crecimiento porcentual de mil 649 % en cuatro sexenios y de 25 % sólo en su período. Esto sin contar el crédito de 2 mil 800 millones de pesos recientemente adquirido por Alfredo del Mazo, quien en dos meses de administración elevó la cantidad a 45 mil millones de pesos.
Entre los datos más opacos de la administración se encuentra a una malversación de 3 mil 600 millones de pesos sobre los que el gobierno de Ávila no ha entregado cuentas claras, originalmente destinados a cubrir deudas estatales, a la construcción de obras públicas y al sustento de distintos programas sociales.
El empleo de recursos para otros fines fue una constante en la administración del ex gobernador. Muestra de ello es el señalado desvío de recursos orignalmente destinados hacia educación, infraestructura y desarrollo. Según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante 2016 se registraron salarios excedentes, trabajadores dados de baja o no localizados, redimientos y subejercicios no registrados en la Tesorería de la Federación, transferencias que no hizo la Secretaría de Finanzas del estado o sencillamente cuentas equivocadas por concepto de materiales, como uniformes o programas sociales, que sumaron en total mil 551 millones de pesos. Y entre toda esta indeterminación, también se añaden detalles como el empleo de la flota de helicópteros gubernamentales usados como transporte privado para él y su gabinete, además de ponerla a disposición de empresas como Televisa. Estas actividades, entre los años de 2014 y 2015, suponieron una inversión presupuestal de 253 millones 732 mil 823 pesos para la Coordinación de Servicios Aéreos del Edoméx.
La deuda estatal dio un salto de 4 mil millones 379 mil pesos desde 2011, cuando la cifra se situaba en 38 mil 196 millones y que, para 2017, escaló hasta los 42 mil 196 millones. Aunado a estos datos, el portal electrónico Sinembargo.mx sugería, desde una investigación que realizó el colectivo “México, ¿cómo vamos?”, tomar la información con cautela, pues representan sólo una parte del monto total.
La inseguridad
Desde su toma de poder, la entidad mexiquense comenzó una caída en picada que arroja cifras rojas en materia de delincuencia, corrupción, violencia, feminicidios, violaciones a los derechos humanos, pobreza y crimen organizado. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), de 2011 a 2017 se reportaron 11 mil 749 homicidios, lo que convirtió a la entidad como una de las más peligrosas del país. Para 2016, el territorio mexiquense se colocó en el primer lugar de secuestros, con un registro de 254 que rompió su máximo récord histórico.
A esto se suma la actividad del crimen organizado que, con cifras de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), para 2015 ya se encontraban en operación 5 grupos delictivos: la Familia Michoacana, con un 74 % del control sobre el territorio; el Cártel del Estado, con 9 %; La Empresa, con 7 %; Guerreros Unidos, con 6 % y La Nueva Empresa, con 4% de control en la entidad mexiquense.
En la actualidad, el Estado de México se posiciona entre las entidades más peligrosas de país, sólo por debajo de Michoacán, Quintana Roo y Guerrero para 2017. A comienzos de este año Estados Unidos emitió una alerta de viaje en la que coloca al territorio mexiquense dentro de las 10 entidades más peligrosas, debajo de Durango, Colima y Coahuila, etiquetándola en el Nivel 3, que indica “Reconsiderar el viaje”. A eso se sumó recientemente Alemania, que también exhorta a sus ciudadanos pensar dos veces antes de visitar suelo mexiquense.
La encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2016) dice que en el Estado de México ocurren 56 mil 835 delitos por cada 100 mil habitantes y de ellos los más comunes son el robo o el asalto, tanto en la calle como en el transporte público, seguido por la extorsión y el fraude bancario y al consumidor. La estadística de víctimas por cada 100 mil habitantes es de 45 mil 745.
Por su parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública arroja que de octubre de 2011 a julio de 2017 se cometieron 12 mil 159 homicidios dolosos. Las cifras han levantado sospechas, pues el Observatorio Nacional Ciudadano ha denunciado la opacidad que caracterizó a la administración de Ávila Villegas.
La violencia de género
El 28 de julio de 2015 se emitió la Alerta de Violencia de Género en el Estado de México (AVGEM). Distintas organizaciones la habían solicitado con tres años de anticipación, entre ellas la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), así como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNAPASEVM) declaró el Estado de Alerta en 11 municipios mexiquenses: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepanlta de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.
