La Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México respondió a los cuestionamientos sobre la licitación pública nacional LPNP-012-2025, mediante la cual se adjudicó a Productos Serel y Landsmark un contrato por hasta 2,175 millones de pesos para la compra de despensas destinadas a personas adultas mayores.
En un oficio dirigido a AD Noticias, la dependencia aseguró que el proceso se llevó a cabo conforme a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y que fue vigilado por un Testigo Social, figura ciudadana contemplada en la normativa para supervisar procedimientos relevantes. Según el testimonio emitido, no se detectaron irregularidades en ninguna etapa del concurso.
Argumentos del gobierno
La Oficialía Mayor subrayó que el análisis de las propuestas se realizó por el Comité de Adquisiciones y Servicios con base en varios criterios:
- Capacidad administrativa, técnica, financiera y legal del oferente.
- Cumplimiento de contratos previos con el gobierno estatal.
- Adecuación a las especificaciones técnicas solicitadas.
- Presentación del precio más bajo dentro del rango de mercado detectado por la Subdirección de Investigación de Mercado Estatal.
- Condiciones comerciales y económicas solventes.
La dependencia enfatizó que el precio unitario de 683.69 pesos por despensa no solo corresponde a los productos alimenticios, sino también a costos de logística, almacenamiento, distribución en 160 centros en todo el estado, ensayos de laboratorio y certificaciones de calidad. Estos elementos, dijo, deben ser considerados en la propuesta económica y justifican el monto adjudicado.
Transparencia y vigilancia
Como parte del procedimiento, la Oficialía señaló que:
- Se establecieron los mismos requisitos y condiciones para todos los licitantes.
- La convocatoria se publicó en medios de circulación estatal y nacional el 13 de mayo de 2025.
- El comité de adquisiciones, integrado por representantes de Finanzas, Consejería Jurídica, Contraloría y Bienestar, evaluó las propuestas.
- El Órgano Interno de Control y el Testigo Social verificaron la legalidad de cada etapa.
Asimismo, advirtió que el contrato incluye cláusulas de penalización en caso de incumplimiento en calidad, cantidad o tiempos de entrega.
La narrativa oficial frente al debate público
La postura gubernamental busca cerrar la discusión señalando que la licitación fue pública, con participación colegiada y vigilancia ciudadana. Sin embargo, la explicación se centra en la legalidad formal del proceso y en los costos adicionales de operación, sin responder directamente a la diferencia de más de 170 pesos detectada en comparativos minoristas de productos similares.
El gobierno apuesta a justificar el monto en función de la complejidad logística de distribuir despensas en una entidad con más de 17 millones de habitantes y alta dispersión territorial. La polémica, sin embargo, se mantiene abierta: ¿el precio del contrato refleja realmente la suma de producto más operación, o existen márgenes de ganancia excesivos a costa de un programa social?
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