En el Estado de México, quien extrae y vende agua de forma ilegal enfrenta una pena máxima de 8 años de prisión y una multa de hasta 45 mil pesos. Esa sanción, establecida en el artículo 145 Septies del Código Penal estatal, es la misma que se aplica a delitos patrimoniales comunes, como el robo de autopartes, y menor que la de conductas que dañan intereses económicos, no derechos humanos.
Un negocio millonario con castigo moderado
De acuerdo con estimaciones oficiales y cálculos de AD Noticias, el huachicoleo de agua mueve más de 2 000 millones de pesos al año solo en el Valle de Toluca.
Pese a ese volumen económico y al impacto directo en comunidades que viven con cortes constantes y pipas inalcanzables, el delito se castiga con una pena similar a la de hurtar mercancías por menos de 50 000 pesos. En cambio, la especulación comercial o el fraude fiscal pueden alcanzar hasta 12 años de prisión y el robo con violencia hasta 15 años.
Comparativa de penas
| Delito | Pena máxima | Comentario |
| Robo o extracción ilegal de agua | Ocho años | Lucra con un bien vital; deja sin agua a comunidades pobres |
| Robo de vehículo | 12 años | Afecta patrimonio individual, no un derecho colectivo |
| Especulación o encarecimiento de productos básicos | 10 años | Se castiga más caro jugar con precios que robar agua |
| Trata de personas | 12 años | Se prioriza el daño directo a personas (justificable), pero no al colectivo afectado por desabasto |
| Corrupción o enriquecimiento ilícito | 14 años | El sistema protege más la hacienda pública que los recursos naturales |
Aunque el agua es un recurso vital, las sanciones por su extracción ilegal no son más severas que las impuestas por delitos como el robo de vehículos o el encarecimiento de productos básicos, aun cuando el huachicol vulnera un derecho colectivo.
Un castigo que no refleja el daño social
La venta clandestina de agua agrava la desigualdad: mientras los operadores ilegales obtienen millones, los sectores populares enfrentan escasez, pagan sobreprecio por pipas o almacenan líquido en condiciones insalubres. Sin embargo, el Código Penal del Edomex sigue tratándolo como un delito económico menor, sin la categoría de crimen grave o de alto impacto ambiental.
“Resulta incongruente que un delito que lucra con la sed de las comunidades se castigue menos que el robo de un vehículo. El agua es un derecho humano, no una mercancía”, advierte el jurista ambiental Carlos A. González, consultado por AD Noticias.
Reforma pendiente
En marzo de 2025, una iniciativa propuso elevar la pena hasta 30 años de prisión, al considerar que la extracción ilegal de agua tiene efectos equiparables al crimen organizado. Sin embargo, la propuesta sigue congelada en el Congreso mexiquense, mientras el negocio del agua clandestina continúa expandiéndose en zonas donde los pozos legales apenas alcanzan para el consumo doméstico.
Sindicatos localizados
El 24 de octubre, la FGJEM encabezó la Operación Caudal en 48 municipios de la entidad. Detectó 189 inmuebles clandestinos utilizados para extraer y vender agua sin autorización.
Durante el operativo, se encontraron pipas con calcomanías de sindicatos como el 22 de Octubre, encabezado por Christian Jesús Castillo Grimaldo. Así como los sindicatos FITTAM y USON, dirigidos por Juan Ortiz Granados y Misael Rodríguez Fragoso, respectivamente.
En Ecatepec, el pozo de Santa María Tulpetlac estaba bajo control del Sindicato 25 de Marzo y de USON. Estos están liderados por Rodríguez Fragoso, Guillermo Fragoso Báez y Ricardo Martínez Mendoza.
Así mismo, se identificó a un sujeto conocido como “El Primo”, propietario de un pozo de agua en Tepotzotlán e integrante de Transportistas Unidos Transformando México (TUTRAM).
También se localizaron propietarios como Adán González, en un pozo de agua de San Buenaventura, Toluca. Alan García, encargado del establecimiento Servicio «Pipas Volcán» en San Mateo Otzacatipan. Juan «N», dueño de un pozo de agua en Tecámac. Omar García, alias «El Oso», dueño de una toma de agua en Tepotzotlan.
De igual forma, fue identificado José de Jesús Manríquez, alias “El Pelón”, encargado de una toma de agua en Atizapán de Zaragoza, quien operaba pipas afiliadas a ACME —líder simbólico: Jafet Sainz.
Finalmente, se señaló a Nicandro Uribe y su hermano, conocidos como “Los Uribe”, propietarios de un pozo de agua en Valle de Bravo. Así como a Eusebio Aguilar Rodríguez, dueño de un pozo en Tejupilco.
Los propietarios o arrendatarios de los inmuebles tendrían sanciones de dos a cuatro años de prisión. Mientras que los piperos que transportaban o comercializaban el agua podrían enfrentar penas de hasta ocho años.
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