Durante el sexenio eruvielista, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) contabilizó 626 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 296 (47 %) fue investigado como tal y, para 2017, únicamente 10 casos recibieron sentencias, de acuerdo con datos de la OCNF, además de que para la segunda mitad de ese año ya se habían registrado otros 152. A esto se suman las 12 mil 267 denuncias ante el Ministerio Público por violaciones, número que no refleja la totalidad del espectro pues no todas las víctimas denuncian a los perpetradores, entre otras razones, porque con frecuencia se les criminaliza o se les canaliza con negligencia institucional, indican activistas.
Ecatepec es el municipio que encabezó la lista de las entidades donde se cometieronn más feminicidios desde 2011, año en el que Eruviel abandonaba la presidencia de ese municipio para buscar la candidatura a la gubernatura estatal. Para 2015, se posicionó por encima de Ciudad Juárez en violencia contra la mujer y en agresiones físicas, sexuales y psicológicas.
En 2017 se registraron 301 homicidios dolosos de mujeres en suelo mexiquense, que ubicó al estado en el primer lugar a nivel nacional seguido de Guerrero, con 219; Chihuahua, con 212; Baja California, con 211, y Guanajuato, con 159. Los municipios con mayor incidencia fueron Nezahualcóyotl, con 6; Lerma, Zumpango y Nicolás Romero, con tres cada uno, y Villa del Carbón e Ixtlahuaca, con dos cada uno.
Pobreza y desempleo
Los índices de pobreza tampoco dejan en buenos términos de percepción social al período de Ávila Villegas, cuya administración dejó incumplidas numerosas promesas de campaña. Desde el lanzamiento y la cobertura a medias de la tarjeta “La Efectiva”, en 2011, hasta las cifras registradas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2014, donde 49.6 % de los mexiquenses se consideraron pobres (8 millones 269 mil 900 ciudadanos), el estado del bienestar social padecía un detrimento generalizado que iba en aumento. Estas carencias también se vieron reflejadas en el acceso a la educación, donde 15.3 % se encontraba en rezago; en el acceso a los servicios de salud, a los que 19.7 % no tenía acceso; en la calidad y los espacios de vivienda, donde 10.3 % no contaba con ellos, y en el acceso a los servicios básicos, que carecía 12.4 % de la población.
En 2012, según CONEVAL, 45 % de mexiquenses se ubicaban en el nivel de pobreza, porcentaje que aumentó a 47.9 % en 2016, de acuerdo con lo obtenido por el Índice de Pobreza 2014-2016. Y lo mismo sucede para los casos de pobreza extrema, pues en 2012 el 5.8 % de la población se encontraban dentro de la categoría mientras que en 2016 el porcentaje aumentó a 6.1 %.
En materia de desempleo, el Índice de Tendencia Laboral arrojó que desde 2011 más personas obtienen un ingreso cuyo valor es menor al de la canasta básica, índice que ha ido de arriba a abajo durante el sexenio del ex gobernador ecatepequense para culminar en 2017 por encima del registrado el año de su toma de posesión.
CONEVAL reveló que, en 2014, el número de mexiquenses cuyo ingreso se ubica por debajo de la línea de bienestar subió a 9.8 millones de habitantes, 2.5 millones más que el año anterior. Según el INEGI, para 2016, el Estado de México tenía la segunda tasa de desempleo más alta del país, mientras que el primer lugar lo ocupaba Tabasco. Para 2017, la tasa se ubicó al 4.1 % y ocupó el cuarto lugar, sólo por encima de Tamaulipas y debajo de la Ciudad de México, Querétaro y Tabasco.
Los derechos humanos
Los crímenes de lesa humanidad cometidos en Tlatlaya, donde militares ejecutaron a 12 personas arbitrariamente y 22 perdieron la vida (cuatro heridos en el enfrentamiento contra el Ejército Mexicano, tres heridos durante el fuego cruzado y tres más sobre las que no se pudo aclarar la condición de su muerte, además de los ejecutados), es quizás uno de los acontecimientos que más pesan sobre los hombros de Eruviel; sin embargo, en el Estado de México se han registrado otro número de violaciones a los derechos humanos durante su administración.
Desde torturas y condiciones denigrantes en los penales estatales hasta la Ley Eruviel, antes conocida como Ley Atenco y en su momento sintetizada como la que castigaría con el uso de la fuerza cualquier manifestación ciudadana, la administración recibió en su momento numerosas recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otras organizaciones internacionales, a las que también se añaden las emitidas con relación a la violencia de género.
