La polémica por las 22 personas muertas durante un presunto enfrentamiento entre integrantes del crimen organizado y el Ejército el pasado 30 de junio en San Pedro Limón en el municipio de Tlatlaya continúa.
Este jueves se dio a conocer que dos de las tres mujeres, que supuestamente habían sido secuestradas y fueron rescatadas ese día, se encuentran en la cárcel desde el 14 de agosto acusadas por tráfico de armas.
De acuerdo con lo dicho por la testigo identificada como “Julia”, quien de acuerdo al expediente al que tuvo acceso Animal Político había estado realmente secuestrada, las otras dos mujeres fingieron un plagio, cuando en realidad pertenecían al grupo armado que, según el Ejército, se les enfrentó.
Con base en esta declaración, la Procuraduría General de la República (PGR) las consignó por el delito de tráfico y acopio de armas y posesión de cartuchos reservados para uso del Ejército armado y Fuerza Aérea ante el Juez Cuarto de Distrito con sede en el Estado de México, quien bajo la causa penal 58/2014 les decretó auto de formal prisión, el pasado 14 de agosto.
Como parte de las investigaciones, la PGR llamará a declarar a las dos mujeres identificadas como Cynthia Estefani Nava y Patricia Morales para que cuenten su versión de los hechos y ahora ellas sean las testigos que determinen si en realidad la versión de Julia se apega a los hechos.
En este mismo tema, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que el Ejército Mexicano mantiene su disposición para aclarar la muerte de los 22 civiles.
Asimismo reiteró que la Procuraduría General de la República investiga el fondo del asunto, luego de que una sobreviviente de estos hechos asegurara que 21 de los 22 civiles muertos, fueron fusilados o ejecutados de manera extrajudicial por los militares mexicanos.
“La PGR, el propio Ejército mostró apertura y vamos a llegar hasta sus últimas consecuencias, para saber la verdad y la realidad de lo que sucedió”, enfatizó.
Por su parte el alcalde de Tlatlaya, Ariel Mora dijo que hasta el momento ningún habitante de su municipio ha solicitado la ayuda del ayuntamiento para el traslado de alguno de los cadáveres de las personas fallecidas en la bodega de San Pedro Limón.
En entrevista para Radio Fórmula, el edil dijo que conoce la misma versión del gobierno federal y estatal sobre el enfrentamiento, y agregó que cerca de la bodega no hay habitantes, por lo que no se cuenta con testigos oculares de los hechos.
Finalmente aseguró que su administración no tenía algún reporte de personas secuestradas en la bodega donde se registró el presunto enfrentamiento.
(Con información de Animal Político y Radio Fórmula)
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