Tras casi tres meses del enfrentamiento registrado en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, entre presuntos integrantes del crimen organizado y elementos del Ejército, han salido a la luz testimonios que refutan la versión oficial sobre el hecho y que culpan a los militares de haber fusilado a 22 personas.
Este jueves la agencia de noticias internacional The Associated Press (AP) informó de un nuevo testigo que involucra a militares de un fusilamiento extralegal.
AP relata el testimonio de una mujer, quien por razones de seguridad no quiso revelar su nombre, donde describe como los militares asesinaron a su hija de 15 años, identificada como Erika Gómez González.
La mujer detalló que su hija “estaba en el suelo con una herida en la rodilla. Los soldados le dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho”.
Entrevistados por separado, familiares de otras tres víctimas y un médico que vio el cuerpo de Erika dijeron que las heridas que observó eran consecuentes con el relato de la madre de la quinceañera sobre la manera cómo fueron asesinados los miembros de la banda. Ella había dicho que los soldados les dispararon a los presuntos criminales para incapacitarlos y que luego los mataron a tiros en el pecho.
El certificado de defunción de Erika, que fue visto por los reporteros de AP, confirmó que la joven murió, a causa de las heridas de bala recibidas, el 30 de junio de 2014, en San Pedro Limón, escenario de los hechos. El certificado no ofrece detalles sobre la balística o el tipo de arma utilizada.
En las lápidas de otros dos de los fallecidos, Marcos Salgado Burgos, de 20 años, y su hermano, Juan José Salgado Burgos, de 18 años, registran como la fecha de deceso el 30 de junio.
Entrevistado por separado, un adolescente, en el poblado cercano de Ixcapuzalco, dijo que su hermano mayor era parte de los 22. Aseguró que al ver su cuerpo, había una herida de bala en su pierna izquierda que "destruyó su rodilla" y un tiro en la espalda que salió por el pecho. Su relato no pudo ser corroborado de manera independiente.
Según la madre de Erika, el tiroteo del 30 de junio fue iniciado por elementos del ejército, en violación de sus propias reglas de combate que sólo permiten a los soldados abrir fuego contra civiles armados si éstos disparan primero o si la vida del personal castrense o de los civiles está en riesgo.
La Procuraduría General de la República señaló que hay una investigación abierta sobre el incidente, pero que hasta ahora no ha encontrado evidencias que corroboren los dichos de los testigos.
La madre habló hace unos días con enojo sobre la muerte de su hija y aún mostraba algunos signos de trauma y conmoción. Dijo que pasó la noche sin dormir sentada en una pila de ladrillo luego que llegó a la comunidad, el 29 de junio, para intentar llevarse a su hija que había escapado.
La joven estaba involucrada con malas compañías, dijo, y comentó que el grupo había viajado desde la comunidad de Arcelia, en el estado sureño de Guerrero, hacia San Pedro Limón, en el vecino Estado de México, armados y a bordo de tres camionetas. Todos eran adolescentes y jóvenes de poco más de 20 años. Poco se sabe acerca de lo que la pandilla estaba haciendo o qué había estado haciendo días antes de los tiroteos.
Tras los testimonios publicados por AP y la revista Esquire, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación sobre el enfrentamiento.
El titular de la CNDH, Raúl Plascencia informó que “abrimos una investigación y estamos analizando el caso para determinar qué sucedió realmente”.
Síguenos