Entre los autos, solos o con sus padres, sean migrantes o indígenas; en la siembra, cosecha o empaquetando flores; cargando la mercancía; vendidas con fines sexuales, vigilando en las esquinas por órdenes del crimen organizado… los niños, niñas y adolescentes no son siempre ese sector de la población que juega, va a la escuela, se divierte y es feliz.
En 2015, en el Estado de México, según el Consejo Estatal de Población, con datos de Inegi y del Consejo Nacional de Población, había 5 millones 236 mil 477 niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, en este sentido y, con base en las estadísticas de pobreza del 2016, en esta entidad, esto implicaría que poco más 2 millones y medio de niños estarían en una situación de pobreza extrema y moderada y 1 millón 618 mil estarían en una situación vulnerable. Sólo 1 millón 110 mil se consideraría población infantil no pobre y no vulnerable.
La pobreza es una de las condiciones que provoca el trabajo infantil, concebido según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como “una violación de los derechos humanos fundamentales, que ha demostrado perjudicar el desarrollo de los niños, pudiendo conducir a daños físicos o psicológicos que les durarán toda la vida”; para la OIT el trabajo infantil incluye tareas que “son mental, física, social o moralmente peligrosas y dañinas para los niños, e, interfieren con su escolaridad”, que los privan de oportunidades para asistir a la escuela, los fuerzan a abandonarla prematuramente, o bien, les exigen asistir y al mismo tiempo realizar tareas pesadas o de larga duración.
Factores como la educación, el esparcimiento o la salud mental pasan a segundo término cuando las necesidades básicas de una familia no se encuentran resueltas; los niños, dependiendo de sus condiciones pueden estar atrapados en una dinámica se subsistencia familiar.
En el artículo 4.200 Bis el Código Civil del Estado de México se señala que son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad, y cuando sean instituciones públicas o privadas, conforme a su ámbito de competencia, entre otras cosas: 1. Garantizar sus derechos alimentarios, su desarrollo integral y el ejercicio de sus derechos; 2. Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo; 3. Formar y educar apropiadamente a niñas, niños y adolescentes, sin que ello pueda justificar limitación, vulneración o restricción alguna en el ejercicio de sus derechos; 4. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno desarrollo de su personalidad; 5. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación.
El Estado de México registra un total de 975 casos de los cuales el 70% corresponde a niñas y adolescentes mujeres.
Aunque en términos legales estas condiciones deberían cumplirse, los niños y niñas subsisten entre los problemas de diversos tipos que cotidianamente enfrentan sus padres o tutores, o son victimizados precisamente por sus padres o tutores.
Un porcentaje de la población infantil en el Estado de México realiza trabajo por diferentes causas. En el artículo “Trabajo infantil en México” de Margarita Rodríguez, contenido en la revista DGMagazine, se menciona que de las razones para que exista el trabajo infantil 27.9% es porque el hogar necesita de su trabajo; 25.7% trabaja para pagar su escuela o sus propios gastos, 15.5% lo hace para aprender un oficio, 13% trabaja porque en su casa necesitan su aportación económica, 12.8% lo hace por alguna otra razón y 5% lo hace porque no desea asistir a la escuela.
Los problemas sociales afectan directamente el desarrollo de los niños que, en tiempos recientes han asumido tareas laborales directamente relacionadas con la violencia, “en 2011 y en 2015, el Comité de Derechos del Niño de la ONU recomendó al Estado mexicano revisar la estrategia de seguridad para millones de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer el reclutamiento forzado que realizan grupos criminales y fuerzas de seguridad mexicanas, sin que hasta el momento esto sea atendido”, los niños son usados como vigilantes, transportadores de sustancias, prácticas militares, comisión de delitos o víctimas directas de la violencia.
La Redim también señala que “cuando el promedio nacional es de 139 personas desaparecidas, el Estado [de México] registra un total de 975 casos de los cuales el 70% corresponde a niñas y adolescentes mujeres”.
Del trabajo, remunerado o no, a la violencia ejercida contra los niños y niñas, es innegable la existencia de una violación patente a los derechos que, por definición, debería garantizarse a la población infantil; la existencia de 8.8% en la tasa de trabajo infantil en el Estado de México, aunque esté por debajo de la media nacional representa una deuda con este sector.