El abuso de poder y la corrupción son el uno-dos que sometió a los defensores de los derechos humanos en el Estado de México, quienes para 2016, en al menos 27 municipios, se unieron para constituir un frente en defensa de la tierra, el agua, los bosques, los derechos indígenas y el medio ambiente. Así lo denunció José Antonio Lara Duque, presidente del Centro de Derechos Humanos Zaferino Ladrillero (CDHZL), el mismo año en vísperas del Quinto Informe de gobierno. Al menos tres defensores fueron agredidos en el territorio mexiquense de 2015 a 2016.
Entre las denuncias de Lara Duque se ennumeraron despojo de tierras para la construcción de vías aéreas y terrestres y de proyectos inmobiliarios privados, citando los casos de San Salvador Atenco, en el sexenio de Enrique Peña, y de Texcoco, además de otros que fueron denunciados por indígenas otomíes de Huitizilapan, Xochicuautla y Magú. Desde la presentación del equipo de campaña priista para competir en la carrera electoral, fue evidente que el proyecto político que encabezan perpetuará las mismas viejas fórmulas que han producido las circunstancias actuales.
Razón número dos
Otro de los mexiquenses en campaña con Meade es José Manzur Quiroga, coordinador de Propaganda. Tiene una larga trayectoria en las filas del PRI y en el servicio público del Estado de México, que data de 1977. A partir de entonces, la estrecha relación que tanto él como su familia han procurado con importantes figuras de la política nacional y mexiquense le han facilitado una escalada que le ha conseguido amasar fortuna y poder. Por otro lado, en su historial también se asoman antecedentes de corrupción, nepotismo, narcotráfico y conflictos de interés.
Casi maestro
De acuerdo con la ficha del Sistema de información Legislativa (SIL), Manzur obtuvo su título como contador público por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y pronto consigiuió, en 1977, la Subdirección de Servicios Escolares en esa misma institución. No mucho después ascendió a director y luego a secretario administrativo. Ese mismo año comenzó a liderar el Movimiento de la Juventud Revolucionaria del PRI. Estuvo 2 años como profesor de tiempo completo en la UAEM, de 1981 a 1982. A partir de ese momento su desarrollo dentro de la esfera política comenzó a echar raíces.
Después se desempeñó como director general de Recursos Materiales de la Cámara de Diputados (1991-1994), que lo lanzó al Comité Ejecutivo Nacional del PRI (1993-1994) además de instalarlo como coordinador de Recursos Materiales durante la campaña de Luis Donaldo Colosio. En 1998 llegó a la Coordinación General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, cobijado por el entonces gobernador del Estado de México, César Camacho Quiroz.
Así comenzaba el ascenso para Manzur Quiroga, quien para el año 2000 obtuvo la Subsecretaría Regional de Gobernación de Tlalnepantla a través de los lazos que estrechó con el ex gobernador mexiquense, Arturo Montiel Rojas. Con este antecedente, se postuló a una diputación local a través de la vía plurinominal, contienda que libró y perdió en dos ocasiones (2003 y 2006).
En 2005, la suerte trajo consigo a un nuevo gobernador estatal directamente de la Cámara de Diputados: un joven político oriundo de Atlacomulco en cuya campaña Manzur prestó servicios como secretario técnico y quien, a su vez, ya ganada la contienda electoral, le nombró subsecretario general de Gobierno.
Entre 2009 y 2012 Manzur registró años afortunados, pues consiguió la diputación local en la LVII Legislatura y después una diputación federal. En 2014, los resultados en materia de seguridad estatal no satisfacían al entonces gobernador mexiquense ni cumplían con las promesas de su campaña, razón por la que éste decide sustituir a Efrén Rojas Dávila para traer a Manzur.
El negocio familiar al servicio del Estado
Los Manzur poseen un negocio familiar, “Grúas Manzur de Toluca S.A de C.V”. Desde la constitución legal de la empresa familiar, bajo la fe notarial de Franklin Libien Kaui en 2009, Grúas Manzur extendió su flota a más de 47 grúas, además de que prestaba servicios a la administración estatal, en donde trabajaban dos hermanas, la hija y dos sorbinos de Manzur como servidores públicos: Silvia Cristina Manzur Quiroga, titular del Centro Mexiquense de Ciencia y Tecnología (CONACyT); María de los Ángeles Manzur Quiroga, para ese momento directora de la Preparatoria No. 3 de la UAEM; Anna Sofía Manzur García-Maass, directora general de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del Estado de México; Jesús Alberto Ramírez Manzur, director de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de Metepec y Érick Sergio Ramírez Manzur, director general de Control Operativo de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal.
