Obsesión por los datos personales

La semana pasada el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que se pueda integran una gran base de datos con información de las personas que utilicen una línea de telefonía celular. ¿Cuál es el objetivo y cómo pretende alcanzarse? Lo que se busca parece simple: tener forma de relacionar cada línea telefónica con alguien a través de sus datos biométricos (huella digital, iris, firma, facciones del rostro, tono de voz, firma o cualquier otra característica que le sea propia y exclusiva). Y la intención parece noble: contribuir con las autoridades en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia para el esclarecimiento de delitos, la prevención y castigo a los mismos.

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Para nadie resulta desconocido que las tecnologías digitales han ampliado la gama de conductas delictivas en nuestra sociedad: robo de información, extorsiones, fraude, usurpación de identidad, secuestro, por mencionar sólo algunos. Debido a ello se ha formado la creencia de que controlando la información de los usuarios se pueden combatir este tipo de conductas. Así fue como hace una década, en el gobierno del panista Felipe Calderón, se impulsó la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (conocido como Renaut). Fue un proyecto fallido, por varias razones: nunca logró obtener el registro de todos los usuarios de telefonía móvil, porque pedía que los mismos usuarios lo hicieran, proporcionando los datos de sus identificaciones oficiales (Credencial de Elector, CURP). Para ello se dio un plazo, advirtiendo que quien no hiciera el registro perdería su línea. Pero no había modo de saber si los datos proporcionados por los usuarios al hacer el registro eran veraces. Además, el número de líneas no registradas fue tan grande una vez fenecido el plazo que resultaba impensable suspenderlas a todas. Se tramitaron amparos y un Juez otorgó la suspensión definitiva en contra de la desconexión de líneas.

La base de datos tuvo que ser destruida porque, aunque fuera incompleta, alguien la filtró y la misma de ofertaba públicamente para su venta. Total, un desastre que en nada contribuyó a la disminución de los delitos. Y, sin embargo, ahora vuelve a hacerse una apuesta similar con esta reforma legal que aprobó el Senado y que luego envió al presidente de la República para su publicación y entrada en vigor.

Poseer una base de datos es sólo una tarea elemental, hacer hablar a los registros es lo que realmente importa.

De hecho, los datos son el principio fundamental sobre el que se organizan hoy los mercados; los Big Data están posibilitando una reinvención del capitalismo. Están siendo aprovechados básicamente por empresas para entender mejor a sus clientes y venderles lo que quieren. Pero, de la misma manera, muchos gobiernos han aspirado a obtener Big Data de sus ciudadanos para organizar mejor la gestión de la vida pública.

Ya en otra ocasión analizamos acá la manera en la que países como China, Japón o Corea gestionaron la pandemia de Covid-19 con macrodatos y análisis de los mismos. Lo pudieron hacer, sobre todo, porque por aquellas latitudes ni siquiera existe la noción de “protección de datos”, en tanto que de este lado del mundo hay un amplio debate acerca de la privacidad y la protección de datos de las personas. Lo cual no deja de ser paradójico, pues al tiempo que se regatean los datos a las instituciones públicas, prácticamente se obsequian a las empresas y comercios. Los “cinco gigantes” del Big Data en Occidente son nombrados por Miguel y Moreno con el acrónimo GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) y los servicios de inteligencia de todos los países, reclaman datos y colaboraciones por parte de ellos, pues son quienes verdaderamente han generado Big Data con datos de las personas.

La reforma a la ley que pretende revivir en nuestro país la idea de una gran base de datos que permita vincular cada línea de telefonía móvil con una persona, no se ve con muy buenas posibilidades de tener éxito para los fines que se dice es creada: combatir la comisión de delitos. Generar los datos de manera exhaustiva, veraz y pronta se antoja una tarea poco menos que imposible. Se vendrá la lluvia de amparos y es muy probable que algún juez o varios, otorguen la protección de la Justicia contra la entrega de datos al Gobierno Federal.

Insisto, no se trata de algo inédito. Todos los días, al conectarnos a la red, al comprar, al publicar, al hacer una transacción, estamos generando datos y no chistamos en hacerlo. Nuestros datos ya los poseen varias instituciones y empresas (incluso el INE se negó a compartir los suyos con la Secretaría de Gobernación y por ello ahora se busca otra vía para contar con ellos). No es por falta de ello que los delitos no pueden perseguirse y sancionarse. Lo que ocurre es que los datos sólo hablan si alguien los interroga. Se requiere software especializado para procesarlos y es necesario que alguien imagine la información que se puede obtener de ellos. Además, es preciso que los mismos sean veraces, pues si se piensa que es posible perseguir a traficantes y extorsionadores vinculando una línea telefónica con su titular y el acto delictivo, se pasa por alto que casi nadie imagina cometer delitos utilizando una línea a su nombre.

Como quiera que sea, una vez más renace en el país la obsesión por los datos personales, habrá que ver cómo se gestiona operativamente este nuevo mandato legal y si logra configurarse esa gran base de datos que ayude a disminuir los delitos cometidos desde dispositivos móviles. Lo dudo. Al tiempo.