Toluca, México; 19 de junio de 2018. Pémex, la empresa paraestatal cuyo sindicato es liderado por el actual senador plurinominal del PRI y dirigente petrolero, Carlos Romero Deschamps, verá a su fuerza sindical bajo el yugo de su controvertido líder hasta el año 2024, quien ha permanecido en el puesto desde 1993 y que en diciembre de 2017 se sometió a su cuarta reelección consecutiva, aprobada por las 36 secciones de trabajadores sindicalizados.
Actualmente, el gremio ha sido promotor de múltiples amparos que permiten a la petrolera mantener sus cuentas a puerta cerrada, de modo que las leyes de transparencia no sean aplicables para hacer del dominio público los datos en materia de convenios, acuerdos y préstamos que pacta el sindicato, así como para mantener en la opacidad los sueldos que perciben los más altos funcionarios del escalafón administrativo. Además de esta información desconocida, se suman los movimientos bancarios del personal, los contratos colectivos de trabajo, bonos, viáticos, primas y los recibos de nómina, entre ellos los de su dirigente.
Un turbio liderazgo
Señalado por supuestos delitos de fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y delincuencia organizada, Romero Deschamps ha sido protagonista de numerosos escándalos que han definido el trayecto de su permanencia al frente de Petróleos Mexicanos, el más conocido de ellos el acontecido en 2001, denominado como “Pemexgate”, momento en el que fue revelado que dinero extraído del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se utilizó para financiar la campaña del entonces candidato a la presidencia por el Revolucionario Institucional, Francisco Labastida Ochoa, y quien fue derrotado por su contrincante panista, Vicente Fox Quesada. La cantidad fue de 500 millones de pesos.
El domingo 17 de junio, en medio del frenesí que produjo el debut mundialista de la Selección Mexicana de Futbol en el mundial de Rusia 2018 y mientras Deschamps se encontraba en el cierre de campaña en Tabasco de José Antonio Meade, candidato a la presidencia por la coalición “Todos por México”, la revista Proceso y el diario Reforma publicaron un reportaje en el que exhibían un inmueble en construcción, propiedad del líder petrolero, levantado en la zona de Las Brisas de Acapulco, Guerrero, cuyo precio escala los 6 millones 400 mil dólares.
Esta construcción se suma a otros bienes raíces de las que el mismo Reforma reporta es dueño el dirigente petrolero, como el valuado en 4.5 millones de dólares, conocido como la residencia “Teifaros”, compuesta por piscina, once habitaciones, comedor con capacidad para diez personas, terraza, bar, cancha de tenis y estacionamiento con espacio para albergar once automóviles. Según informó el medio, la propiedad ha sido derribada.
Como consecuencia del desvío de fondos con fines políticos ocurrido en 2001, el partido tricolor fue acreedor a una multa de mil millones de pesos en 2003; sin embargo, ni la rendición de cuentas ni la repartición de responsabilidades tocó al exdiputado, actual senador y líder sindical.
Conocido por el estilo de vida, que también comparten tanto sus hijos como, incluso, su chofer, en 2008 fue hecho de conocimiento público que Deschamps también tenía en su posesión accesorios valuados en miles de dólares, como un reloj de 18 quilates con un precio de 400 mil dólares o un departamento de lujo en Cancún, cuya inversión sumó 3 millones dólares y que, también, incluye un yate.
A la fecha, Pémex acumula numerosas demandas laborales que suman los 10 mil millones de pesos, casos que se incrementaron en un 60 por cierto desde la implementación de la reforma energética y concentran 567 demandas por otorgamiento de jubilación y 322 referentes a diferencia de esta, todas interpuestas por exempleados de la paraestatal.
A puerta cerrada
De acuerdo con un informe de Infomex, el STPRM es el gremio sindical que ha ignorado más peticiones de información pública desde 2016, lo que convierte al sindicato como uno de los más opacos en el país acerca de los recursos públicos que le son otorgados y que erogan para cubrir sus actividades.
En entrevista con El Financiero, Alfredo Sánchez-Castañeda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comentó que “si realmente Pémex quiere transparencia con su sindicato, en primera tendría que denunciar el hecho de que no se informe públicamente qué se hace con ese dinero, porque es una obligación del sindicato”.
Por su parte, un examen realizado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), reprobó al gremio petrolero con cero puntos de 100 posibles en materia de transparencia en agosto de 2017, resultado obtenido por la total ausencia de información disponible con relación a los ingresos y egresos del sindicato. El instituto, declaró el entonces comisionado presidente Francisco Acuña, buscó en su momento proceder legalmente contra la agrupación dada el incumplimiento de los resolutivos; sin embargo, el intento resultó infructuoso.
En 2017, Pémex sumó 37 solicitudes de información relativas a los acuerdos, convenios, bonos y préstamos con el STPRM, pero ninguna fue respondida a cabalidad. De acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) al cual está sujeto el sindicato, éste está obligado desde 2016 a informar acerca del destino de los recursos públicos que recibe, pero 120 solicitudes habían sido ignoradas para la primera mitad de 2017.
Una de las exigencias que demanda la nueva Ley de Transparencia, aprobada en 2017, refiere a la obligación que tienen todos los sindicatos que sean acreedores de recursos públicos de crear un sitio web donde le sea posible a la población conocer los datos acerca de CCT y padrón de afiliados, responsabilidad que también ha sido minimizada por el STPRM. Por otro lado, el gremio petrolero no es el único que ha ignorado estas solicitudes y obligaciones, pues para abril de 2017 todas las dependencias y los organismos que pertenecen a la administración pública federal obviaron 611 solicitudes de información, 60 por ciento de ellas de sindicatos.
La interposición de amparos es un recurso legal común que utilizan estas agrupaciones gremiales para eximirse de la responsabilidad que les obliga a rendir cuentas a la ciudadanía, faltando por completo a las leyes de transparencia y manteniendo sus operaciones tras puertas cerradas. En entrevista con El Financiero, Patricia Kurczyn, comisionada del INAI en 2017, declaró que “se amparan y la corte les ha dado resoluciones y les ha dicho que tienen que dar la información… espera a que tengamos una orden incumplida y vendrán los apercibimientos y, si no se resuelven, las multas”, que pueden significar una cantidad que va desde los 11 mil 300 a los 113 mil pesos diarios.
En el Estado de México, uno de los sindicatos más opacos es el de Maestros al Servicio del Estado de México, que tampoco rinde cuentas acerca de sus recursos, fondos, nóminas y erogaciones generales, escudándose con el mismo procedimiento de interposición de amparos a la Ley de Transparencia. De este modo, se ha puesto bajo el escrutinio la calidad moral de sus dirigentes y en 2016 se descubrió que la administración de su dirigente, Abraham Saroné Campos, fue responsable de transferir casi 3 millones de pesos a bancos en el continente asiático, 105 mil 192 dólares, equivalente a un millon 890 mil pesos de ese año a Hong Kong y 56 mil 17 dólares, un millón de pesos, a Japón.
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