El diputado Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la LVIII Legislatura del Estado de México, demandó la salida del Ejército de las calles de la entidad.
De acuerdo con el funcionario, esto en virtud de que no han detenido a ningún narcotraficante ni han desmantelado ninguna banda criminal desde su incursión en el Estado de México sino, por el contrario, participado en hechos reprobables como el fusilamiento en Tlatlaya.
El legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtió que ya es insostenible la versión oficial sobre los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, cuando se aseguró que la muerte de 22 presuntos delincuentes se desprendió de un enfrentamiento entre la Milicia y los criminales.
La aparición de una sobreviviente, su denuncia pública, el calificativo de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) de este hecho como “la peor masacre de civiles del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto”, la falta de detalles sobre balística y tipo de arma en los certificados de defunción, e incluso la recomendación de Estados Unidos, expuso, exigen una investigación inmediata, sanciones y resultados.
“Si se desea recuperar la credibilidad y legitimidad del Ejército en los operativos contra el crimen organizado y en defensa de la seguridad pública, los participantes en el fusilamiento en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, deben ser juzgados, de entrada, por el delito de homicidio”, manifestó.
El juicio, expuso, debe ser encabezado por autoridades civiles, en virtud de la que Corte Militar suele ser condescendiente; y alcanzar a los mandos medios y superiores que operan la región, que si no estaban enterados del operativo al menos son responsables de la actuación de sus subordinados mientras se encuentran en activo.
Martínez Vargas demandó investigar y sancionar los intereses ocultos que motivaron el fusilamiento, pues no se puede descartar la pretensión de beneficiar a un bando contrario del crimen organizado, porque los testimonios respaldan que los militares llevaban la consigna de abatir a los jóvenes y hasta se dieron el lujo de usar guantes para evitar evidencias.
Finalmente, advirtió que las autoridades están obligadas a garantizar la seguridad de “Julia”, la superviviente.
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