Toluca, México, 24 de enero de 2019. Maricela Molina González trabaja en el campo, tiene cinco hijos, su esposo es Pedro Sánchez Berriozábal, uno de los cinco presos de Tlanixco que han sido sentenciados a 50 años de prisión por defender el agua.
Al otro lado del teléfono, Maricela Molina cuenta a AD que su esposo, junto con Teófilo Pérez González, Rómulo Arias Mireles, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez, están acusados de un homicidio que no cometieron.
Explica que el 18 de diciembre de 2003 su esposo fue detenido en su casa, fue acusado de asesinar a Alejandro Isaak Basso, empresario floricultor de Villa Guerrero, quien con 11 personas más llegó a su comunidad; entonces la gente de Tlanixco sonó las campanas de la iglesia y un grupo de aproximadamente 300 personas los llevó a la delegación para decidir la forma de resolver el conflicto. Maricela argumenta que al caminar por una vereda que sube por un barranco de 200 metros de profundidad Isaak Basso resbaló y cayó: perdió la vida.
Los conflictos entre la comunidad de Tlanixco con el municipio vecino de Villa Guerrero tienen más de 30 años, Maricela explica que cuando los hechos sucedieron, el 1 de abril de 2003, existía aun amparo que protegía el bosque, la tierra y el agua de la comunidad.
Todos los detenidos son defensores del derecho al agua en la comunidad de Tlanixco, han ocupado diferentes cargos para la gestión comunitaria del río: Pedro Sánchez Berriozábal mantenía un liderazgo moral reconocido y era vocero del Comité del Agua.
La voz de Maricela se quiebra, el martes les notificaron que después de 12 años les repondrán el proceso a tres de los seis detenidos, lo que significaría que, luego de 13 años de proceso, deberán reiniciar el juicio.
En un comunicado, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la criminalización de los defensores indígenas de Tlanixco. Según el documento, una de las preocupaciones es la falta de individualización de la pena, “pues se atribuye igual grado de responsabilidad a los seis sentenciados sin que se expliquen los motivos por los cuales se aplicó a todos la pena máxima de 50 años”.
El comunicado dice que las “violaciones al debido proceso legal puede entenderse como una criminalización de los defensores indígenas en la medida que se constata una inadecuada aplicación de la justicia”.
Maricela, desde hace 16 años, ha hecho crecer sola a sus hijos, trabaja para ellos y al mismo tiempo participa en el Movimiento por la liberación de los presos defensores del derecho humano al agua de San Pedro Tlanixco: “hay que ser padre, madre y estar en todo, pero lo hacemos con la frente en alto porque nuestros familiares son inocentes”.
Ante este aviso, los familiares de los presos rechazaron “tajantemente la reposición del procedimiento, porque mantiene la prisión de nuestros familiares, ya pasaron entre 13 y 16 años en prisión y reponer el procedimiento desde el principio es condenarlos a muchos mas años en prisión y siendo inocentes", asimismo, exigen al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General del Estado de Mexico que hagan caso de las recomendaciones de la ONU de liberar a los presos.
Por este caso, la legislatura local plantea emitir un exhorto al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y al fiscal general de justicia mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez, a fin de que permitan el indulto; no obstante, en caso de darse, no sería el único pronunciamiento ignorado por las autoridades.
La historia de Maricela es una de las seis que ha dejado este caso que parece no tener fin, ya que aunque los presos de Tlanixco están integrados a la lista del gobierno federal relacionada con la liberación de encarcelados políticos que promueve la senadora Néstora Salgado, su caso se mantiene en el Estado de México: "uno de los peores estados en condiciones de proteger y de hacer que las leyes funcionen como debían, más bien las leyes existen para quienes sí pueden pagar”, dice Maricela.