Los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, se presentaron una serie de enfrentamientos entre pobladores y elementos de las fuerzas federales, estatales y municipales que dejó como saldo dos personas muertas, 191 detenidos, al menos 26 mujeres agredidas sexualmente y una serie de cuestionamientos a los actores involucrados que a 20 años no han sido resueltos.
Aquel día, la fuerza del Estado cayó con todo su peso sobre la población. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, los más afectados fueron los ciudadanos comunes, aquellos que tenían una demanda, mientras que los empleadores de la violencia, los altos mandos que diseñaron y autorizaron el operativo, pudieron eludir sus responsabilidades legales.
Hoy, a casi dos décadas de distancia, la cruda realidad de las víctimas contrasta fuertemente con la de sus agresores. Pero, ¿dónde están los actores clave que orquestaron esta tragedia?
Enrique Peña Nieto: el gobernador intocable
En 2006, Enrique Peña Nieto era el gobernador en turno del Estado de México y el responsable principal de la entidad. Fue él quien, en su momento, asumió la responsabilidad pública de haber solicitado y ordenado el operativo policiaco para supuestamente «restablecer el orden». Su decisión en Atenco, lejos de sepultar su carrera política por las graves violaciones a los derechos humanos documentadas, pareció impulsarla, llevándolo eventualmente a la Presidencia de la República en el año 2012.
Hoy, la realidad de Peña Nieto es muy distinta a la de los mexiquenses que sufrieron la represión. Lejos de rendir cuentas ante la justicia, el exmandatario se encuentra autoexiliado en España. Vive arropado por «visas doradas» reservadas para grandes inversores y reside en zonas exclusivas, totalmente alejado del escrutinio público. El hombre que avaló la entrada brutal de la fuerza pública a San Salvador Atenco disfruta hoy de un retiro cómodo y blindado del otro lado del Atlántico.
Genaro García Luna: el «superpolicía» tras las rejas
Durante la tragedia de Atenco, Genaro García Luna se desempeñaba como el director de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Como supuesto experto en seguridad, su corporación tuvo una participación activa en el terreno, en un operativo que derivó en vejaciones y detenciones arbitrarias.
Al igual que ocurrió con otros funcionarios, los abusos en el Estado de México no frenaron su ascenso; por el contrario, meses después fue premiado con el cargo de Secretario de Seguridad Pública a nivel federal.
Sin embargo, el destino de García Luna tomó un giro drástico, aunque no por la justicia mexicana ni por los crímenes cometidos contra los pobladores de Atenco. Actualmente, el exfuncionario se encuentrarecluido en una prisión en los Estados Unidos, enfrentando una condena tras ser hallado culpable por narcotráfico y por recibir sobornos millonarios de los cárteles que se suponía debía combatir.
Su caída no fue por la brutalidad policiaca de 2006, pero su encierro es un claro reflejo de la profunda descomposición y corrupción que imperaba en las corporaciones de seguridad de aquella época.
Eduardo Medina Mora: el procurador que desapareció en las sombras
Eduardo Medina Mora fungía como Secretario de Seguridad Pública del gobierno federal durante el operativo conjunto. Bajo su mando estratégico, la Policía Federal Preventiva participó en las irrupciones en domicilios, las golpizas y el uso ilegítimo de las armas de fuego que marcaron aquellos días.
Pese a que diversas organizaciones, tribunales y recomendaciones de derechos humanos lo señalaron como uno de los responsables por omisión y acción en las violaciones a las garantías individuales, Medina Mora continuó su carrera en la alta burocracia. Llegó a ser titular de la PGR y, posteriormente, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hoy, su paradero político es el de las sombras. En 2019, renunció de forma sorpresiva a su cargo vitalicio en la Suprema Corte en medio de investigaciones periodísticas y gubernamentales por presunto lavado de dinero y transferencias millonarias irregulares. Desde ese momento, ha mantenido un perfil bajo, evadiendo los reflectores mediáticos y esquivando cualquier juicio por su responsabilidad directa en la represión social.
Wilfrido Robledo: la impunidad hasta la tumba
El diseño táctico y la ejecución directa en el terreno corrieron a cargo del vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, quien entonces era el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) del Estado de México. A Robledo se le señaló por la brutalidad con la que actuaron los elementos bajo su mando.
De manera insólita, durante sus comparecencias legislativas tras los hechos, justificó la brutalidad policial y los abusos sexuales argumentando que sus policías simplemente padecían «estrés» por la presión del momento.
