Viajar en transporte público por el Estado de México, y en particular por el Valle de Toluca, se ha vuelto una forma cotidiana de resistencia. A diario, millones de personas enfrentan rutas desarticuladas, unidades sin mantenimiento, operadores sin capacitación y tarifas que no se justifican frente a la calidad del servicio.
La tarifa mínima en transporte concesionado —combis, microbuses, camiones— es de 12 pesos por solo 5 kilómetros. En trayectos largos o con trasbordos, el costo se dispara hasta los 20 o 25 pesos por viaje. En zonas como Zinacantepec, Lerma o Metepec, no hay rutas integradas ni horarios confiables. El usuario paga más por llegar tarde, con miedo y sin garantías mínimas de seguridad o comodidad.
Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad ha fallado sistemáticamente en lo que debería ser su tarea central: ordenar el sistema, fiscalizar a los concesionarios, renovar las unidades y proteger al usuario. La falta de inspección real, el otorgamiento opaco de rutas, la ausencia de un sistema digital de monitoreo y la tolerancia a abusos —como el alza arbitraria de tarifas o la negativa a respetar descuentos oficiales— consolidan un esquema que privilegia a los operadores y castiga a la ciudadanía.
Pero no es un solo responsable. Las empresas concesionarias han lucrado durante años con un modelo disfuncional, sin reinvertir en mantenimiento ni profesionalización. La modernización prometida nunca llega, pero las exigencias para aumentar el pasaje son inmediatas. Alegan costos operativos, pero no transparentan ingresos. Exigen subsidios, pero rechazan controles. Los usuarios quedan atrapados entre un Estado débil y una red privada que solo responde a intereses económicos.
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La propuesta de aumentar la tarifa a 16 pesos, actualmente bajo revisión técnica por la UNAM y el IPN, puede tener argumentos contables. Pero sin una transformación de fondo, el alza sería una decisión política disfrazada de criterio técnico. La amenaza de paros por parte del sector transporte muestra que el pulso no se juega en el bienestar de los usuarios, sino en la capacidad de presión de los grupos concesionados.
Antes de plantear cualquier aumento, el gobierno del Estado de México debe responder con hechos:
– Aplicar auditorías públicas y exhaustivas al sistema concesionado.
– Integrar rutas y operadores en un modelo planificado, no mercantil.
– Extender subsidios reales a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores en todo el sistema, no solo en el Mexibús.
– Establecer un modelo digital de trazabilidad del servicio y de los ingresos.
– Implementar un fondo de renovación obligatoria de flota con plazos definidos.
Cualquier aumento sin estas medidas sería una traición al usuario. No se trata solo de cobrar más, sino de dignificar el derecho al transporte. Porque en el Valle de Toluca, viajar hoy es una prueba diaria de paciencia y resignación. Y subir el pasaje sin cambiar el sistema sería simplemente oficializar el abuso.
Fuente: Información pública estatal y municipal, junio 2025.
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