La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, garantizó que ninguna reforma o ley penal representará una afectación ni retroceso a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política y en los tratados internacionales.
“El compromiso y tarea de la Cuarta Transformación, como usted, señor presidente ha establecido, es preservar y ampliar el régimen de libertades y derechos que la Constitución consagra y el Gobierno de México está obligado y comprometido a hacer valer, en beneficio del pueblo”, sostuvo.
Durante su discurso en la conmemoración del 103 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Teatro de la República, señaló que la Carta Magna ha sido la carta de navegación durante 103 años.
Sánchez Cordero resaltó que cambios constitucionales deben ser el punto de partida de procesos de reforma profundos y ello, dijo, ha ocurrido en el primer año de gobierno del presidente López Obrador.
En tanto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, advirtió que la corrupción judicial no sólo constituye una amenaza al Estado democrático de derecho y pone en tela de juicio la legitimidad misma del sistema, sino que además hace de la justicia un privilegio para unos pocos.
«Un lujo al que solo pueden acceder quienes más recursos tienen. Se trata, pues, de un problema que afecta a la totalidad de las instituciones y que tiene consecuencias nocivas para la gente en su día a día, con un impacto desproporcionado en quienes están en situación de mayor vulnerabilidad», alertó.
Durante su discurso cuestionó que no se haya logrado consolidar en su totalidad un Estado de derecho.
Un Estado de derecho que, dijo, brinde la certeza y seguridad necesarias para que la Constitución despliegue en forma efectiva sus reglas, principios y valores, haciendo posible una sociedad más solidaria, en la que todas las personas puedan hacer oír su voz, ejercer y exigir sus derechos en igualdad de condiciones y en la que no tenga cabida la impunidad.
En ese contexto, reconoció que Mexico aún está lejos un sistema de justicia independiente, imparcial, no discriminatorio, gratuito, transparente y de calidad, que garantice los derechos de todas y de todos.