La semana pasada, el Estado de México realizó la Operación Caudal, que resultó en la clausura de 189 inmuebles clandestino relacionados con el huachicol del agua. Ante esto, AD Noticias entrevistó a Cristina Eugenia Pablo Dorantes, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y especialista en prevención del delito.
A pesar de los operativos recientes en la entidad, la especialista advierte que la impunidad permite que el robo del agua se mantenga. Esto permitió que se convirtiera en un negocio lucrativo y riesgoso para la salud pública.
Origen del «huachicol»
El término “huachicol” surgió para referirse al robo o adulteración de combustibles, especialmente gasolina, explica la experta. Sin embargo, su uso se ha extendido a otros delitos, como la sustracción y venta ilegal de recursos naturales.
Menciona que el huachicol opera mediante desvíos no autorizados desde ríos, manantiales o tomas de agua. De ahí la creciente preocupación por la venta de agua contaminada o de dudosa procedencia.
Puntualizó que incluso la Profeco ha detectado partículas de heces fecales en el agua embotellada de empresas formales, por lo que es imposible garantizar la pureza del líquido obtenido ilegalmente.
Pablo Dorantes recuerda que el problema jurídico de la administración del agua se discute desde 2007. Ese año, la Gaceta Parlamentaria analizó la eliminación de permisos provisionales y la reforma de disposiciones sobre agua potable y alcantarillado, así como el fortalecimiento del Registro Público de Derechos del Agua.
En esta reforma, menciona, se buscaba eliminar los permisos provisionales, adecuar la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, así como fortalecer el registro público de los derechos del agua.
A nivel mundial, el tema es tan grave que forma parte de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, añade.
Operativos recientes en el Edomex
Ante la pregunta sobre los grandes operativos actuales contra el huachicoleo del agua en el Edomex, la experta los vincula con la nueva administración federal de la gobernadora en materia de seguridad. Afirma que estos operativos combaten dos frentes: la seguridad y la sanidad.
Aunque el tema de la legalidad continúa pendiente en las instituciones. Así mismo, asegura que el problema es estructural: desde 2007 se reconoce la ilegalidad de los permisos provisionales, pero durante tres sexenios no se ha resuelto.
«Han pasado tres sexenios y está detectada esta problemática y no se ha atendido como tal. Y el agua es vital”.
Negocio millonario y sindicatos
Mientras millones de mexicanos enfrentan escasez de agua, los piperos la convirtieron en un negocio lucrativo. La falta de control y sanciones permitió que los huachicoleros operaran con impunidad, aprovechándose de una necesidad básica.
La académica afirma que, ante el aumento del precio de bebidas azucaradas, como el refresco, el consumo del agua crece y el negocio también.
“Estamos hablando que a fines del siglo pasado todavía podíamos consumir agua así directo de la llave. En la actualidad ya no».
La experta señala que, para acceder a agua segura, las personas se ven obligadas a comprar filtros o recurrir a empresas que la comercializan. Esto ha convertido al suministro de agua en un negocio lucrativo, donde la falta de regulación propicia prácticas ilegales y concentración del recurso en pocas manos.
Además, advierte que los permisos provisionales siguen otorgándose pese a su dudosa legalidad.
«Cuando surgen este tipo de operativos, pues entonces sí se molestan porque dicen que tienen un permiso provisional, que posiblemente sea ilegal”.
Esta falta de sanciones ha permitido la proliferación de grupos que operan bajo la fachada de sindicatos, con cuotas que pueden ser mensuales o semanales, para obtener recursos ilegales.
De acuerdo con una estimación de AD Noticias, si cada pipa tenía un valor de 1 131 pesos y los huachicoleros realizaban alrededor de 5 103 viajes, sus ganancias diarias serían de 5 millones 771 493 pesos y 2 106 millones 594 945 pesos anuales.
En Ecatepec, el agua se revendía con un sobrecosto de 59 %, en Cuautitlán con 41.4 %, en Tlalnepantla con 32.42 % y en Toluca con casi 10 %
Pablo Dorantes asegura que el crimen organizado también puede estar involucrado, por eso, ella aconseja que se deben legalizar estas agrupaciones.
«Podemos decir que hasta el crimen organizado (…) O sea, cuando ven que hay recursos en algún lugar pues claro que se van a aprovechar y por eso hay que detenerlos con tiempo».
También, las grandes empresas refresqueras y cerveceras, que consumen enormes cantidades de agua, raramente son supervisadas. Subraya que es más fácil para las autoridades combatir los llamados sindicatos, a diferencia de otros sectores que aportan recursos financieros al propio gobierno.
“Es más fácil pegarles igual ahorita a estos llamados sindicatos de piperos, pero la cuestión de la corrupción siempre está presente y son a los primeros que hay que combatir, porque pues los otros aportan otros recursos financieros al mismo gobierno”.
Impunidad y prevención
La especialista subraya que los operativos recientes buscan frenar el delito, pero sin atacar su origen: la impunidad.
“No tenemos una varita mágica como para decir ‘ya se acabe todo’, ni tampoco es una receta de cocina. Estas son estrategias y políticas públicas que llevan un tiempo, que tienen una perspectiva muy alta, en este caso puede ser menor, puede ser de una data más corta, dado que a pesar de que es desde 2007, es el momento, ya está un poco rebasado, pero que todavía se puede detener para evitar”.
La solución, insiste, no está solo en combatir o reprimir, sino en la prevención y la seguridad ciudadana.
“No solamente que tenga que ver con la criminalidad, también ver el bienestar del ciudadano, cómo poder tener un consumo de agua seguro, saber que el agua que estoy bebiendo, pues es agua que sí puede consumir mi cuerpo, ¿no?”
Aunque las autoridades clausuren tomas clandestinas y detengan pipas ilegales, el fondo del problema persiste. El agua es vital y no puede seguir en manos de quienes la usan para enriquecerse. Sin sanciones firmes y políticas preventivas, la escasez seguirá siendo una oportunidad para el delito.
Texto: Carolina Conde.
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