Toluca, México; 16 de marzo de 2018. El crimen de la niña Paulette Gebara Farah, en Huixquilucan, Estado de México, conmocionó a la sociedad mexiquense en el 2010, pues las causas de su muerte siguen siendo un misterio y las inconsistencias del caso muestran que la justicia en el Estado de México está lejos de esclarecer casos como éste.
A ocho años de la muerte de la menor, hasta la fecha no se conoce con certeza lo que realmente ocurrió el 22 de marzo del 2010 en Huixquilucan, municipio que en aquel entonces era administrado por el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. El caso está impregnado de impunidad para quienes estuvieron involucrados en las omisiones de su caso.
Quienes llevaron la investigación en el 2010 no fueron investigados por el incidente, ni los padres ni los procuradores de Justicia mexiquenses, por lo menos adecuadamente. A estos últimos el Estado recompensó con la continuidad en la política, asignándolos a otros cargos dentro de la administración pública a nivel estatal y federal.
El entonces procurador de Justicia del Estado de México, Alberto Bazbaz, dimitió de su cargo como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México el 26 de mayo, argumentando que la “Procuraduría necesita confianza para actuar con eficacia y la dependencia a su cargo la había perdido por cuestionamientos de su actuación en las pesquisas de la muerte de Paulette Gebara Farah”.
Actualmente Bazbaz, quien fue responsable directo de la investigación de la muerte de la niña Paulette, fue nombrado por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), en realidad el órgano de espionaje del gobierno mexicano.
Enrique Peña Nieto, en ese entonces gobernador del Estado de México, designó a Alfredo Castillo como procurador general de Justicia del Estado de México después de la dimisión de Bazbaz ante el escándalo de la niña Paulette y fue ratificado en el cargo por el nuevo mandatario mexiquense, Eruviel Ávila Villegas.
En el año 2014 el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, designó a Alfredo Castillo como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, ante la crisis de inseguridad en esa entidad que provocó la creación de policías comunitarias para hacer frente a los grupos del crimen organizado.
Aristegui Noticias informó en 2016 que el dirigente en Michoacán del Partido Acción Nacional, José Manuel Hinojosa, interpuso una denuncia penal contra Castillo por supuestas falsedades en sus declaraciones en el juicio de José Manuel Mireles, líder de las autodefensas. Actualmente, Castillo es titular de la Comisión Nacional del Deporte, Conade. Fue Castillo quien argumentó que el cuerpo de la niña estaba debajo del colchón de su cama.
Y los padres de la menor, pertenecientes a familias influyentes en el entorno de Enrique Peña Nieto y de Arturo Montiel Rojas, no fueron investigados por su posible participación en el fallecimiento de Paulette.
La mamá de la niña demandó al gobierno del Estado de México a finales del 2010 por 67 millones de pesos por los señalamientos que la administración mexiquense hizo contra ella por su posible responsabilidad en la muerte de la niña.
En 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó cualquier posibilidad de indemnización a la madre de la menor, después de que Lizette Farah determinó ejecutar acción penal por daño moral, luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México realizó indagaciones hacia la madre por presunto homicidio de Paulette, acusaciones que no fueron demostradas.
El caso fue un ejemplo de las omisiones en la impartición de justicia y en las investigaciones de las autoridades del Estado de México, y puso en evidencia la crisis del sistema judicial mexiquense.
El 22 de marzo del 2010, las niñeras de Paulette reportaron la desaparición de la menor cuando un de ellas, de nombre Éricka, acudió a su dormitorio para despertarla y llevarla a su escuela, ubicada en el municipio de Huixquilucan.
Ante esto, los padres difundieron a través de las redes sociales fotografías de la menor, y la sociedad realizó una mega campaña para localizar a la niña con vida, quien poseía deficiencia motriz y trastornos de lenguaje.
Los medios de comunicación también hicieron su parte en la búsqueda, e inclusive la madre, Lizette Farah, se comunicó con los supuestos secuestradores a través de la televisión pidiéndoles la devolución de su hija.
En mayo del año pasado, El Universal publicó una cronología del caso de la niña Paulette, desde el domingo 21 de marzo del 2010, cuando la menor regresaba de Valle de Bravo junto con su hermana Lizette y su padre, Mauricio Gebara, hasta la renuncia del entonces procurador de Justicia del Estado de México en aquel entonces, Alberto Bazbaz.
La investigación siguió su curso. Sin embargo, la Procuraduría de Justicia del Estado de México arraigó a los padres de la niña y a las dos niñeras por inconsistencias en sus declaraciones, pues la Procuraduría encontró contradicciones en sus testimonios.
En aquel entonces, Bazbaz indicó que “cada uno de ellos en determinado momento ha falseado su declaración, lo cual ha dificultado conocer la verdad de los hechos y esclarecer una firme línea de investigación”.
Mientras los padres eran custodiados por autoridades judiciales en un hotel de la capital del Estado de México, agentes de investigación localizaron el cuerpo de Paulette en su propia habitación la madrugada del miércoles 31 de marzo del 2010, en el mismo cuarto en el que días antes las autoridades de justicia mexiquenses habían realizado cateos y en donde las niñeras de la menor habían buscado a la niña.
Bazbaz indicó que la menor había fallecido por “asfixia mecánica por obstrucción de fosas nasales y compresión toraxicoabdominal”. La justica mexiquense dio carpetazo al asunto el pasado miércoles 3 de mayo del 2017, cuando el cadáver de Paulette fue cremado y las autoridades consideraron que los restos ya no eran objeto de prueba para las investigaciones. Y la causa de su fallecimiento quedó sin esclarecerse.
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