El Gobierno de Metepec enfrenta cuestionamientos por la falta de transparencia en torno al llamado “Operativo Pegaso”, una estrategia lanzada en 2023 para frenar a los llamados motorratones. A pesar de los ingresos que genera para los corralones, no existen registros públicos de procesos penales contra los detenidos ni detalles sobre los contratos.
AD Noticias cuestionó al presidente municipal de Metepec sobre por qué no es visible la información acerca de quiénes son los proveedores, cuánto se ha gastado y el equipo de seguridad para el resultado del operativo también conocido como “Motorratón”.
Fernando Flores asegura que toda la información está disponible en las Unidades de Transparencia municipales. Afirma que ya no existe el Instituto de Transparencia y que los ciudadanos pueden consultar la información en línea.
“Todo está en transparencia, lo pueden pedir. No es con la administración. Hay que seguir el proceso adecuado. Hay que recordar a AD Noticias que el Instituto de Transparencia desapareció, hoy tenemos Unidades de Transparencia del Municipio y allí está la información de todos los contratos, está a la vista de todos los ciudadanos, en nuestras páginas de internet. Las pueden bajar sin ningún problema. Cada que se licita algo, está para que todos los ciudadanos lo puedan ver”.
Sin embargo, la búsqueda de AD Noticias en el portal municipal arrojó resultados limitados, ya que no muestra datos en materia de Seguridad.
De igual forma, el acceso conduce a la plataforma ipomex, en las secciones Estructura Organizacional y Las concesiones, contratos, convenios permisos, licencias o autorizaciones otorgadas. Pero solo ofrece dos ejercicios del año 2024, sin permitir la consulta de periodos previos.
También, al solicitar la información de manera formal a través de Transparencia y Gobierno Abierto, el área correspondiente sigue operando, lo que contradice el planteamiento del alcalde.
Contexto
Entre enero y abril de 2025 remitieron 764 motocicletas, lo que significó ingresos de más de un millón de pesos para los corralones. Según cifras municipales, en febrero se alcanzó el pico con 193 motos enviadas en un solo mes. Mientras que en julio se realizaron 310 operativos, con 110 motocicletas al depósito y siete automóviles recuperados.
En apenas cuatro meses, los corralones sumaron alrededor de un millón siete mil pesos por arrastres y resguardos. Cada unidad representa un arrastre de entre 900 y 1 250 pesos, más 69 pesos por tres días de estancia, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Edomex.
En el Valle de Toluca, dos empresas concentran el negocio: Grúas Manzur y Grúas Hermanos León. Ambas gestionan los vehículos remitidos, pero ni los convenios que las regulan ni la ubicación exacta de los depósitos son transparentes.
A pesar de estas cifras, no hay evidencia del proceso legal de los motorratones. El propio Gobierno de Metepec reconoció que ninguna de las detenciones de septiembre de 2025 derivó en vinculación formal a proceso. AD Noticias pidió detalles sobre los ingresos, el destino de las motocicletas y el número de personas procesadas. La respuesta del comisario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Ramírez Manzur, fue que la dependencia “no está obligada a compartirla”.
Esa afirmación contrasta con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como con el Reglamento de Transparencia de Metepec. Ambos señalan que todas las áreas gubernamentales, incluidas las de seguridad pública, están obligadas a entregar información pública, salvo que esta sea reservada o confidencial. El artículo 24 de la Ley obliga a los ayuntamientos a transparentar el ejercicio de recursos públicos y las actuaciones de autoridad.
“Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones”.
El caso del Operativo Pegaso o Motorratón refleja la poca transparencia institucional frente a las solicitudes ciudadana de cuentas claras.
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