El engranaje del megafraude en el Subsistema de Educación Básica del Estado de México no fue un accidente administrativo o un descuido fortuito; fue una maquinaria de saqueo perfectamente aceitada y estructurada desde las entrañas institucionales.
Con un botín mensual estimado en 10 millones de pesos y la creación fraudulenta de 168 plazas docentes fantasma en secundarias inoperantes, el Ministerio Público ha comenzado a cerrar el cerco penal sobre una red criminal que operaba activamente desde 2021.
Sin embargo, a las afueras del Poder Judicial, se gesta una narrativa paralela impulsada por la desesperación. Los familiares de los procesados exigen justicia alegando una supuesta indefensión operativa. Sostienen que el aparato estatal busca castigar a trabajadores de menor jerarquía para garantizar la impunidad de los artífices del desfalco. Pero, al contrastar estas declaraciones con la evidencia documentada en el expediente judicial, este discurso de victimización se desmorona por su propio peso.
Víctimas institucionales frente a la evidencia judicial
La defensa pública asegura que los detenidos laboraban como simples capturistas sin facultades legales para autorizar nóminas, limitándose a acatar instrucciones superiores.
Además, exigen una revisión exhaustiva de sus cuentas bancarias, aseverando que pertenecen a familias de ingresos medios sin patrimonios millonarios. No obstante, esta versión presenta contradicciones insalvables:
- Jerarquía y control: afirman ser trabajadores sin poder, pero la cúpula técnica estaba encabezada por el exdirector de Personal, Oscar “N”. Un director jamás es un empleado menor; controlar la nómina exige altos niveles de autorización, conocimiento del sistema y contraseñas intransferibles.
- Participación activa: argumentan que solo acataban órdenes, pero la operación requirió la retención física de tarjetas bancarias para ordeñar hasta 70 mil pesos quincenales por plástico. Retirar efectivo sistemáticamente en cajeros exige dolo, logística meticulosa y complicidad activa.
- Rastreo del dinero: que no haya lujos evidentes no prueba inocencia. En delitos financieros de este calibre, el uso de prestanombres, transacciones en efectivo y esquemas de lavado de activos es la regla general, no la excepción.
La fuga: ¿Por qué escapar si se es completamente inocente?
El golpe de gracia a la endeble narrativa de víctimas del sistema lo dan las propias acciones evasivas de las figuras clave.
Mientras las familias denuncian presuntos abusos de autoridad durante los cateos y una supuesta injerencia externa sobre los jueces para justificar las prisiones preventivas, los líderes principales brillan por su ausencia.
El extitular Rodolfo “N” se mantiene en calidad de prófugo de la justicia, siendo captado impunemente disfrutando de partidos del Mundial en Jalisco. Paralelamente, perfiles gerenciales como Jaime “N” operan bajo el cómodo escudo de los amparos federales.
Aquí surge una pregunta letal e inevitable para su estrategia legal: si las operaciones financieras fueron legítimas o un simple error de acatamiento de mando, ¿por qué el instinto inmediato de la cúpula fue la fuga, el amparo masivo y el ocultamiento? La evasión de la justicia es, históricamente, la admisión de culpa más elocuente.
El veredicto
El desahogo técnico del expediente continuará en las próximas semanas, respaldado por las revelaciones de un testigo protegido que falleció súbitamente en abril.
Aunque el sistema judicial concentra temporalmente su fuerza en las bases operativas que ejecutaron materialmente el desvío, el veredicto público ya está dictado. El sistema educativo mexiquense fue utilizado sistemáticamente como una inagotable caja chica. Quienes tenían las llaves de la nómina magisterial no pueden pretender hoy, ante los tribunales, que no sabían cómo abrir la enorme caja fuerte.
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