Piden derogar criminalización de automovilistas

Alfonso Bravo Álvarez Malo, diputado de Acción Nacional presentó una iniciativa para derogar el párrafo tercero del artículo 193 del Código Penal del Estado de México, que señala como delito grave no portar placas o tarjeta de circulación, el cual se puede sancionar con cárcel. Consideró, que el criminalizar a un ciudadano mexiquense por no portar placas o tarjeta de circulación, es una cuestión grave y hasta cierto punto una medida arbitraria utilizada para hacer que se cumpla un Reglamento de Tránsito que ya contempla dicha infracción. El legislador recordó que en días pasados se aprobaron diversas modificaciones en esta
febrero 5, 2015

Alfonso Bravo Álvarez Malo, diputado de Acción Nacional presentó una iniciativa para derogar el párrafo tercero del artículo 193 del Código Penal del Estado de México, que señala como delito grave no portar placas o tarjeta de circulación, el cual se puede sancionar con cárcel.

Consideró, que el criminalizar a un ciudadano mexiquense por no portar placas o tarjeta de circulación, es una cuestión grave y hasta cierto punto una medida arbitraria utilizada para hacer que se cumpla un Reglamento de Tránsito que ya contempla dicha infracción.

El legislador recordó que en días pasados se aprobaron diversas modificaciones en esta materia, en el que se aumentan penas a diversos ilícitos, presentadas por el Ejecutivo Estatal.

“La finalidad de la Ley Penal es el inhibir y sancionar el grave daño ocasionado a la sociedad, considerando que esta reforma no hace referencia a un daño grave, simplemente es un falta administrativa que se pretende penalizar”, explicó.

El legislador afirmó que al crear leyes de este tipo, se perjudica a la ciudadanía; son acciones  retrógradas que sólo podrán llevar a la cárcel, en su mayoría a ciudadanos inocentes, así como fomentar la sobrepoblación penitenciaria existente.

Finalmente, dijo que aún es tiempo de derogar las reformas del Código Penal, evitando que impere el autoritarismo y prevalezca el bienestar social, pues no es la mejor solución para alcanzar  un equilibrio entre lo justo y lo apegado a la ley, razón por la que en el sistema jurídico estatal se debe evitar adoptar  modelos opresivos y sí encaminarlo a modelos de solución de conflictos.

 

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