Toluca, Estado de México; 8 de mayo de 2018. Las amenazas de marchas, manifestaciones e incluso un paro laboral por parte de transportistas mexiquenses no están justificadas, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Autotransportes de Pasaje y Turismo (Canapat) en el Estado de México, Odilón López Nava, quien reprobó que la agrupación Fuerza Transportista 20 de marzo rechace la implementación de dispositivos de seguridad en sus unidades.
Dijo que es necesario que se actué en la legalidad, pese a la situación de nerviosismo tanto de ciudadanos, transportistas, concesionarios y operadores respecto a la regularización del transporte público,.
“Históricamente, hemos venido arrastrando una problemática que se ha convertido en una bola de nieve llena de problemas y que hoy el problema del transporte ha robado la tranquilidad de nuestras familias, no solo los usuarios sino de nosotros los transportistas”.
Señaló que actualmente hay líderes transportistas que se aprovechan de los concesionarios y operadores al cobrarles cuota y derecho de piso. En este sentido, consideró ilógico que los transportistas pretendan que sea el gobierno quien pague los dispositivos de seguridad.
“Cuando las autoridades tratan de hacer alguna acción de orden son los mismos líderes los que incitan a que no se aplique la legalidad. En el transporte publico no puede haber subsidios, no puede haber sistemas de transporte con subsidios y que todos los mexiquenses estemos pagando”. López Nava refirió que, en el Estado de México, existen 190 mil concesionarios legales, con el 40 por ciento de concesiones vencidas; es decir, cerca de 70 mil concesiones.
“Es una oportunidad que hoy tenemos. Que, ante la Gaceta del 20 de marzo, esos 70 mil concesionarios puedan obtener una certeza jurídica y una tranquilidad en su patrimonio; esa oportunidad se les brinda. Claro que no es gratis, porque los demás concesionarios tienen vigente su concesión porque han cumplido por el pago de sus derechos”.
Dijo que las condiciones que se plantean en la Gaceta ya habían sido planteadas anteriormente, en específico la instalación de cámaras de videovigilancia y de botones de pánico, cuyos costos, dijo, van desde los 6 mil pesos.
“Si bien nosotros como transportistas no brindamos seguridad, para eso está el Estado. Pero es un instrumento que a nosotros nos ayuda a prevenir y disuadir la delincuencia, nos ayuda a ser mejores, a tener competitividad en lo que hacemos y a responder a una necesidad y a un reclamo de la ciudadanía”.
Sobre las aseveraciones de voto de castigo al partido en el poder, el titular de Canapat afirmó que el transporte público debe ser apolítico. “No podemos permitir ver movimientos cada vez que haya un intento de orden por parte del Estado, que haya personas y, sobre todo, gente que no ha aportado nada positivo en el transporte, que no ha ayudado a que esto sea mejor y, por el contrario, siempre está en contra del orden o en contra de cualquier disposición. Podemos estar en contra de algunas cosas, pero para ello hay vías, no estar haciendo ni pintas ni marchas que afecten a la ciudadanía”.
Finalmente, llamó a los transportistas a respetar a las instituciones, entre ellas la Secretaría de Movilidad, y aseveró que la implementación de los dispositivos de seguridad debe ser una Inversión más que un gasto para los transportistas.
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