Según el portal La Silla Rota, Grúas Manzur en sus dos ramas, Toluca y La Maquinita, opera en 12 municipios del Estado de México: Toluca, Almoloya de Juárez, Metepec, Lerma, Temoaya, San Mateo, Zinacantepec, Otzolotepec, Xonacatlán, Ixtlahuaca, Santiago Tianguistenco y Tenango de Valle. De las cuatro empresas que administran grúas en estos municipios, dos son de los Manzur Quiroga. Además, José posee 90 % de las acciones de otra empresa del mismo carácter, Transportes Sofran S.A de C.V.
Entre los contratos entregados a Grúas Manzur, existe un convenio de colaboración con la Secretaría de Transporte (actual Secretaría de Movilidad) para “el programa de chatarrización” en 2012, firmado por Martha Hilda Manzur Quiroga como representante de la empresa, y los trabajos de identificación y movilización de automóviles en situación de abandono para su eventual destrucción. Asimismo, la emisión de tres pagos a la empresa Grúas Manzur Toluca S.A de C.V por parte de la Secretaría de Finanzas en 2014, con José Manzur Quiroga como diputado federal y como secretario general de Gobierno. Los montos son de 85 mil 708 pesos y 8 centavos, el 14 de mayo; 191 mil 532 pesos, el 11 de septiembre, y un millón 490 mil 885 pesos, el 4 de diciembre.
Los lindes con el crimen organizado
El antecedente más oscuro de Manzur se encuentra en los vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado de los medios hermanos, José y Eduardo Manzur Ocaña. El primero, ex delegado de la Procuraduría General de la República, fue señalado de proteger una red de narcotráfico de la Familia Michoacana que operaba en al menos 15 municipios del Estado de México, entre ellos Toluca, Metepec y Lerma; el segundo, ex secretario técnico del municipio de Coacalco, de mantener vínculos con el crimen organizado. José fue retirado del servicio de la PGR en medio de un escándalo por la venta de plazas en el sur del Edoméx a dos distintos cárteles. Actualmente vive en El Oro, donde pasea sin problemas por las calles de aquel municipio. Por su parte, Eduardo fue acribillado en Coacalco.
Uno de los responsables de administrar y cobrar renta a las distintas narcotiendas de la entidad, Noé Sánchez Avendaño, declaró en investigaciones ministeriales sobre la operación que llevaban los hermanos en el estado cuando ingresó al Programa de Protección de Testigos de la PGR.
En su testimonio, identificó a Manzur Quiroga como el principal protector de la red, pues a él se le entregaba el dinero cobrado. También señaló al otro José como informante de los líderes narcomenudistas, a quienes daba alertas cuando la seguridad estatal practicaba operativos. Sánchez Avendaño fue asesinado un mes después de la salida de Ocaña de la PGR.
Los lujos y los bienes
Un rancho de casi cuatro hectáreas que contiene un zoológico, una mansión y una colección de 136 automóviles; 23 propiedades entre 11 casas, 9 terrenos, un departamento y dos locales comerciales que suman en total más de 55 millones de pesos y 15 más a nombre de su esposa, quien además percibe anualmente 323 mil 951 pesos; cuentas que suman millones más en los bancos de Bancomer, HSBC y Banorte; distintas inversiones en empresas que cada una suma el medio millón de pesos o más; ingresos anuales netos por 2 millones 953 mil 609 pesos para 2017, divididos entre encomienda pública, actividades financieras y misceláneas. Bienes que acumulan un total de 85 millones de pesos, reportados en su declaración 3de3 de 2016. Otros artículos como joyas alcanzaban valor de 3 millones, más otros 5 millones en obras de arte, compradas en 1999.
Manzur Quiroga sólo declaró impuestos al ISR por 135 mil 907 pesos en 2016.
Razón número tres
La senadora priista y ex secretaria de Educación mexiquense, Ana Lilia Herrera Anzaldo, se ha incorporado a las filas de la campaña como coordinadora de Evaluación y Seguimiento, y supervisará las actividades que se desarrollen en cada área. Herrera tiene una larga trayectoria como servidora pública y destacó desde la administración Arturo Montiel Rojas. Herrera fue una de las senadoras que en 2017 votó a favor de la controvertida Ley de Seguridad Interior, junto a la ex presidenta municipal de Toluca, María Elena Barrera Tapia.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y maestra en Derechos Humanos y Garantías por el ITAM, la trayectoria política y administrativa de Herrera comienza a asentarse cuando en 1999, de la mano de su mecenas político, Sadot Fabila, es presentada en la campaña de Arturo Montiel. Después asumió la Coordinación General de Comunicación del Estado de México hasta el año 2000, cuando se convierte en secretaria técnica del Consejo Estatal de Población (COESPO) del Estado de México. Sus cargos incluyen la Secretaría de Desarrollo Social, la Dirección General del Instituto Mexiquense de la Mujer, hoy CEMyBS, (apoyada por el entonces gobernador Enrique Peña), en 2002 y 2005 respectivamente, para llegar en 2012 a la presidencia municipal de Metepec.
