Lo que inició como la denuncia de un presunto secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, tomó un giro inusual luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México concluyera que existen indicios de una posible simulación de los hechos y ejercitara acción penal en contra de seis personas presuntamente relacionadas con el caso.
La situación coloca a la alcaldesa en una posición jurídica poco común: pasó de ser denunciante y presunta víctima a formar parte de las personas bajo investigación.
De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, los actos de investigación realizados permitieron establecer, en grado de probabilidad, que el supuesto secuestro ocurrido el 31 de mayo habría sido planeado previamente y que incluso existía la intención de justificar un presunto faltante de recursos públicos por alrededor de 40 millones de pesos.
Para sustentar esta hipótesis, la dependencia realizó entrevistas, análisis de comunicaciones, rastreo de dispositivos móviles, revisión de videograbaciones y diversas diligencias de campo y gabinete.
Entre los elementos expuestos por la Fiscalía se encuentran declaraciones de personas involucradas, quienes señalaron que el supuesto secuestro habría sido planeado meses antes y que se pretendía solicitar un rescate millonario.
La investigación también sostiene que la propia alcaldesa habría participado en la planeación de los hechos y que el día del supuesto plagio indicó rutas para evitar cámaras de videovigilancia.
Este tipo de cambios son poco comunes públicamente por 3 razones:
1. Lo normal es que quien inicia un proceso como víctima lo termine como tal.
2. La Fiscalía suele ser cautelosa, pues una equivocación puede causar una revictimización a una persona o enfrentar responsabilidades por violaciones a derechos humanos.
3. Casos como este son difíciles de probar.
En el caso de Tenancingo, el interés público no es únicamente por el presunto autosecuestro, sino porque Nancy Nápoles es presidenta municipal en funciones, es decir, se trata de una autoridad pública y una figura política con recursos y responsabilidades institucionales.
La probable imputación
La investigación cambió de sentido y dejó de centrarse en perseguir a supuestos secuestradores para investigar una simulación de hechos delictivos. La Fiscalía informó que solicitó audiencia de formulación de imputación en contra de la presidenta municipal por el delito de simulación de secuestro.
Dicha audiencia está programada para el próximo 9 de julio.
Será en ese momento cuando el Ministerio Público exponga formalmente ante un juez los hechos que le atribuye y las pruebas con las que cuenta. De realizarse la formulación de imputación, la alcaldesa tendrá un tercer estatus en la investigación, esta vez adquirirá formalmente la calidad de imputada dentro del proceso penal. Posteriormente, el juez deberá determinar si existen elementos suficientes para vincularla o no a proceso.
Mientras tanto, Nancy Nápoles sigue manteniendo sus derechos a la presunción de inocencia, a una defensa adecuada, a conocer la carpeta, a ofrecer pruebas y a impugnar cualquier determinación.
¿Puede seguir siendo alcaldesa?
De acuerdo con la legislación estatal y con el principio de presunción de inocencia, el hecho de que una fiscalía investigue a un alcalde o alcaldesa no lo obliga automáticamente a separarse del cargo. La separación del cargo suele ocurrir cuando existe una licencia voluntaria, una medida cautelar que impida ejercer funciones o una resolución judicial que así lo determine.
Por ello, Nancy Nápoles continúa ejerciendo plenamente sus atribuciones como presidenta municipal de Tenancingo.
La propia Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su artículo 40, señala que la investigación por sí sola no genera una separación automática. No obstante, regidores de distintas fuerzas políticas y diversos ciudadanos han solicitado públicamente que considere pedir licencia mientras se esclarecen los hechos.
Una sanción que genera debate
Uno de los aspectos más llamativos del caso es que, aunque la alcaldesa sea culpable sólo sería acreedora a una sanción de hasta 700 jornadas de trabajo en favor de la comunidad.
La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro establece una sanción considerablemente menor para quien simula su propio secuestro. La norma busca castigar el engaño y la movilización indebida de recursos públicos, pero no equipara esa conducta a un secuestro consumado.
Mientras que, los demás participantes sí podrían enfrentar penas de prisión. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley, podrían alcanzar una penalidad de hasta 16 años de prisión por el delito de simulación de secuestro.
La Fiscalía mexiquense ejercitó acción penal contra seis personas presuntamente relacionadas con la simulación del secuestro. Al momento están detenidos Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, que son quienes presuntamente efectuaron el secuestro.
En tanto José Roberto “N”, esposo y Oscar “N”, cuñado de la alcaldesa mantienen orden de aprehensión vigente. Son acusados de ser los posibles autores materiales.
Posible desfalco
En el caso de Tenancingo, la discusión no gira solamente en torno a si hubo o no una simulación, también podría analizarse la presunta afectación de 40 millones de pesos al erario. El tema ya está en manos de la Fiscalía de Combate a la Corrupción y del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y podría ser materia de otras denuncias.
Alcaldes sentenciados en Edomex
Aunque no existe un antecedente reciente en el Estado de México de un presidente municipal investigado por la presunta simulación de su propio secuestro, sí hay casos de alcaldes que han dejado el cargo o fueron sustituidos al enfrentar procesos penales.
Uno de los casos más recientes fue el de la exalcaldesa de Capulhuac, Selenne Hernández Herrera, quien fue acusada por agresión física, verbal y sexual a una servidora pública y ha sido condenada por abuso de autoridad.
Otro antecedente es el del exalcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, quien fue suplido, mientras enfrentaba investigaciones por presuntos delitos relacionados con violencia familiar y extorsión.
Sin embargo, la situación de la alcaldesa de Tenancingo es distinta. Hasta este momento no existe una orden de aprehensión en su contra, tampoco una medida cautelar que le impida ejercer el cargo ni una resolución judicial que modifique su situación jurídica.
La eventual separación del cargo dependería de circunstancias posteriores o de una decisión del Ejecutivo estatal.
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