El Estado de México cuenta ya con una ley de Movilidad, tal cual lo exigieron durante 8 meses organizaciones civiles, en ella se contempla el Registro Público de Movilidad, el cual tendrá la obligación de transparentar información básica sobre el número de concesiones y choferes, e inclusive resoluciones judiciales o administrativas relacionadas con las empresas que operan en la entidad, así como la creación del Observatorio Ciudadano de Movilidad, y el retiro de la concesión para unidades reincidentes en accidentes.
En cuatro capítulos los diputados mexiquenses arroparon propuestas, hasta del sector social, como lo fue la propuesta de crear el Observatorio Ciudadano de Movilidad, el cual podría conformarse hasta finales de año, ya que se integrará a partir de una convocatoria expedida por Secretaría del ramo; además dos de sus integrantes serán vocales ante el Comité Estatal de Movilidad, órgano encargado de analizar, aprobar concesiones, rutas y programas en materia de transporte público.
Dentro de esta ley también se exigirá a los gobiernos municipales que den prioridad a la creación de senderos verdes, peatonalización de algunas calles, así como creación de ciclovías, y creen programas para fomentar medios alternos al automóvil o camiones.
En materia de concesiones, no se vetan, a pesar de que se reconoce que existe una sobreoferta del transporte público (camiones y taxis) en la entidad. Hace un año, a meses de asumir la titularidad de la entonces llamada Secretaría del Transporte, Isidro Pastor Medrano, reconoció que en el territorio mexiquense circulan 50 mil camiones de manera irregular, tolerados por las propias empresas que al querer las meter en orden o crear cooperativas simplemente terminan amparándose para que todo continúe de la misma manera.
Con la ley de Movilidad, ahora, para otorgarse una concesión se deberán entregar los papeles de la aseguradora, pues se quiere garantizar que en caso de un accidente se responda de manera rápida a las víctimas.
La presión social para aprobar la ley de Movilidad se da tras publicarse el atropellamiento de Diana Segura, una joven estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México en la ciudad de Toluca, accidente que la incapacitó de por vida, pues provocó que le amputaran una pierna; no pasó un mes de este suceso, cuando nuevamente un camión arrolló sobre la banqueta a tres obreras, matando a una de ellas, esto también en la capital mexiquense. Los hechos se sumaron a la muerte de dos niños ocurridas durante el 2014.
Aunque se contempla el retiro de la concesión, esto sólo ocurrirá cuando una unidad se vea involucrada en más de dos accidentes en el periodo de un mes, por lo que el sistema de indemnización continuará operando casi de la misma manera.
Una de las innovaciones de esta ley es la creación del Registro Público de Movilidad, inscribirá los documentos en donde consten las concesiones que expidan las autoridades estatales conforme a las disposiciones de esta ley; las modificaciones que sufran y los derechos legalmente constituidos sobre las mismas.
Las autoridades estatales están obligadas a proporcionar al registro público de movilidad la información estadística, documental, técnica, catastral y de planificación, que éste requiera para el mejor desempeño de sus funciones, datos, que hasta el momento, son casi desconocidos, o no se tiene certeza sobre los mismo.
Entre los datos que ya podrán consultarse estarán todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos en relación con la titularidad y los derechos derivados de las concesiones, así como todos los actos referidos al otorgamiento en garantía de los derechos derivados de las concesiones.
De acuerdo con la Ley aprobada por la LVIII Legislatura ésta entrará en vigor 60 días después de su publicación en la Gaceta oficial, es decir que podría ser hasta fines de año que se comience a trabajar bajo la regulación del documento.
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