Las controversias
Herrera Anzaldo se ha asomado de manera intermitente en los titulares de la prensa y los medios de comunicación por diversas circunstancias que abarcan desde su trayectoria académica, su voto a favor de legislaturas cuestionables y hasta su posible vínculo con familiares incómodos de funcionarios a los que ella ha patrocinado para ocupar cargos públicos en la entidad.
Fue llamada #LadyTesis cuando se encontraba al frente de la Secretaría de Educación. Levantó sospecha sobre su trayectoria académica cuando en 2016 se le acusó de haber presentado una “tesis fantasma” para obtener su título en la UNAM. Herrera renunció a la Secretaría de Educación un año después para reincorporarse en el Senado.
Otro antecedente que llamó la atención fue la súbita aparición en 2016 del prepotente Emir Garduño Montalvo, también conocido como #LordRollsRoyce y hermano de Jair Garduño Montalvo. Jair fue nombrado coordinador del Instituto Municipal del Deporte en 2011 por la senadora Herrera, entonces alcaldesa de Metepec, y en la siguiente administración Mariano Camacho San Martín le invitó a convertirse en el entrenador personal de su papá, el también ex gobernador César Camacho. Jair es hoy candidato a la alcaldía de Metepec por el Verde Ecologista.
El hecho que atrajo más la atención de la mirada pública sobre Herrera fue la inclusión de su nombre entre los legisladores mexiquenses del partido tricolor que votaron a favor de la Ley de Seguridad Interior. La ley, aprobada por la Cámara de Diptados en noviembre del año pasado, ha recibido duras críticas no sólo de la población mexicana, sino de múltiples organizaciones internacionales y activistas defensores de los derechos humanos.
Tanto la ONU como la CIDH y AI señalaron el impacto negativo en materia de derechos humanos que producirían las prácticas que avala la ley; por otro lado, el argumento de la oposición, de activistas y de diversos personajes públicos no fue suficiente para la senadora ni para la anterior presidenta municipal de Toluca, María Elena Barrera Tapia, y la banca completa del PRI que, en conjunto, contribuyeron a colocar la legislación.
Los invitados de piedra
Pero no sólo los tres personajes mexiquenses llaman la atención en el equipo de campaña que pretenden llevar a Meade a la presidencia, pues entre los 37 miembros se encuentran algunos que contribuyeron a construir la imagen y la estrategia de la carrera electoral en 2012 que condujeron a Enrique Peña Nieto a Los Pinos.
Entre ellos están Alejandra Lagunes Soto Ruiz y Alejandra Sota Mirafuentes, coordinadora de Redes Sociales y estratega de Comunicación de Campaña, respectivamente. Lagunes, además de su trabajo en Televisa como ex directora comercial, se colocó en medio de las campañas digitales con tendencia política al haber dirigido el ejército de “peñabots” que inundan las redes sociales favoreciendo a Peña Nieto y atacando a periodistas y líderes políticos de oposición.
Exitosa estratega comunicacional, puede responsabilizarse a Sota por el éxito obtenido, primero, de llevar a Acción Nacional a la presidencia, asegurar el mandato de Felipe Calderón y, segundo, de conducir a Alfredo del Mazo Maza y a Eruviel Ávila a la gubernatura del Estado de México, operación que ha repetido con este último para conseguir la dirigencia del PRI nacional. Ambas desempeñarán un papel determinante en la campaña de Meade Kuribreña para orquestar la “guerra sucia” mediática contra los candidatos opositores.
Con nueve partidos en la contienda, la carrera electoral de este año ha sido calificada como la más costosa en la historia, pues costará 2 mil 148 millones de pesos que el INE entregará a partidos más otros 42 millones que serán destinados a los candidatos independientes. La cantidad estima un aumento del 21.76 % con respecto a las campañas del 2010, que sumó en total mil 680 millones, y no encierra las actividades ordinarias de los partidos, las actividades específicas y las franquicias postal y telegráfica, que en total estiman un monto de 6 mil 702 millones de pesos.