Alejandro Jaime Sánchez Gómez, procurador del estado de México, sí debe renunciar a su cargo, no sólo por el caso Tlatlaya, también están los feminicidios, la falta de capacidad de su personal, los señalamientos de tortura y sobre su indiferencia para atender a las organizaciones civiles, afirmó Esperanza Arias Velázquez, presidenta estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser).
De acuerdo con la titular del Ddser, son retirados los testimonios de personas que han estado detenidas en la Procuraduría mexiquense, a quienes les han practicado métodos de tortura física y sicológica para dar sus declaraciones, así lo demuestran los testimonios de dos testigos del fusilamiento de 22 personas en Tlatlaya, de Santiago Morales Jiménez, vecino de Zinacantepec detenido por manifestarse.
La recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno del estado de México por el caso Tlatlaya, advierte la falta de capacitación de Ministerios Públicos, Policías Ministeriales, Peritos, en general de todo el personal, situación que Esperanza Arias, y otras organizaciones civiles han denunciado desde hace años.
“El maltrato y la tortura, son métodos que no sólo aplican con los detenidos, también con las víctimas, tienen un manual pero no lo aplican, es la institución que más ejerce la violencia institucional, y la falta de capacitación no es nueva, aunque siempre dicen que están capacitando a su personal, lo que no se refleja, por tanto lo que dice la recomendación sobre el caso Tlatlaya no es nuevo”.
Esta institución culpa a los detenidos muchos antes de investigar, se supone que tienen 72 horas antes de ser procesados, situación que no se da, desde que entran los inculpan, pues los esposan, no importando lo que hicieron, los tratan como delincuentes peligrosos.
“Como asociación, sabemos de casos de mujeres que han sido criminalizadas por abortar de manera espontánea, están saliendo del hospital o clínica, sin saber que pasa y son presentadas, en la procuraduría, esposadas, las tratan peor que a un secuestrador”.
Lo que sucede en la PGJEM no es nuevo, carecen de todo conocimiento de lo que son los derechos humanos; nada nuevo, ni creo que vaya a cambiar con los señalamientos de la CNDH por Tlatlaya, porque están apostando a que el asunto se olvide, diciendo que se van a capacitar, pero es mentira muchas organizaciones hemos ofrecido capacitación en atención a víctimas de manera gratuita se nos desprecia.
Por todo lo anterior, es que si considero que Jaime Alejandro Sánchez Gómez debe renunciar, no ha hecho ninguna modificación para mejorar la institución y ya pesan muchos señalamientos fuertes sobre su gestión, más que nada es un procurador que no quiere acercarse, ni hablar con las asociaciones civiles, pues el Observatorio Nacional del Feminicidio tiene un año solicitando reunirse con él, sin respuesta.
Ddser también ha solicitado audiencias, sin obtener atención, hemos ofrecido capacitación y nos cierran la puerta. Hay que destacar que hoy por hoy dan cifras falsas de los delitos, manejan la información a su beneficio, y muestra de ellos es afirmar que los secuestros disminuyeron cuando ellos aceptaron que dos mujeres murieron la semana pasada al ser raptadas.
Por todo eso debe renunciar, y como mexiquenses iríamos por nuestro cuarto procurador, pero no importa, por que hoy no hay justicia.