Hace cuatro años, el 26 de septiembre, 43 normalistas fueron desaparecidos. La investigación acerca de su paradero ha sido larga, controvertida e insatisfactoria; el destino desconocido de los estudiantes de Iguala es una marca en la administración de justicia del aún presidente Enrique Peña Nieto.
De los 142 detenidos hasta ahora por el caso (de los que sólo se ha hecho pública la identidad de 78), 21 han quedado en libertad y 2 más obtuvieron auto de libertad por el agravio a los estudiantes pero quedaron en reclusión por otros delitos. Esta cifra es de exfuncionarios y delincuentes, pero ningún miembro de la policía federal, estatal o municipal ni tampoco del ejército ha sido detenido por su participación en el hecho.
En noviembre de 2017 se expidió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas la cual contempla penas de 40 a 60 años de prisión y de 10 mil a 20 mil días de multa para este delito: “es decir, para el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un funcionario, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa de reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”. Ante la ausencia de detenidos al servicio del estado los padres de Ayotzinapa han calificado esta ley como un paliativo a la situación.
Un desaparecido cada hora con 52 minutos en el gobierno de Peña
En México suman 37,435 los desaparecidos (fuero federal y fuero común). En los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto la cifra llegó a 13 por día, uno cada hora con 52 minutos; 40% de ellos eran jóvenes entre 15 y 29 años.
Compromete AMLO comisión de la verdad para caso Ayotzinapa
Tres fueron los acuerdos a los que llegaron los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el acto conmemorativo a cuatro años de su desaparición.
Los acuerdos son, en primer lugar, la creación de la comisión para la verdad y justicia, la cual trabajará en conjunto con la CNDH y el GIEI, ésta tiene el objetivo develar la verdad sobre el caso Ayotzinapa y será responsabilidad general de Alejandro Encinas; en segundo lugar, se emitirá un decreto para asegurar que toda la administración pública federal coopere con la investigación; finalmente, se solicitará la cooperación internacional de la ONU como de la CIDH.
Desde su campaña, López Obrador manifestó su intención de retomar la investigación del caso Ayotzinapa, al respecto, el presidente electo mencionó que el primero de diciembre se emitirá el decreto para crear la comisión investigadora que reincorporará al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instancia que realizó hipótesis y recomendaciones que las autoridades nunca quisieron investigar y atender.