En una declaración que generó cierta polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, la semana pasada, que “el neoliberalismo no va a regresar” a México. Y argumentó que el modelo aplicado entre 1982 y 2018 generó pobreza y desigualdad masivas, beneficiando a una élite minúscula a costa de millones de personas. Buena parte de la polémica se generó porque ella aseguró que la 4T representa una ruptura definitiva con ese pasado. “¿Ustedes creen que el pueblo de México va a optar por ese modelo de nuevo? Pues muy difícilmente”, dijo. La frase tiene una orientación política muy clara para los procesos electorales por venir. Pretende destacar el cambio en el discurso y en algunas políticas públicas que han tenido como gran logro el haber sacado de la pobreza a más de 13 millones de mexicanos, habiendo incrementado el salario mínimo en proporciones nunca antes vistas, además de sostener y ampliar los programas sociales.
Pero, es necesario decir que, en términos históricos y estructurales su afirmación resulta incompleta e incluso peligrosa si se toma como una declaración de victoria definitiva. Debemos aceptar que el neoliberalismo nunca fue únicamente un conjunto técnico de medidas: privatizaciones, apertura comercial, desregulación financiera y disciplina fiscal. Fue, ante todo, un régimen de acumulación que reconfiguró radicalmente la distribución de la riqueza y del poder económico, no sólo en México sino en gran parte del mundo.
No se trató de determinaciones técnicas ni “excesos”. Más bien formaron parte de un proceso deliberado de transferencia de activos desde lo colectivo hacia lo privado
En nuestro país desde los años ochenta, la participación del 1% más rico en el ingreso nacional se disparó, mientras la masa salarial se estancaba o retrocedía en términos relativos. Si a eso le sumamos la venta de empresas públicas bajo Salinas, el rescate bancario del Fobaproa bajo Zedillo, la sobreexplotación de Cantarell desde Fox y las acciones bélicas de Calderón nos daremos cuenta que no se trató de determinaciones técnicas ni “excesos”. Más bien formaron parte de un proceso deliberado de transferencia de activos desde lo colectivo hacia lo privado, acompañado de una fiscalidad cada vez más regresiva.
Nadie en su sano juicio puede negar que aquellos sexenios generaron una desigualdad profunda y persistente en el país. Ahora, con el viraje que significó el triunfo de López Obrador en 2018, sus logros en materia de política social y combate a la pobreza es necesario ir con calma. Sí, se ha logrado una reducción histórica de la pobreza se han instituido programas de transferencias, se ha aumento el salario mínimo y las pensiones para adultos mayores y la inversión pública en infraestructura han mejorado las condiciones de vida de sectores importantes de la población. Pero es necesario señalar que no por ello se puede sostener que “el neoliberalismo se acabó”. No hay, hasta ahora, una transformación de las estructuras profundas de la economía.
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La propiedad del capital, la distribución de la riqueza neta y el poder de los grandes grupos económicos no se modifican solo con transferencias focalizadas o con obras públicas, por más necesarias que estas sean. Se modifican con impuestos progresivos y efectivos sobre el patrimonio, las herencias y las rentas del capital; con una regulación seria de los monopolios y oligopolios; con políticas que democratizan el acceso a la propiedad (vivienda, tierra, activos productivos) y con una transparencia fiscal que termine con los paraísos fiscales internos y externos. Mientras estos elementos no ocupen el centro de la agenda, el discurso de “nunca más neoliberalismo” permanecerá incompleto.
México sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo. La riqueza se transmite de generación en generación con una opacidad fiscal que permite a las grandes fortunas eludir una contribución proporcional a su tamaño. Los datos disponibles sobre la concentración del patrimonio —aunque imperfectos por la falta de un verdadero registro de la riqueza— muestran que el 10% más rico concentra una proporción abrumadora de los activos, mientras que la mitad inferior de la población posee una fracción mínima. Esta estructura no se corrige solo redistribuyendo ingreso vía gasto social. Requiere atacar la acumulación patrimonial en la cima.
El peligro es que se consolide una versión “progresista” o “posneoliberal” que mejore el consumo de los más pobres y amplíe la inversión pública sin tocar de manera significativa el poder estructural de los más ricos.
Yo estoy de acuerdo con la presidenta en que nos conviene rechazar el retorno a las políticas de los años noventa y dos mil. No estoy tan seguro de que el pueblo mexicano evitará votar en el futuro por opciones que sugieran volver a aquel esquema de privatizaciones masivas y rescates selectivos de las élites económicas. El rechazo popular a ese modelo es real y ha sido ratificado electoralmente. Pero el verdadero peligro no es el regreso literal del viejo neoliberalismo de manual. El peligro es que se consolide una versión “progresista” o “posneoliberal” que mejore el consumo de los más pobres y amplíe la inversión pública sin tocar de manera significativa el poder estructural de los más ricos. Eso no es el fin del neoliberalismo: es su mutación inteligente.
En el resto del mundo observamos dinámicas similares. Después de la crisis de 2008 y de la pandemia, muchos gobiernos de centro-izquierda o “progresistas” aumentaron el gasto social y elevaron temporalmente los impuestos a los más ricos, pero sin modificar de raíz la arquitectura fiscal ni la concentración de la propiedad. El resultado ha sido una reducción parcial de la pobreza extrema acompañada de una persistencia, e incluso un aumento, de la desigualdad patrimonial. México no es una excepción a esta tendencia global.
Mientras la estructura de la propiedad y de la fiscalidad no cambie de raíz, el neoliberalismo no habrá desaparecido. Solo habrá aprendido a hablar el lenguaje de la justicia social.
Crecer para transformar, como se repite ahora en la región, exige algo más que obras y programas sociales. Lo que se requiere es redistribuir el poder económico. La herramienta más factible es una carga impositiva de carácter progresivo sobre el patrimonio neto, así como una reforma seria del impuesto a las herencias y donaciones. Se han dado algunas batallas importantes para combatir la elusión fiscal de las grandes corporaciones, pero también se requiere una política industrial que no se limite a atraer inversión extranjera, sino que democratice la propiedad de los medios de producción. Mientras la estructura de la propiedad y de la fiscalidad no cambie de raíz, el neoliberalismo no habrá desaparecido. Solo habrá aprendido a hablar el lenguaje de la justicia social.
Si se pone en perspectiva histórica, la económica de los últimos cuarenta años nos enseña una lección clara: las desigualdades extremas no se corrigen solas ni con el simple crecimiento. Se corrigen cuando las sociedades deciden, mediante instituciones democráticas fuertes, limitar la acumulación ilimitada de riqueza privada. México tiene hoy la oportunidad de dar ese paso. Declarar la muerte del neoliberalismo es un recurso retórico, pero convertir esa declaración en una transformación real de las relaciones de propiedad y de poder en el país es la tarea pendiente.
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