Toluca, Estado de México. 25 de abril de 2019. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México enfrenta un déficit de 300 médicos legistas, ya que requiere más de 500 para efectuar las más de 367 mil certificaciones médicas que se llevan a cabo en el año y, actualmente solo cuenta con 230 especialistas.
Así lo dio a conocer su titular, Alejandro Gómez Sánchez, luego de reunirse con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura mexiquense para entregarles el informe anual de actividades de la Fiscalía, correspondiente a 2018, como lo establece el artículo 25 de la Ley de la FGJEM como órgano autónomo.
Señaló que esta situación de médicos legistas representa uno de los cuellos de botella que tiene la institución. Para cubrir ese déficit se han apoyado con los gobiernos municipales que aportan a los profesionales del ramo, los cuales que son habilitados por la Fiscalía para atender a la ciudadanía.
Entre los logros obtenidos en 2018, Gómez Sánchez destacó que en la entidad se lograron cinco sentencias vitalicias de feminicidios, de manera que el Estado de México es la única entidad del país en alcanzar ese tipo de sentencia; además, se obtuvieron 49 sentencias de feminicidios con penas de entre 40 y 90 años de prisión.
El Fiscal también resaltó el avance logrado en el tema de la trata de personas, al obtener una primera sentencia por 99 años por explotación sexual forzada, que es la primera de su tipo que se da a nivel de Latinoamérica.
Entre otras cifras dio a conocer que en 2018 se registró un aumento de 21 por ciento con respecto a 2017, de la judicialización de las carpetas de investigación, lo que representa 16 mil 291 carpetas puestas a consideración de la autoridad judicial, en un total de 121 mil 586 audiencias que tuvo que atender el Ministerio Público .
Asimismo, en el año referido aumentó en 13 por ciento el número de sentencias condenatorias, lo que representó 7 mil 151 personas procesadas en 2018; de las cuales, más de 5 mil 600 personas por delitos de alto impacto, por lo que recibieron penalidades superiores a los 5 años; y 10 mil 396 imputados vinculados a proceso, lo que significó un incremento de 18 por ciento con respecto a 2017.
“Este cambio no solo debe verse en función de la Fiscalía, sino de todo el proceso penal, porque significa la capacidad que deben tener los tribunales para procesar estas audiencias y la capacidad que debe tener el sistema penitenciario para recibir a los detenidos. Hay que ver el procedimiento completo. Si nosotros avanzamos y no avanzan los demás operadores del sistema, el sistema se va a colapsar”, expresó