La investigación sobre la alteración del lugar de los hechos y la ejecución de dos jóvenes presuntamente secuestrados, en la bodega de Tlatlaya donde murieron en total 22 personas, debe extenderse a todos los militares que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, plantea la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la práctica esto se traduciría en investigar a la fuerza de reacción del 41 Batallón de Infantería, que se encontraba en Arcelia, Guerrero, y a la Base de Operaciones de la Armada de México que se ubicaba en Luvianos, Estado de México.
Y es que según la cronología de la CNDH, poco después del enfrentamiento con los presuntos delincuentes, los elementos del 102 Batallón de Infantería pidieron refuerzos. Aunque la cronología es confusa, plantea que entre 6: 30 y las 7:30 llegaron al lugar las fuerzas de reacción del 41 Batallón de Infantería, el comandante del 102 Batallón de Infantería y por último los elementos de la Base de Operaciones de la Armada de México.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) se hizo presente hasta las 9 horas.
La CNDH estableció que hubo ejecución sumaria de 15 personas posterior al enfrentamiento entre militares y civiles, y manipulación de la escena del crimen. De ahí que determinar cuáles servidores públicos estuvieron en el lugar ayuda a identificar a los responsables.
Hasta el momento, solo 13 militares del batallón 102 de infantería de la 22 Zona Militar que participó en el enfrentamiento experimentan medidas disciplinarias.
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