A pesar de las denuncias en su contra, de verse obligado a renunciar meses después de la tragedia y de ser considerado el rostro operativo del abuso, Wilfrido Robledo nunca pisó la cárcel por estos crímenes. Falleció en febrero de 2022 en la Ciudad de México, a los 75 años de edad, derivado de complicaciones de salud. Murió en la absoluta impunidad, llevándose a la tumba su responsabilidad por el dolor físico y moral infligido a decenas de familias.
Las mujeres víctimas: la justicia que aún no llega
Si hay un rostro que dignifica la lucha tras la tragedia de Atenco, es el de las mujeres. Durante el operativo de 2006, decenas de ellas fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a tortura física, psicológica y sexual por parte de los elementos de seguridad. Tras años de toparse con un sistema judicial mexicano sordo y cómplice, 11 de estas mujeres decidieron llevar su exigencia de justicia a instancias internacionales.
Su valentía rindió frutos históricos en 2018, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado mexicano por las graves violaciones cometidas. Aunque el gobierno se vio obligado a pedir disculpas públicas, la realidad es que las sentencias a nivel local han sido a cuentagotas, dirigidas a policías de bajo rango, mientras que la cadena de mando sigue intacta. Las mujeres de Atenco ganaron en los tribunales internacionales, pero en su propio país, la justicia plena sigue siendo una promesa vacía.
La familia del Valle: persecución, cárcel y libertad sin cargos
El Estado mexicano no solo usó la fuerza física en Atenco, sino también el peso aplastante del sistema penal. Ignacio del Valle, uno de los líderes más visibles del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), fue detenido, enviado a un penal de máxima seguridad y condenado a más de 112 años de prisión en lo que parecía ser un intento claro de cortar la cabeza al movimiento. Su familia, incluyendo a su hija América y su hijo César, enfrentó persecución y acoso constante.
Sin embargo, el montaje judicial se desmoronó. En 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de Ignacio del Valle y otros líderes encarcelados, reconociendo que las acusaciones se basaron en pruebas fabricadas y que el debido proceso fue pisoteado. Salieron de prisión sosteniendo su versión: su encarcelamiento se trató de un acto político, no de justicia.
Los hijos de la resistencia: hoy gobiernan Atenco
Aquellos jóvenes que en 2006 vieron a sus padres ser golpeados, encarcelados o forzados a vivir en la clandestinidad, hoy han tomado las riendas de su comunidad. Un ejemplo claro es César del Valle, hijo de Ignacio del Valle, quien creció marcado por la resistencia y la defensa de su territorio. Así en 2024 el pueblo de San Salvador Atenco determinó darle su voto a César del Valle, quien hoy ostenta el cargo de Alcalde.
El movimiento social: ¿qué pasó con el Frente de Pueblos?
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) no desapareció con la represión de 2006. Por el contrario, sus icónicos machetes en alto se convirtieron en un símbolo nacional de resistencia. Aprendieron a organizarse más allá de su municipio, tejiendo redes con otros movimientos sociales, campesinos e indígenas de todo México.
Aunque la represión dejó cicatrices profundas y divisiones internas naturales tras años de desgaste, el FPDT se mantuvo como un guardián vigilante de la cuenca del Valle de México. No bajaron la guardia cuando el gobierno de Peña Nieto intentó revivir el proyecto aeroportuario años después. Se mantuvieron firmes, demostrando que la dignidad de un pueblo organizado puede sobrevivir incluso a la violencia de Estado más brutal.
El aeropuerto: ganaron la batalla y hoy es un ecoparque
Para entender Atenco, hay que recordar que el conflicto original, iniciado en 2001 bajo el gobierno de Vicente Fox, fue por la intención de expropiar sus tierras a precios muy por debajo del valor real para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La represión de 2006 fue el castigo por haberse negado a vender.
La batalla fue larga y dolorosa, pero al final, los campesinos ganaron. El megaproyecto aeroportuario en Texcoco fue cancelado definitivamente en 2018. En lugar de pistas de aterrizaje y planchas de concreto que amenazaban con destruir el ecosistema y agotar el agua, hoy se erige el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Las tierras que querían pavimentar están siendo restauradas para que el agua vuelva a su cauce natural. Es un triunfo monumental: la tierra no se vendió, el lago respira de nuevo y la memoria de Atenco sigue viva.
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