A 63 años del reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres en México y de la aprobación de votar y ser votadas, vale la pena hacer un recuento de los grandes logros de las mujeres en la política y de la importancia del voto de 43 millones 109 mil 76 mujeres registradas en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral, que equivale al 48% del total de electores que elegirán al próximo o próxima titular del Poder Ejecutivo en las elecciones del 2018.
La historia de la participación política de las mujeres en México es sinónimo de una larga lucha de las mexicanas por alcanzar sus derechos políticos, que data desde 1821, fecha en la que las mujeres fueron excluidas de la esfera pública y de la redacción de la primera Constitución de México como nación independiente. A mediados del siglo XIX, diversas organizaciones feministas demandaban el sufragio femenino e igualdad entre mujeres y hombres, exigencias que quedaron plasmadas en diversos artículos de la revista Las Violetas del Anáhuac y en los acuerdos del Primer Congreso Feminista celebrado en Yucatán en 1916.
Las primeras grandes victorias fueron la primera candidatura de Hermila Galindo como candidata a diputada del Distrito Electoral V de la Ciudad de México en 1917 y la diputación de Elvia Carrillo Puerto en el Estado de Yucatán en 1923. Aunado a estos hechos, en 1947, se aprobó el derecho al sufragio femenino en el ámbito municipal y en 1953, se reconoció la ciudadanía de las mexicanas y se aprobó su derecho a votar y a ser votadas a nivel nacional.
México fue el último país de América Latina en aprobar el voto de las mujeres, mismo que quedó plasmado por primera vez en las urnas en las elecciones de 1955.
A partir de esta fecha, muchas más mujeres se registraron como candidatas a diversos cargos de elección popular, pero fueron pocas las que pudieron acceder a los espacios de toma de decisiones públicas porque se enfrentaban a diversos obstáculos o barreras estructurales –techos de cristal- que limitaban su incorporación, ascenso o permanencia en el mundo de la política nacional que tradicionalmente había sido reservado para los hombres.
Ante esta situación diversos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil han pugnado para lograr el acceso de las mujeres al ejercicio del poder público en condiciones de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
En el ámbito legal, destacan las acciones afirmativas –medidas temporales de discriminación positiva que impulsan el liderazgo y la participación política de las mujeres- y las reformas de la década de los noventas que abrieron espacio a las mujeres como candidatas de los partidos políticos a través de las fórmulas 70/30 y posteriormente 60/40 aplicadas a los porcentajes máximos y mínimos de candidaturas por sexo, denominadas cuotas de género. Así como la sentencia 12624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que en el 2011, obligó a los partidos políticos a respetar la cuota de género establecida.
En nuestro país, aún existe una resistencia cultural, estructural y simbólica que limita la participación política de las mujeres y su acceso a las cúpulas de los espacios de poder político, a tal grado que de 1917 a la fecha, sólo hemos tenido 6 gobernadoras y 1 jefa de gobierno capitalino, emanadas ya sea del PRI o del PRD; Griselda Álvarez Ponce de León (Colima, 1979-1985); Beatriz Paredes Rangel (Tlaxcala, 1987-1992); Dulce María Sauri Riancho (Yucatán, 1991-1994); Rosario Robles Berlanga (Distrito Federal, 1999-2000); Amalia García Medina (Zacatecas, 2004-2010); Ivonne Ortega Pacheco (Yucatán, 2007-2012) y Claudia Pavlovich Arellano (Sonora, actualmente).
En el ámbito federal, sólo hemos tenido 5 candidatas a la Presidencia de la República: Rosario Ibarra de Piedra candidata del Partido Revolucionario de los Trabajadores en 1982 y 1988, obtuvo el 1.8% y el 0.4% de la votación respectivamente; Cecilia Soto González abanderada del Partido del Trabajo en 1994, obtuvo el 28% de los votos; Marcela Lombardo Otero, candidata del Partido Popular Socialista en 1994, obtuvo el 0.5% de los votos; Patricia Mercado Castro, abanderada del Partido Socialdemócrata y Campesino en el 2006, obtuvo el 2.7% de la votación y Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional en el 2012, quien obtuvo el 25.4% de la votación.
Antes de las reformas políticas electorales de 2014-2015, el Senado de la República estaba integrado por un 35.2% de senadoras y un 64.8% de senadores (2014); mientras que la LXII Legislatura se conformaba por un 37.6% de diputadas federales y un 62.4% de diputados federales. Para el mismo año, los Congresos Locales registraban un promedio nacional de 27.4% de diputadas locales, siendo las entidades de Tabasco (42.4%), Chihuahua (42.4%), Chiapas (41.5%) y Oaxaca (38.1%) las entidades federativas con mayor porcentaje de legisladoras, mientras que el Estado de México (17.6%); Coahuila (12%) y Querétaro (8%) fueron los estados que registraban el menor porcentaje de diputadas locales.
En relación a las presidencias municipales encabezadas por una mujer en 2014, las cifras oficiales indican que el porcentaje promedio nacional fue del 7.2%; siendo los estados con mayor porcentaje de alcaldesas Baja California y Colima (20%), Yucatán (19.8%) y Tamaulipas (16.3); el Estado de México registró el 11.2% y las entidades que alcanzaron los menores porcentajes fueron Tlaxcala (3.3%), Chihuahua (3%), Coahuila (2.6%), Zacatecas (1.3%) y Querétaro y Baja California (0%) que no tenían ninguna presidenta municipal.
Con la Reforma Político-Electoral 2014-2015 se elevó a rango constitucional el principio de paridad en las candidaturas, plasmando en el artículo 41 constitucional, la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad de género en las candidaturas a cargos legislativos. Y en un ejercicio de armonización legislativa, en las entidades federativas se estableció la paridad en la integración de las planillas para los Ayuntamientos.
A partir del 2015, hemos sido testigos de cómo se ha incrementado el número de candidatas a los diversos cargos de elección popular, como se observó en las elecciones del 5 de junio del 2016. Las preguntas son ¿qué pasará en el 2017 y en el 2018? ¿algún partido político o alianza registrarán a una mujer como candidata a la Gubernatura del Estado de México o a la Presidencia de la República? ¿logrará el EZLN registrar a una mujer como candidata a la Presidencia de México en el 2018? ¿seremos testigos de una candidatura independiente?
Espero sus comentarios
E-mail: [email protected]
Twitter: @MichelQuiroz
Síguenos