Durante el 2020 -año de la pandemia- se realizaron más de 720 denuncias por tortura en el Estado de México; sin embargo, la Fiscalía General de Justicia local solo ha logrado presentar ante un juez menos del 1 por ciento.
En este periodo, la Fiscalía abrió 727 carpetas de investigación pero solo se judicializaron tres y en dos se logró que un juez vinculara a proceso. Hasta el momento no se tiene ninguna sentencia por alguna de estas investigaciones abiertas en 2020, así lo dio a conocer la propia Fiscalía en su más reciente informe.
Te recomendamos: El santuario de Tenancingo convertido en rio de desechos; don Artemio lucha incansablemente para rescatarlo
Al dar a conocer las funciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura (FEIDT) se señala que: «Durante el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 se iniciaron 727 carpetas de investigación, se determinaron 257 carpetas de investigación, 75 no ejercicios de la acción penal, 161 archivos temporales y 18 remisiones por incompetencia».
Además se judicializaron tres carpetas de investigación y en dos de ellas se logró la vinculación a proceso de ocho imputados, se detalla en el 5° Informe de Gestión de la FGJ.
A pesar de los escasos resultados, la Fiscalía presume la conformación de cinco equipos de trabajo para atender exclusivamente estos casos y para la aplicación del Protocolo de Estambul, ideado para identificar a víctimas de tortura.
En dicho documento se detalla que «con colaboración de la Coordinación General de Servicios Periciales (CGSP), se lograron conformar cinco equipos de trabajo multidisciplinario (médico, psicólogo y perito), para la atención exclusiva de las carpetas de investigación en la materia y la práctica del Dictamen Médico-Psicológico a víctimas de
Tortura (Protocolo de Estambul)
Otras acciones que la Fiscalía asegura haber realizado para prevenir la tortura, señala la impartición de cursos de prevención y la integración de un apartado en su aplicación móvil para denunciar en línea los presuntos actos de tortura.
Aunque el informe antes mencionado no detalla dónde se cometieron los hechos ni menciona si las denuncias apuntan contra servidores públicos, el delito es una práctica común en los centros penitenciarios e instalaciones judiciales del Estado de México.
Hace unos días, Humbertus Pérez Espinoza, fundador de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C, denunció que las personas privadas de la libertad en penales de esta entidad son golpeadas y torturadas por custodios o servidores públicos. Esta denuncia es una constante entre activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La tortura no solo tiene lugar en las cárceles, también en las calles del Estado de México. En diciembre de 2020 se difundió un video donde se muestra a elementos policiacos cometer actos de tortura durante la presunta detención de un joven, en el municipio de Toluca. De acuerdo a reportes oficiales, la víctima fue hospitalizada tras haber recibido múltiples golpes y descargas con un ‘teaser’.