Toluca, México. 30 de abril de 2019. Para asegurar que los 40 millones de personas menores de edad gocen plenamente de sus derechos existe la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En ella se inscriben 20 garantías a las que los niños y adolescentes deberían tener acceso:
- Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo
- Derecho de Prioridad (atención antes que a los adultos)
- Derecho a la Identidad
- Derecho a Vivir en Familia
- Derecho a la Igualdad Sustantiva
- Derecho a No ser Discriminado
- Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral
- Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal
- Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social
- Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad
- Derecho a la Educación
- Derecho al Descanso y al Esparcimiento
- Derechos a la Libertad de Convicciones Éticas, Pensamiento, Conciencia, Religión y Cultura
- Derechos a la Libertad de Expresión y de Acceso a la Información
- Derecho a la Participación
- Derecho de Asociación y Reunión
- Derecho a la Intimidad
- Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso
- Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes
- Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones
Sin embargo, estas garantías que buscan asegurar un trato digno para los menores de edad no tocan a todos los infantes y adolescentes que viven en México.
De entrada, más de la mitad de población infantil y juvenil vive en situación de pobreza. Este factor condiciona otras situaciones difíciles a las que se enfrentan algunos sectores de niñas, niños y jóvenes mexicanos. El embarazo de niñas, por ejemplo, se integra a una problemática relacionada con la falta de oportunidades de desarrollo, educación, salud y protección. De acuerdo con un informe preparado por Save the Children, las mujeres que se convierten en madres a temprana edad tienen menos posibilidades de continuar con sus estudios, además también aumentan sus dificultades económicas. Dicha situación las coloca, junto con sus hijos, en riesgo de explotación, enfermedades y ciclos de pobreza que se perpetúan.
La carencia de recursos económicos es una de las razones por las que niños, niñas y adolescentes comiencen a trabajar, en vez de asistir a la escuela. En México existen 2.5 millones de personas entre 5 y 17 años que trabajan para ayudar en casa o a su familia; la mayoría lo hace en el sector agropecuario, en el comercio y en el sector de servicios.
A la falta de acciones que garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes, se suma también el maltrato y las agresiones de las que son víctimas.
En el caso de los menores cuya edad oscila entre los 6 y los 9 años, el seno familiar es el sitio donde más veces han experimentado trato agresivo (24.8%); mientras que la escuela representa el sitio en el que chicos y chicas de 10 a 13 años ha recibido agresiones frecuentemente, según datos de la Consulta infantil y juvenil 2018. Los agravios incluyen acciones que hacen sentir mal a los menores, groserías y golpes también.
Los malos tratos que sufren provienen de sus hermanos y padres, esto aplica para quienes tienen entre 6 y 9 años; mientras que las personas de 10 a 17 años han sido agredidos por sus amigos.
Respecto a los jóvenes de entre 14 y 17 años, la violencia verbal es la experiencia más frecuente entre ellos. Pero hay una diferencia entre mujeres y hombres: mientras que las chicas son propensas a la violencia psicológica, los muchachos son víctimas de la violencia física.
La Consulta Infantil y Juvenil también revela lo que niñas, niños y adolescentes mexicanos proponen para mejorar las condiciones en las que viven: mayor cuidado, mejores escuelas, mayor seguridad, más parques y lugares de recreación, más igualdad, no discriminación, cambios en la forma de gobernar, óptimo aprovechamiento de recursos públicos, campañas contra el bullying son, entre otras, las cosas que piden.
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