Doce años han pasado desde el juicio de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador, cuando el gobierno federal encabezado por Vicente Fox solicitó, por medio de la Procuraduría General de la República, un juicio de desafuero al Congreso de la Unión, para que López Obrador respondiera ante la justicia por presuntas responsabilidades. El resultado fue contundente, evidenció la mentira de los promotores y se hizo patente que en México no se juzga a los que violan la ley, sino a los que disienten en su forma de pensar y actuar.
El régimen sigue resistiéndose a visualizar un país democrático en manos del pueblo, ese pueblo que actualmente coloca a AMLO como el liderazgo social más fuerte para gobernar al país. El crecimiento de Morena a nivel nacional ha reactivado una preocupación enloquecida de sus adversarios, por eso desde distintos frentes, los políticos manchados por la corrupción orquestan nuevamente una ofensiva en contra del líder nacional de Morena, para tratar de restarle credibilidad social frente a la elección presidencial del próximo año y de paso la elección de gobernador en el Estado de México.
La estrategia es la misma de aquel entonces: se unen los iguales, ponen a su servicio las instituciones del Estado y luego comienzan una ofensiva mediatica. A las recientes calumnias del panista corrupto, mentiroso y pederasta Miguel Ángel Yunez, se unieron otros más como el priista Enrique Ochoa Reza, el panista Felipe Calderón y su esposa que sin razón alguna sueña con la presidencia de la republica. En este perverso plan, la FEPADE es el empleado en turno, la Procuraduria General de la República, tiene actualmente la encomienda de montarse a un show mediático en contra de Morena y Andrés Manuel López Obrador. Es tal su parcialidad, que con una irreconocible rapidez abrió una carpeta de investigación fundada en un arguende político.
La PGR no desiste en ser emisario político del PRI y PAN, de otra manera no se explica porqué la celeridad, la falta de prueba y la disposición absoluta en este caso. Sobre todo, conociendo que las averiguaciones por delitos electorales sin resover en dicho órgano, han aumentado en más de 1000 por ciento en menos de 10 años, de acuerdo con datos de la Auditoria Superior de la Federacion, pero ahí no hay interés en dar seguimiento.
Todo lo que tenga que ver con los políticos del PRI y PAN se deja pasar, como los delitos electorales en la elección de 2012, la compra del voto con las tarjetas Monex del PRI y la campaña de Peña Nieto, o qué decir de la investigación por el uso de programas sociales de la SEDESOL con fines electorales en el Estado de México desde el año pasado. Así como una lista infinita de delitos en materia electoral.
El aparato de procuración y administración de justicia es meramente político, se abren y cierran investigaciones al son de las elecciones, al pueblo de México le gustaría ver que se de con los corruptos que andan sueltos como Javier Duarte, con los gobernadores que desvían recursos a sus bolsillos, a los que empobrecen al pueblo como Eruviel Ávila, a los que compran el voto como el PRI y PAN, a los que reciben dinero de forma directa del presidente para sus “fundaciones” y todavía se atreven a candidatear para gobernadores, como Josefina Vázquez Mota.
Ya reinauguraron la jornada del complot para obstaculizar el camino de Morena y Andrés Manuel López Obrador, pese a todo intento de desprestigio, las condiciones actuales son otras. En el pasado se daban el lujo de calumniar porque el PRI estaba y el PAN subia, bien que mal podían tapar sus cochineros. Ahora el PAN está mal y el PRI baja en picada.
Me queda claro que el presente escenario más que ser un peligro para Andrés Manuel, es altamente peligroso para el PRIAN, su desesperación por quedar rezagados ante el inminente cambio de régimen los lleva a repetir errores, a cometer locuras, permite a los electores discenir claramente las opciones políticas. No es difícil vaticinar el resultado de este episodio contra Morena: la falta de pruebas los lleva a la calumnia, la calumnia a un mayor desprestigio, y el desprestigio a perder las elecciones de 2017 en el Estado de México y la presidencial en 2018.
PGR al servicio de la mafia
Doce años han pasado desde el juicio de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador, cuando el gobierno federal encabezado por Vicente Fox solicitó, por medio de la Procuraduría General de la República, un juicio de desafuero al Congreso de la Unión, para que López Obrador respondiera ante la justicia por presuntas responsabilidades. El resultado fue contundente, evidenció la mentira de los promotores y se hizo patente que en México no se juzga a los que violan la ley, sino a los que disienten en su forma de pensar y actuar. El régimen sigue resistiéndose a visualizar un país


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